Hay asesinatos que sacuden a la sociedad y hay otros que debieran sacudir la conciencia de un país entero. El homicidio de Martha Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo “Una Promesa por Cumplir”, pertenece a la segunda categoría. Una mujer que, ante la ausencia del Estado, dedicó su vida a encontrar a quienes desaparecieron y que las autoridades no fueron capaces de regresar a casa.
Patricia buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida el 5 de enero de 2021 y se integra a los 23 homicidios en contra de buscadores en México. Su asesinato, ocurrido en Pénjamo, Guanajuato, coloca en el centro una realidad que ya no admite eufemismos: en México buscar desaparecidos es una actividad de alto riesgo. No porque así deba ser, sino porque el Estado ha permitido que así ocurra.
Las cifras son tan contundentes como indignantes. Desde 2019, al menos 13 personas dedicadas a la búsqueda de familiares desaparecidos han sido asesinadas en Guanajuato. Trece vidas arrebatadas a quienes realizaban una labor que, en un Estado de derecho funcional, correspondería esencialmente a las instituciones
Sin embargo, la Fiscalía General de Guanajuato ni siquiera ha transparentado cuántos de esos homicidios están vinculados con la actividad de defensa de derechos humanos que desempeñaban las víctimas. Esa omisión no es un detalle administrativo. Es una forma de invisibilizar el problema. Negar el contexto es una manera de negar la responsabilidad.
Las madres buscadoras, los padres, hermanos e hijos que integran los colectivos no son activistas por elección. Son ciudadanos obligados por la tragedia. La desaparición de un ser querido los empuja a convertirse en investigadores, peritos improvisados, abogados, gestores y excavadores. Aprenden a interpretar mapas, denuncias, testimonios y terrenos porque las instituciones no llegan, llegan tarde o simplemente nunca aparecen.
Y cuando quienes buscan comienzan a ser asesinados, el mensaje es devastador: en México no sólo desaparecen personas; también pueden morir quienes intentan encontrarlas. La impunidad alcanza a las familias de las víctimas. El Estado normaliza su muerte y deja sin justicia a los más de 130 mil desaparecidos en el país, una estela de homicidios, fosas clandestinas y familias rotas.
Cada buscadora asesinada constituye una doble derrota del Estado. Primero, porque no pudo proteger a la persona desaparecida cuya búsqueda originó el activismo. Después, porque tampoco fue capaz de proteger a quien asumió esa tarea en nombre de la justicia.
Lo más preocupante es que estos crímenes parecen perder fuerza conforme avanzan los días. Se anuncian investigaciones, se emiten comunicados, se promete que no habrá impunidad. Después sobreviene el silencio. Un silencio que también mata, porque transmite la idea de que asesinar a una persona buscadora no tiene mayores consecuencias.
La protección de quienes buscan desaparecidos no puede depender de medidas reactivas ni de escoltas asignados únicamente después de recibir amenazas. La prevención exige inteligencia, investigación y reconocimiento oficial del riesgo específico que enfrentan estos colectivos. Mientras las autoridades se resistan a aceptar esa realidad, cualquier estrategia de protección será insuficiente.
Así las cosas, la muerte de Martha Patricia Negrete Tafoya no puede convertirse en una estadística más. Detrás de su nombre hay una familia, un colectivo y una causa que sigue viva: la búsqueda de quienes aún no regresan. ¿Cuántas personas más tendrán que morir por hacer el trabajo que corresponde al Estado?
Mientras esa respuesta permanezca sin atenderse, México seguirá enfrentando una de las expresiones más dolorosas de la impunidad: aquella en la que quienes buscan justicia terminan convirtiéndose también en víctimas. Y cuando eso ocurre, no sólo fracasa una investigación. Fracasa el pacto más elemental entre el Estado y la ciudadanía: el de garantizar la vida, la seguridad y la dignidad de quienes nunca debieron verse obligados a buscar solos.
Vericuentos
México estrena dos partidos
Se acabó el misterio, “Somos México” y “Partido Paz” fueron registrados como nuevos partidos políticos nacionales, por el Instituto Nacional Electoral (INE) Nada nuevo en el sistema. Lo notable sería que estas nuevas organizaciones fragmentarán la actual partidocracia compuesta por seis institutos, dos de ellas agrupadas en la coalición “Juntos Haremos Historia” al servicio de Morena. Ahora y rumbo a la elección federal de 2027 habrá ocho partidos. Un análisis de Integralia Consultores, advierte que el principal desafío para “Somos México” y “Partido Paz” será conservar su registro después de su primera participación en una elección federal ¡Tómala!
Mexicanos desconfiados
La Encuesta sobre Confianza en Instituciones Públicas 2025 de la OCDE revela que los mexicanos confían más en las fuerzas armadas que en el gobierno. Del total de la población adulta registrada al cierre de 2025 en México, la mitad expresó que aún no percibe un sentimiento de alta confianza respecto a las decisiones del Gobierno federal. El ejercicio exhibe que el 18% de la población mexicana muestra una opinión neutral sobre la seguridad al Gobierno, mientras que un 29% percibe una baja o nula certeza. “Cuando la ciudadanía cree que las instituciones públicas son fiables, eficaces y se rigen por valores como la transparencia y la equidad, los gobiernos pueden contar con un nivel de confianza que respalda las reformas y reduce la incertidumbre”, puntualizó la OCDE. En promedio, los ciudadanos de los 36 países encuestados por la OCDE dijeron que la principal preocupación es la inflación, crimen, violencia, desigualdad y migración ¡Sopas!
@guillegomora