La relación entre Terry Cole (actual director de la DEA) y el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue de profundo conflicto, desconfianza mutua y una ruptura total en la cooperación de seguridad.
Cole fue director regional de la DEA para México, Canadá y Centroamérica con base en la embajada de EU durante los primeros dos años del primer sexenio de AMLO. Formó parte de la vertiente de inteligencia estadounidense que participó en el fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán en el famoso «Culiacanazo» de octubre de 2019.
El funcionario de la DEA sostuvo firmemente que el fentanilo se producía en laboratorios dentro de México. AMLO negaba rotundamente esta versión de forma sistemática durante sus matinés, lo que generó descalificaciones directas hacia la labor de Cole
La fricción escaló al punto en que el gobierno de AMLO clausuró y retiró el acceso al hangar privado que la DEA utilizaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Tras la detención en Los Ángeles del general Salvador Cienfuegos, la administración de AMLO impulsó reformas para limitar drásticamente la inmunidad y operación de los agentes extranjeros en suelo mexicano, frenando el esquema de trabajo previo de la DEA.
Cole, por su parte, afirmó que el gobierno de AMLO prohibió explícitamente al Ejército combatir frontalmente a las organizaciones delictivas (bajo la política de «abrazos, no balazos»). Y sostuvo públicamente que existían redes de complicidad desde el más alto nivel del gobierno federal con el Cártel de Sinaloa y que en las corporaciones de seguridad mexicanas no se sabía «quién era quién» debido a la infiltración del narcotráfico.
Tras su regreso a la jefatura global de la agencia, Cole mantiene una línea dura. Ha continuado testificando ante legisladores estadounidenses sobre lo que califica como una «conexión mortal» entre servidores públicos de la política mexicana y el crimen organizado.
Este martes, en Orlando, Cole volvió a la carga: sostuvo que la estrategia de la DEA incluye atacar no solo a los grupos criminales, sino también sus presuntos vínculos con autoridades mexicanas.
AMLO no supo la clase de enemigo que se echó encima.
¡Va por él!
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Hace nueve años, López Obrador divulgó un spot durante su tercera campaña presidencial, al que tituló nada originalmente “Rebelión en la granja”.
Decía que si se postulaba a un burro o a una vaca, cualquiera de los dos ganaba en las urnas… por el dinero que los partidos pagaban por su voto a la ciudadanía.
Él, por supuesto, ha venido repitiendo esta marrullada en cada uno de los comicios en los que participa Morena.
Y en ese mismo spot mencionaba a “puercos y marranos” que hoy les calzan perfectamente a los cuatroteros.
Pero, como decía el conductor dominical, aún hay más:
Morena está llena de ratas, víboras prietas y ahora también de sapos.
Si la señora Ariadna Montiel, a quien AMLO colocó al frente de lo que ya queda del Movimiento de Resentidos y Narcos (Morena), de verdad fuera exigente con los precandidatos a cargos electorales que ya hacen campaña anticipadísima, debería ordenar que a todos se les practique un examen de control de confianza.
Esto, por si llegaran a ganar la justa electoral del próximo año, y se eviten la aparición de más Marinas del Pilar, Durazos, Américos, Adanes, etc.
Por cierto, ¿pasaría Andy López uno de esos exámenes?
¿Usted qué cree?
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¡Todo sea por la chuleta! Por no estar en el error al estar fuera del presupuesto, como dicen que decía “El Tlacuache” Garizurieta.
Una vez más, “El Batman” Región IV, Omar García, interpretó el papelazo de exculpar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, quien fue grabada ofreciendo sus oficios de Mata Hari a los estadounidenses, de cualquier delito de lesa Patria.
Que dizque no se configura ningún delito, dijo el titular de (in)Seguridad Ciudadana, por lo que la todavía mandataria estatal dijo a personajes de los que ni ella conocía la identidad, pero que sostenían ser “intermediarios” del FBI.
¿Y qué dijo?
Pues que a cambio de salvar su cuello estaba dispuesta a compartir información de lo que se tratara en las llamadas mesas de seguridad.
Pero dice el funcionario cuatrotero que en dichas reuniones que se llevan a cabo en Palacio Nacional y en casi todas las sedes de los ejecutivos estatales sólo se revisa la incidencia delictiva, objetivos prioritarios y casos en curso, información que, dijo, no tiene un nivel de reserva que represente un riesgo.
Entonces, ¿por qué no invitan a la prensa a esas juntas?
Lo mismo a periodistas nacionales que a corresponsales extranjeros.
¿Por qué la secrecía?
Se contradicen… y el del papelazo siempre es “El Batman”…
@AndySKBrown1
*Pseudónimo bajo el que se redactan informaciones comprobadas que son enviadas por lectores y colaboradores del portal Índice Político.