Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral aprobaron, con 60 votos a favor y 13 en contra, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, en temas de integración de ayuntamientos, presupuesto anual de las legislaturas locales, paridad de género y remuneraciones en el Instituto Nacional Electoral.
De la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada por el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), se emitieron 33 votos a favor y siete en contra, mientras que de la Comisión de Reforma Política-Electoral, presidida por el diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena), se dio cuenta de 27 votos en pro y seis en contra.
El dictamen, que reforma los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo, y que adiciona un párrafo cuarto al artículo 134, de la Carta Magna, deriva de una iniciativa de la titular del Poder Ejecutivo, y se turnó a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.
Con los cambios se establece que el ayuntamiento estará integrado, además de por un presidente o presidenta municipal, por “una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal”.
También precisa que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. Asimismo, deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales, así como prohibir la reelección de las personas diputadas a las legislaturas de los estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.
Indica que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución.
Además, no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
En los artículos transitorios se señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, armonizarán su marco jurídico para adecuarlo al contenido del presente decreto a más tardar el 30 de mayo de 2026.
Se estipula que, a partir del ejercicio fiscal inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes y la reducción no podrá afectar los derechos laborales de las personas trabajadoras.
Los recursos públicos que resulten como economías o ahorros en los presupuestos anuales de las entidades federativas derivados de las reducciones que, en su caso, se realicen a los presupuestos de las legislaturas locales y en la integración de los ayuntamientos, quedarán en el patrimonio de la hacienda pública de cada municipio. Los recursos excedentes se destinarán a obras de infraestructura pública.
Intervención de diputadas y diputados
En cuatro rondas de intervenciones, diputadas y diputados integrantes de ambas comisiones externaron comentarios respecto al dictamen.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) estimó que, sin la figura de revocación de mandato, lo que queda es una reforma acotada, mínima e innecesaria, “mal construida en su origen, con errores y que además vulnera el federalismo y el régimen municipal”; es decir, “es una propuesta más administrativa que electoral”.
En tanto, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) sostuvo que el dictamen no aclara dudas y no tiene un análisis serio. “México no necesita reformas impuestas desde la prisa y la soberbia”; necesita reformas construidas con responsabilidad, apertura, técnica y respeto al pluralismo.
En su turno, la diputada del PT, Lilia Aguilar Gil, afirmó que la reforma pone fin a privilegios y gasto excesivo, establece tope salarial a consejeros del INE, OPLES y tribunales electorales. Indicó que la austeridad debe aplicarse a todos en el servicio público, y esta norma permitirá ahorros a aplicar en los propios estados donde se generan.
Ana Erika Santana González, diputada del PVEM, expresó que la reforma es un paso importante en la construcción de instituciones austeras y equitativas, y responde a la exigencia ciudadana de un gobierno justo, austero y cercano al pueblo y de que el poder público se ejerza con responsabilidad, sin privilegios y rendición de cuentas.
La diputada del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala, consideró que con estas reformas se perdió la oportunidad histórica de corregir los problemas que tiene el sistema democrático y blindar a los partidos y los procesos electorales de la intromisión del crimen organizado, y “se terminará legislado lo que corresponde a los congresos locales”.
En representación de Morena, la diputada María del Carmen Bautista Peláez señaló que las adecuaciones permitirán generar ahorros por más de cuatro mil millones de pesos que serán destinados a infraestructura municipal y al bienestar de la población; es decir, se “pasa de un modelo de privilegios a uno de responsabilidad pública”.
Para el diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) el dictamen tiene tres elementos: reducir el costo de manera limitada en las democracias locales y del Senado de la República, y eliminar privilegios y derroche en algunas instancias. MC, “a pesar de las limitaciones en la reforma, no será un obstáculo para reducir privilegios”.
El diputado José Luis Fernández Martínez (PVEM) aseguró que la minuta tiene como objetivo la consolidación de una democracia auténtica, paritaria en todos los niveles de gobierno, así como la implementación de medidas de austeridad. Busca una democracia más igualitaria, justa y honesta.
Del PRI, la diputada Abigail Arredondo Ramos se manifestó en contra porque no se fortalece la democracia ni se observan cuestiones importantes para la ciudadanía, como la incursión del crimen organizado en elecciones, el financiamiento ilícito de campañas, el uso indebido de programa sociales, violencia política extrema y el “chapulineo” legislativo.
