La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) condena toda utilización de las instituciones de justicia con fines políticos y lamenta profundamente los hechos que rodean el proceso seguido contra el exgobernador de Baja California, México, Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador del PAN.
Para la COPPPAL, los acontecimientos que rodean este caso apuntan a una preocupante instrumentalización política de la justicia, en un contexto de creciente polarización nacional, lo que debilita el Estado de Derecho, vulnera la presunción de inocencia y envía un mensaje de intimidación a quienes ejercen la oposición democrática, hechos que son altamente condenables, sin omitir que está siendo utilizado como un distractor de los problemas fundamentales del país.
Resulta particularmente grave que un personaje emblemático de la transición democrática mexicana sea sometido a un proceso que, por sus características y por el contexto en que se desarrolla, es percibido por amplios sectores políticos y sociales como una acción de naturaleza política. La justicia nunca debe convertirse en un mecanismo para desacreditar adversarios ni para distraer la atención de los problemas que enfrenta México.
La COPPPAL reitera que el respeto al debido proceso, la independencia judicial y la presunción de inocencia constituyen principios irrenunciables de toda democracia. Cuando estos principios se ven comprometidos o existen motivos razonables para cuestionar su observancia, corresponde a la comunidad democrática levantar la voz.
Por ello, la COPPPAL expresa su solidaridad con Ernesto Ruffo Appel, exige el pleno respeto a sus derechos fundamentales y anuncia que dará seguimiento permanente a este caso, y hará denuncias en foros internacionales, promoviendo su análisis y discusión en los principales escenarios políticos y democráticos regionales, con el propósito de advertir sobre cualquier retroceso en materia de Estado de Derecho, independencia judicial y libertades políticas en México.
La COPPPAL seguirá pronunciándose por fortalecer el Estado de derecho e impedir la judicialización de la política o la politización de la justicia en todas sus formas y desterrar la práctica del Lawfare. Es tiempo, que los aparatos judiciales de nuestras naciones dejen de ser usados como un arma para destruir a la política y a los líderes opositores.
La democracia no puede sobrevivir cuando la justicia deja de ser imparcial y se convierte en un instrumento de confrontación política. La defensa de las libertades comienza por defender el derecho de toda persona a un juicio justo, imparcial y libre de cualquier motivación distinta al estricto cumplimiento de la ley.