Una vez más, el México real se impone a la “politiquería”, prueba de ello las cerca de 16 mil personas desplazadas por violencia criminal durante 2025, en un contexto marcado por el uso creciente de drones, explosivos y minas antipersona que profundizan la crisis humanitaria en estados como Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y Michoacán.
La tragedia de Guerrero ya no puede describirse como una crisis de seguridad: es una derrota abierta del Estado mexicano. En mayo de 2026, cerca de mil familias han sido desplazadas por la violencia criminal en la entidad, particularmente en Chilapa, donde más de 800 familias abandonaron sus hogares huyendo del terror impuesto por el cártel de “Los Ardillos”.
Lo más alarmante no es el éxodo, sino la normalización de una guerra irregular que se registra desde hace años y ocurre frente a gobiernos de diferente ideología, paralizados, rebasados o, peor aún, resignados. Los gobiernos federal y estatal aseguran que los programas sociales y la “atención a las causas” reducirán la violencia. Sin embargo, la realidad los desmiente con crudeza.
Los habitantes de la región de La Montaña, en Guerrero se acostumbraron a vivir bajo una lógica de ocupación criminal. Incluso crearon un sistema de protección comunal: “Las autodefensas”. Las comunidades enfrentan extorsiones, amenazas o ejecuciones; ahora padecen tácticas propias de conflictos armados: drones utilizados para vigilar y lanzar explosivos, emboscadas con armas de alto calibre y control territorial absoluto de caminos, alimentos y comunicaciones.
En esta región de Guerrero, la población vive atrapada entre la indiferencia oficial y la barbarie criminal. Las familias desplazadas no abandonan sus casas por miedo, huyen para salvar la vida. Huyen porque saben que quedarse significa exponerse a asesinatos, reclutamiento forzado, desapariciones o ataques indiscriminados. Y cuando logran escapar, descubren otra forma de abandono: no existen políticas serias de atención al desplazamiento interno.
El gobierno de México sigue negándose a reconocer plenamente el desplazamiento forzado como una emergencia nacional. Miles de personas desplazadas sobreviven sin censos confiables, sin refugios dignos y sin garantías de retorno seguro. Son ciudadanos invisibles para un sistema político obsesionado con controlar la narrativa antes que resolver el problema. El gobierno habla de gobernabilidad mientras pueblos enteros quedan vacíos.
En el informe “Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025”, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (IBERO) se documentó que el 83% de los desplazamientos estuvieron relacionados con violencia vinculada al crimen organizado y que Sinaloa, Chihuahua y Michoacán concentraron la mayor cantidad de casos.
La investigación confirmó que estamos ante un fenómeno subregistrado y poco visibilizado en México, pese a sus profundas consecuencias sociales y humanitarias que afecta derechos fundamentales como la seguridad, la vivienda, la salud y el acceso a medios de vida.
Pero el caso de Guerrero revela algo todavía más profundo y peligroso: el avance de una soberanía criminal paralela. “Los Ardillos” no operan únicamente como una banda delictiva; ejercen funciones de control territorial, vigilancia y coerción sobre comunidades completas. Deciden quién circula, quién comercia y quién vive.
Cuando un grupo criminal puede desplazar a cientos de familias sin enfrentar una respuesta inmediata y contundente del Estado, el mensaje es devastador: el monopolio de la fuerza ya no pertenece al gobierno.
Lo ocurrido en Chilapa y en la Montaña Baja debería provocar una discusión nacional seria sobre el fracaso de la estrategia de seguridad en México. Porque lo que hoy sucede en Guerrero podría reproducirse en cualquier otra región abandonada por el Estado. La expansión tecnológica del crimen organizado demuestra que las organizaciones criminales se adaptan más rápido que las instituciones encargadas de combatirlas.
La violencia en Guerrero ya no es solamente una nota roja regional: es el retrato de un país donde el Estado pierde presencia territorial mientras millones de ciudadanos aprenden a sobrevivir sin protección pública.
Así las cosas, Guerrero se ha convertido en un laboratorio del crimen organizado mientras las autoridades siguen atrapadas en el discurso de “reforzar la presencia institucional”. La pregunta inevitable es: ¿dónde está el Estado?
Vericuentos
CNTE al ataque
La disidencia magisterial desafía al gobierno de la #4T, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que la huelga nacional sigue en pie y que el próximo 15 de mayo, Día del Maestro, participarán en la megamarcha prevista en la Ciudad de México. Los voceros del movimiento explicaron que el próximo 16 de mayo, durante su Asamblea Nacional Representativa, definirán la fecha exacta y la modalidad del paro. La CNTE exige una mesa de diálogo directa con la presidenta Claudia Sheinbaum en la que puedan abordar sus demandas relacionadas con la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la llamada reforma educativa Peña-AMLO. Además, sostienen la amenaza de que el balón no rodará. ¡Uff!
El Infierno de los desaparecidos
En medio de una serie de cuestionamientos de madres buscadoras e integrantes de colectivos de búsqueda al gobierno mexicano, la Comision Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe: Desapariciones en México”. La vicepresidenta del organismo, Andrea Pochak, informó que hay 128.000 personas desaparecidas y no localizadas y que cifras independientes revelan que el número de cuerpos no identificados bajo custodia del Estado supera los 70.000. La CIDH resaltó que suman 18 mil 182 niños, niñas y adolescentes desaparecidos en México, con edad de 0 a 17 años, hasta el 19 de agosto del 2025. La mayoría de las víctimas eran mujeres, con el 51.35% de todos los casos. En cambio, el 48.47% de las víctimas eran hombres. ¿Hasta cuándo la indolencia del gobierno?
@guillegomora