Por Lourdes Aguilar
La Cámara de Diputados estudia una iniciativa del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la reforma en materia de simplificación orgánica que fusiona 16 organismos y desaparece 2, con el argumento que se duplican funciones.
La iniciativa que fue enviada esta semana no prevé un recorte de personal, sino que plantea que los trabajadores se incorporen a los nuevos organismos con los que se fusionan.
La nueva iniciativa propone reformas en materia de simplificación orgánica y es que busca eliminar o fusionar 18 organismos de la Administración Pública Federal, entre ellos órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos, unidades administrativas; sus funciones pasarían a secretarias de Estado.
En la recta final de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador va por más cambios a la administración pública través de esta iniciativa que propone una simplificación orgánica para lo cual se suprimirán, fusionarán o eliminarán 18 instancias hacia secretarías de Estado.
La justificación del gobierno del presidente López Obrador es eficientar los recursos públicos y terminar con la duplicidad de funciones o por la notoria “inoperancia”; sin embargo, para expertos en administración pública se trata de un traslado de recursos económicos y de personal para manejar ambas cosas con el control de las Secretarías de Estado previo a las elecciones de 2024.
“La presente iniciativa tiene por objeto racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal (APF), con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”, detalla el documento.
El titular del Ejecutivo propone eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y elimina la participación del Fideicomiso de Fomento Minero en el Servicio Geológico Mexicano. En el caso del primero, señala que sus funciones serán encomendadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“Se propone suprimir al órgano sin sustento constitucional (la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción) para dejar las funciones de apoyo al SNA a la Secretaría de la Función Pública, que, de manera natural, puede asumir dichas funciones, pues cuenta con personal profesional dedicado al combate a la corrupción, además de infraestructura e información que puede servir al cumplimiento del objeto del SNA”, refiere el proyecto de reforma.