Los cambios en la política energética de México frenan proyectos de energías renovables o limpias y ponen en riesgo la llegada de nuevas inversiones al sector, advirtió la diputada federal del PRI, Soraya Pérez Munguía, por ello exigió al Gobierno federal un informe puntual del impacto económico, jurídico y ambiental respecto al acuerdo de “La Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, que entró en vigor este 15 de mayo.
“El acuerdo no se sometió a un proceso de mejora regulatoria por lo que se requiere otorgar certeza jurídica, a fin de no afectar las inversiones y se multipliquen las barreras a proyectos de energías renovables o limpias, que son inagotables y crecientemente competitivas, debido a que no producen gases de efecto invernadero, ni emisiones contaminantes”, destacó.
La solicitud de la legisladora ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, es que la titular de la Secretaría de Energía, entregue el informe pormenorizado en cuestión; que los titulares de las Secretarías de la Función Pública, Economía, Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal investiguen y esclarezcan las circunstancias irregulares en las que se publicó el Acuerdo del Sistema Eléctrico Nacional.
Asimismo, que la Comisión Federal de Competencia Económica, responsable de vigilar, promover y garantizar la libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano, emita su opinión, para determinar si dicho acuerdo viola o no lo establecido en el artículo 4º de la Ley de la Industria Eléctrica, que expresamente establece que “la generación, junto con la comercialización de energía eléctrica, son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia”.
La legisladora por el estado de Tabasco recordó que la postura oficial para aplicar nuevas reglas, es que durante el tiempo de contingencia por Covid-19 se han dado fallas en la red eléctrica y la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afectan la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
En la práctica, explicó, lo que se ha hecho es limitar la emisión de permisos para plantas eólicas o solares, prohibir la construcción de nuevos proyectos y suspender las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes solares, eólicas y fotovoltaicas,
Pérez Munguía detalló que, con base a otras decisiones tomadas en materia energética, se demuestra que la Comisión Federal de Electricidad, se ha visto beneficiada para actuar en una perspectiva contraria a la apertura del sector privado y a la competencia económica.
Citó el caso de los Certificados de Energías Limpias que un día decidieron modificar la forma de otorgarlos y provocaron pérdidas económicas a los suministrados que previamente habían adquiridos dichos recibos, al registrar una baja en el mercado como consecuencia de la sobreoferta. Este tipo de políticas, dijo la diputada priista, lo que destruyen es el propósito de incentivar la inversión.
Concluyó, modificar la regulación sin certezas puede desplazar de manera indebida a agentes económicos competidores, impedir sustancialmente su acceso al mercado eléctrico mayorista y establecer ventajas exclusivas en favor de la CFE.