Se adelantó ayer la sesión de la Comisión Permanente el Congreso para los legisladores pudieran ver cómodamente el juego de hoy de la selección mexicana y ser testigos de la “histórica” participación de los futbolistas mexicanos… y en medio de la austeridad republicana algunos quizá asistan al estadio.
Incluso Mario Miguel Carrillo Cubillas, diputado de Morena, en plena sesión, aplaudió el desempeño de la Selección Mexicana de Fútbol en el mundial que organiza la FIFA en 2026.
Y se volvió a la discusión de costumbre, los de Morena por la exaltación de los logros del actual gobierno y la defensa de la soberanía ante los embates de Estados Unidos por el crimen organizado en México, los de oposición por la entrega de políticos reclamados por la justicia estadounidense.
Lo más destacado fue que diputadas y diputados, así como senadoras y senadores, participaron ayer en la instalación de la nueva Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, que será presidida por el senador Eugenio Segura Vázquez (Morena).
Los legisladores ponderaron como tareas de la Comisión analizar y actualizar la Ley de Seguridad Nacional, establecer una agenda de trabajo con el Centro Nacional de Inteligencia para desahogar las obligaciones de la Ley de Seguridad Nacional y conocer sus informes y auditorías; empoderar a los cuerpos de seguridad como la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, y actualizar y armonizar la Ley de Seguridad Nacional y demás reglamentos que ayuden a que prevalezca la soberanía nacional.
Y mientras el Congreso se discuten esa profunda temática, hay regiones enteras del país donde la pregunta fundamental no es dónde van a ver el partido de fútbol, es quién gobierna México, y más específicamente quien gobierna grandes extensiones del territorio nacional.
La interrogante que parece exagerada desde la comodidad de la capital del país, no lo es para los habitantes de cientos de comunidades indígenas de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Sonora o Durango, donde la presencia del crimen organizado ha dejado de expresarse únicamente mediante la violencia para convertirse en algo más profundo y preocupante: una forma de gobierno.
El debate público de la oposición y gobernantes redujo la discusión sobre seguridad al conteo de homicidios, decomisos y detenciones; si se da más poder o independencia a las fuerzas armadas, si funciona o no la inteligencia de seguridad, o la intención de injerencia en la soberanía de México. Sin embargo, la experiencia de los pueblos originarios demuestra que el problema es mucho más complejo.
El verdadero desafío aparece cuando los grupos criminales comienzan a sustituir funciones del Estado, regulan actividades económicas, controlan caminos, determinan quién entra y quién sale de una comunidad, cobran impuestos ilegales y establecen reglas de convivencia.
En esos casos, la violencia deja de ser un instrumento para convertirse en un sistema de control territorial.
No se trata únicamente del narcotráfico. Las economías criminales que operan en territorios indígenas incluyen tala ilegal, minería clandestina, tráfico de personas, extorsión y explotación de recursos naturales. Todas tienen un elemento común: requieren control físico del territorio y subordinación de las comunidades.
Por eso resulta tan reveladora una de las conclusiones planteadas recientemente en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Ahí se advirtió que el crimen organizado en territorios indígenas funciona frecuentemente como una estructura de gobernanza.
Es decir, no sólo obtiene ganancias ilícitas; también administra espacios donde el Estado es débil, está ausente o ha perdido legitimidad.
Tal observación debería encender alarmas en todas las instituciones mexicanas, en todos los mexicanos, porque cuando una organización criminal logra imponer normas sociales, restringir el acceso a tierras o ríos, controlar actividades productivas y condicionar la vida cotidiana, el problema ya no es exclusivamente de seguridad pública. Esa si es una crisis de soberanía.
Los pueblos originarios son particularmente vulnerables frente a este fenómeno. Aunque representan alrededor del 10 por ciento de la población nacional, concentran una proporción mucho mayor de los desplazamientos forzados documentados por organismos civiles y de derechos humanos. Miles de familias han abandonado sus comunidades debido a amenazas, reclutamiento forzado, enfrentamientos armados y extorsiones.
La consecuencia no es solamente humanitaria.
Cuando una comunidad indígena es desplazada, se interrumpe la transmisión de su lengua, se fracturan sus formas tradicionales de organización, se pierden vínculos con territorios considerados sagrados y se debilitan mecanismos colectivos construidos durante generaciones. Lo que desaparece no es únicamente una población; también se erosiona una parte del patrimonio cultural del país.
El caso de Chiapas ilustra con claridad la dimensión del problema. Las disputas entre grupos criminales por corredores estratégicos cercanos a la frontera con Guatemala han provocado desplazamientos, cierre de escuelas, suspensión de actividades económicas y denuncias reiteradas de control territorial por parte de organizaciones armadas.
Frente a esta realidad, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la existencia de violencia, extorsiones y desplazamientos en regiones indígenas. Su planteamiento combina presencia institucional, inteligencia, coordinación gubernamental y programas sociales orientados a reducir las condiciones que favorecen el reclutamiento criminal.
La premisa presidencial es correcta en un aspecto fundamental: sin justicia no habrá seguridad duradera.
Pero también conviene reconocer que las comunidades indígenas han demostrado una capacidad de respuesta que muchas veces supera la de las propias instituciones. Sistemas de vigilancia comunitaria, monitoreo territorial, mecanismos de alerta temprana y formas colectivas de protección han surgido precisamente donde el Estado no ha logrado garantizar seguridad efectiva.
La experiencia internacional muestra que estos mecanismos pueden fortalecerse mediante tecnología, capacitación y reconocimiento institucional. Lo han hecho comunidades amazónicas que utilizan drones para detectar minería ilegal y pueblos costeros que participan en sistemas de vigilancia marítima contra actividades ilícitas.
México podría aprender de esas experiencias, porque uno de los errores más frecuentes consiste en imaginar que la solución vendrá exclusivamente desde arriba. Las comunidades indígenas no son víctimas pasivas, son actores con capacidad de organización, conocimiento territorial y experiencia en la defensa de sus recursos.
Lo que necesitan no es sustitución, sino respaldo.
La discusión de fondo, entonces, no es únicamente cuántos elementos de seguridad deben desplegarse o cuántos operativos realizarse. La verdadera pregunta es quién ejerce autoridad legítima sobre los territorios indígenas y en qué condiciones.
Cuando el Estado llega tarde, llega mal o simplemente no llega, otros ocupan el espacio.
Y ahí reside la advertencia más seria para el país.
Porque el crimen organizado no gana cuando trafica drogas o explota recursos naturales. Gana cuando logra convencer a una comunidad de que su autoridad es más efectiva que la del propio Estado mexicano.
Ese es el punto donde la violencia deja de ser un problema policial y se convierte en un desafío para la democracia, la soberanía y la supervivencia misma de los pueblos originarios.
Y ese desafío, más temprano que tarde, también terminará tocando muy fuerte las puertas del Palacio Nacional y del Congreso.