Ante el incremento del uso de redes sociales entre menores de edad y sus efectos en la salud mental, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para reformar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de establecer controles parentales obligatorios en aplicaciones digitales no educativas; y restringir el acceso de niñas, niños y adolescentes a redes sociales sin supervisión de madres, padres o tutores.
Corona Nakamura destacó que su iniciativa busca que las plataformas digitales no educativas disponibles en México deberán impedir la apertura de cuentas a menores de 14 años y exigir autorización expresa de las personas responsables de su cuidado para usuarios de entre 15 y 18 años.
También plantea prohibir el uso de datos personales de menores para generar algoritmos o mecanismos de diseño que incentiven un mayor tiempo de permanencia en las plataformas. Además, se propone que la Secretaría de Gobernación pueda ordenar la suspensión precautoria de operaciones de aquellas aplicaciones que incumplan estas disposiciones.
Corona Nakamura argumentó que el crecimiento acelerado del acceso a internet y dispositivos móviles ha incrementado la exposición de menores a riesgos asociados con redes sociales, entre ellos ansiedad, depresión, trastornos del sueño, ciberacoso, aislamiento social y afectaciones en el desarrollo emocional.
Citó datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023, que reportan que el 81.4% de la población de seis años o más usa teléfono celular y que 92.4% de adolescentes de entre 12 y 17 años son usuarios de internet.
Asimismo, indicó que México registra altos niveles de uso de redes sociales, debido a que el 93.3% de la población utiliza internet para comunicarse y 91.5% para acceder a redes sociales
Corona Nakamura señaló que la Organización Mundial de la Salud reconoció desde 2018 la adicción a videojuegos como enfermedad mental.
En ese sentido, la senadora ecologista sostuvo que el Estado debe actuar bajo el principio del interés superior de la niñez y garantizar entornos digitales más seguros, ante un problema que, advirtió, ya impacta la salud pública y el bienestar emocional de menores de edad.