A 12 años de la trágica noche de Iguala, en la cual fueron desaparecidos, y presuntamente, asesinados 43 normalistas de Ayotzinapa, la exigencia por la justicia y la disputa por la verdad desafían a la lógica, cada quien la acomoda a sus intereses o realidad. Hemos transitado de la “verdad histórica” a un “crimen de Estado” y aun no hay responsables.
En lo que concierne a los trágicos sucesos registrados la madrugada del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, tenemos, para empezar, 43 verdades diferentes, contadas por los familiares de los alumnos desaparecidos; historias convergentes por su origen y fatal destino que los tiene en pie de lucha exigiendo la presentación con vida de los jóvenes.
Sin embargo, todo parece indicar que, lamentablemente, vivos no regresarán, pues como lo hemos documentado en este espacio desde el 30 de septiembre de 2014, bajo el título “Guerrero arde”, el crimen organizado subordinado al narcotráfico se encargó de “levantarlos” y desaparecerlos.
Así lo publicamos: “durante la refriega aparecieron personas vestidas de negro encapuchadas que comenzaron a disparar a todo lo que se movía y a subir a los rijosos a camionetas que nadie logró identificar… Versiones extraoficiales señalan que en el lugar se encontraron cartuchos percutidos de AK-47, que sólo utiliza la gente al servicio del crimen organizado… Lo sucedido en Iguala, Guerrero, ha despertado el interés de quienes investigan los hechos por la forma en que se registraron y cómo han ido evolucionando, ya que uno de los muertos era líder del grupo de los normalistas y apareció desollado de una forma por demás inhumana, práctica común entre la delincuencia organizada cuando desea enviar algún mensaje”.
De entonces a la fecha, la cloaca se destapó y los pactos de corrupción e impunidad entre autoridades de los tres niveles de gobierno, el Ejército y los narcotraficantes que controlan la región de Guerrero, quedaron al descubierto.
Si algo distinguió al caso Ayotzinapa fue que logró romper una de las tradiciones más arraigadas del poder mexicano: la capacidad del Estado para imponer una verdad oficial. La llamada «verdad histórica» del sexenio de Enrique Peña Nieto y “Crimen de Estado” de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presenta otra verdad que pretende reescribir nuevamente la historia.
La recomendación 208VG/2026 representa mucho más que un documento técnico. Constituye un intento político de desacreditar investigaciones que durante años fueron consideradas referentes de independencia y rigor, entre ellas las realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) que encabezó Alejandro Encinas.
La CNDH intenta limpiar de toda sospecha al Ejército mexicano, justo cuando múltiples investigaciones documentaron la existencia de información militar, seguimientos en tiempo real y omisiones que nunca fueron plenamente esclarecidas. La institución encargada de defender los derechos humanos termina justificando la narrativa de una de las instituciones más poderosas del Estado.
El problema no consiste en que exima de responsabilidad a los militares. El verdadero conflicto es que lo hace cuestionando investigaciones que durante años fueron respaldadas por evidencia pericial, análisis de inteligencia, testimonios, documentos oficiales y mecanismos internacionales especializados.
No sólo cuestiona investigaciones ampliamente documentadas; también desacredita a las familias de los desaparecidos, a sus representantes legales y a organizaciones de derechos humanos que durante más de una década han exigido verdad y justicia.
Más grave aún, valida prácticamente en su totalidad la posición de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a los más de 800 folios cuya entrega ha sido reclamada insistentemente por los padres de los normalistas y por organismos internacionales.
Durante años, la principal exigencia de las familias fue que ninguna institución quedara excluida de la investigación. Ni policías municipales, ni autoridades estatales, ni funcionarios federales, ni integrantes del Ejército. La búsqueda de la verdad siempre implicó seguir todas las líneas de investigación, incluso aquellas que involucraban a las Fuerzas Armadas. Hoy, la CNDH parece enterrar la justicia y secuestrar la verdad.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no participó en la elaboración del informe y que la CNDH actuó con autonomía. Sin embargo, la autonomía jurídica no basta cuando la percepción pública apunta en sentido contrario.
Así las cosas, en el caso Ayotzinapa, cada quien se queda con su certeza: La verdad histórica, la verdad impuesta, la verdad que cada uno conoce y ahora la verdad donde reina la impunidad, la política y donde el Estado decide absolverse.
Vericuentos
Costos de la corrupción
Como la humedad, la corrupción se ha colocado a todo el sistema mexicano y genera un costo económico y social para todos de 3 mil 865 pesos, en promedio por ciudadano, reveló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En la encuesta #DataCoparmex 2025, el indicador #MxSinCorrupción mostró que 40.2% de las empresas socias de la Confederación fue víctima de un acto de corrupción durante el último año, lo que significó 6.6 puntos menos que la anterior medición. El organismo advierte: “La corrupción incrementa los costos de hacer negocios, desalienta la inversión, genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales” Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI, en 2025 la corrupción representó pérdidas cercanas a 17 mil millones de pesos, al afectar a 9 millones 420 mil personas el año pasado. ¡Tómala!
@guillegomora