A su vez, la diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) dijo que votaría a favor para eliminar privilegios de consejeros electorales y mantener una integración en cabildos que responda a las necesidades del pueblo. Indicó que, al evitar el dispendio en los congresos locales, esos recursos podrían destinarse a infraestructura en estados y municipios
Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, diputado del PAN, apuntó que esta es una reforma descafeinada, no ataca el problema electoral del involucramiento del crimen organizado en las campañas. “Se comenzó discutiendo la sobrerrepresentación proporcional de las Cámaras, el fuero y la revocación de mandato y terminamos hablando de regidores, un tema que es de los congresos locales”.
El diputado Luis Humberto Aldana Navarro (Morena) expuso que esta reforma busca eficientar el gasto público y disminuirlo en los ayuntamientos y congresos para los recursos lleguen a la obra pública y a la ciudadanía. “Cada voto en contra es atentar en contra del pueblo”.
Por su parte, la diputada Laura Hernández García (MC) dijo estar de acuerdo en reforzar la igualdad sustantiva en la conformación de los ayuntamientos y congresos estatales, en el ahorro de los recursos destinados al bienestar común, pero también pidió que se refuerce la lucha contra corrupción y la transparencia de la ejecución de los recursos públicos.
Erubiel Lorenzo Alonso Que, diputado del PRI, aseveró que esta reforma “es centralista, es una verdadera simulación y es antidemocrática”. Estimó que “es una verdadera cortina de humos” de lo que está viviendo el país, ante los temas torales de crisis diplomática, inseguridad y economía.
La diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) señaló que las modificaciones permitirán a los ayuntamientos acceder a más recursos para atender las necesidades el pueblo; además, responden al compromiso de que el dinero público se destine al bienestar colectivo, a apoyar a infancias, adolescencias, mujeres y personas adultas mayores.
Del PVEM, Juan Luis Carrillo Soberanis apuntó que se avanza a una democracia paritaria y congruente, garantiza una integración de órganos de gobierno local, congresos estatales, sindicaturas y regidurías bajo ese principio, así como una vida pública equitativa, acorde con los valores que la sociedad demanda.
Del PAN, el diputado José Guillermo Anaya Llamas mencionó que con este Plan B no se toca lo más sensible: “el pacto con el crimen organizado”. Añadió que los ahorros que se plantean son mínimos; por ello, anunció que su voto sería en contra.
Oscar Iván Brito Zapata, diputado de Morena, sostuvo que estas adecuaciones contribuirán a poner en el centro a la austeridad republicana, al acabar con los excesos y privilegios para generar ahorros a los municipios y estados. “Esta reforma pone un tope a los congresos locales y ayuntamientos; además, señala que ningún servidor público puede ganar más que la presidenta de la República”.
El diputado Sergio Gil Rullán (MC) precisó que están de acuerdo en acabar con los privilegios, “pero en qué momento una reforma constitucional se basa en 33 personas”, porque son 11 consejeros, siete magistrados electorales y 15 magistrados regionales a los que va a tocar este cambio. Esta no es una reforma electoral, es administrativa.
Por el PRI, el diputado Emilio Suárez Licona enfatizó que “este llamado Plan B no corrige nada, pero agrava mucho”. Se está frente a “una reforma centralista que vulnera al federalismo al pretender definir desde el centro la integración de los ayuntamientos y limitar los gastos de los congresos locales, haciendo caso omiso de su autonomía”.
Pedro Vázquez González, diputado del PT, expresó que la propuesta reduce privilegios y racionaliza el ejercicio del gasto público, y es parte de un proceso histórico para hacer un Estado más austero, justo, democrático y cercano a la gente y consolida un modelo institucional con el poder público del lado de la gente
Del PVEM, el diputado Ricardo Astudillo Suárez dijo que la propuesta responde a exigencias de igualdad y da un paso firme a la paridad en todos los municipios, limita el gasto de Legislativos locales y establece que ningún servidor público podrá ganar más que quien encabece el Poder Ejecutivo. Se pronunció por seguir construyendo, avanzando y trabajando para tener un país más igualitario y digno.
Del PAN, la diputada Carmen Rocío González Alonso expresó que esta reforma “es una mera adecuación administrativa, pero no por ello menos dañina para México”. Propuso retirar el dictamen para que se tome en cuenta la opinión de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal y se escuche a estados y municipios “que desde lo local toman las decisiones que impactan la ciudadanía”.
El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Morena) manifestó que las adecuaciones consolidan la austeridad republicana como una política de Estado al poner fin a los cabildos sobredimensionados, garantizar la igualdad sustantiva en los puestos de la toma de decisiones y establecer un tope a los presupuestos de los congresos locales.