La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el senador Óscar Ramírez Aguilar, acordó llevar a Parlamento Abierto el análisis de la iniciativa que reforma el Poder Judicial de la Federación, enviada por el titular del Ejecutivo Federal, el pasado 20 de febrero.
La iniciativa modifica siete artículos y busca consolidar un proceso de cambio a través de una reforma amplia que dé consistencia y continuidad a las políticas adoptadas y que proporcione el andamiaje normativo necesario para que éstas prosperen.
El senador propuso nombrar a un representante de cada Grupo Parlamentario y presentar las propuestas para la realización del Parlamento Abierto. Cada fracción tendrá derecho a invitar a sus expositores: magistrados, especialistas, académicos, entre otros.
El senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, reconoció que la propuesta tiene grandes avances y un novedoso programa de precedentes para la uniformidad de criterios que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en todos los tribunales, incluidos los administrativos y laborales.
Tenemos, dijo, la oportunidad de ver todo en su conjunto, de aprobar una reforma integral que modifique carrera judicial, los precedentes, el nepotismo, la impunidad, el por qué la gente no denuncia, la justicia cívica donde se resuelvan los asuntos administrativos, el tema penitenciario, entre otros.
El senador del PAN, Damián Zepeda, afirmó que la reforma enviada por el Presidente “queda corta” porque no resuelve el problema de fondo de impartición de justicia en el país. No modifica el proceso de designación de ministros de la Corte. “Hay que cortar el cordón umbilical político de los nombramientos de la Corte, no tiene por qué involucrarse el Presidente en la propuesta de terna”.
Detalló que son cuatro puntos, al menos, los que se debaten al interior de su fracción parlamentaria: autonomía e independencia; fortalecimiento de competencias en la carrera judicial; combate a la corrupción y nepotismo, que no solo se solucionará mediante rotación de personal; y facilitar los procedimientos de acceso a la justicia. “Hagamos una reforma de gran calado que represente un verdadero cambio en la justicia en México”, agregó.
Por el PRI, Claudia Ruiz Massieu, consideró que hay un pendiente sistémico. Se requiere revisar todo el sistema de postulación para ministros. Hay áreas de oportunidad para modernizar la designación, el presupuesto, revisar las mayorías necesarias para las determinaciones de control constitucional.
“Si vamos a entrarle a una reforma al Poder Judicial, podemos revisar la dimensión de la justicia constitucional, a los requisitos de los aspirantes, facultades e integración del Consejo de la Judicatura y la relación con los otros órganos del Estado”, señaló.
De Morena, Alejandro Peña Villa, de Morena, comentó que la reforma busca brindar mayor acceso a la justicia y que los beneficios lleguen a la sociedad. Se plantea subsanar fallas constitucionales en diversas materias al interior del Poder Judicial de la Federación.
La senadora del PT, Nancy de la Sierra Arámburo, dijo que se requiere hacer énfasis en la equidad para acceder a las funciones dentro del Poder Judicial y evitar el nepotismo. Consideró que se requiere de foros, análisis y parlamentos, sin prisa y para entregar a la sociedad una reforma que le beneficie.
El senador del PVEM, Raúl Bolaños Cacho-Cué consideró incompleta la reforma, ya que no se abordan el grave problema con tribunales del fuero común y la paridad de género, es necesario, dijo, que se tengan perfiles idóneos y no solo la cuota de género, para ello es necesario el proceso de capacitación para las mujeres.
Los ejes principales de la reforma al Poder Judicial son:
- Consolidación de una carrera judicial para todas las categorías a las que accederán mediante concurso de oposición.
- La limitación a la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados.
- Establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal, en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores.
- Reforzamiento de las facultades institucionales del combate a la corrupción y al nepotismo.
- Impulso a la capacitación y profesionalización del personal, a través de la creación de una escuela judicial, cuya responsabilidad resultaría velar por la capacitación y la carrera judicial de los integrantes de este Poder.
- Fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres.
- Establecimiento de plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos jurisdiccionales.
- Transformación de los tribunales unitarios de circuito en tribuales colegiados de apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones.
- Modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país.
Reforma al artículo 30 de la Constitución
La Comisión aprobó el dictamen que modifica el artículo 30 de la Constitución para que los hijos de padres con nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o naturalizados, puedan obtener la nacionalidad, aunque no hayan nacido en territorio mexicano.
De acuerdo con datos del Anuario de Migración y Remesas México para el año 2017, aproximadamente 12 millones de mexicanos residían en el extranjero, de ellos, 97 por ciento se encuentra en Estados Unidos, de los cuales aproximadamente la mitad se encuentran en condición migratoria irregular.