Una vez más, la violencia desmiente los discursos de seguridad y paz social en Zacatecas, las imágenes de cinco cuerpos colgados de un puente vehicular en Pozo de Gamboa, como parte de diez personas ejecutadas en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto, entre ellos un ex Alcalde de Sombrerete, coloca nuevamente al estado gobernado por Morena, en el centro del debate sobre la inseguridad pública en México.
Las estremecedoras imágenes recorren el país y no puede interpretarse como un hecho aislado. Aunque las autoridades estatales han sostenido durante meses que diversos indicadores delictivos muestran una tendencia a la baja, la terca realidad demuestra que la violencia del crimen organizado no desaparece por decreto ni por estadísticas favorables.
Basta una jornada como ésta para exhibir que los grupos criminales conservan capacidad operativa, poder de fuego y, sobre todo, la posibilidad de enviar mensajes de terror con absoluta crudeza.
La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) reportó que ocho de cada 10 adultos en Zacatecas se siente inseguro, una cifra impulsada por el miedo a la violencia en las carreteras federales y las zonas rurales de la entidad. La región que abarca los municipios de Pánuco, Morelos y Saín Alto es una zona estratégica de tránsito que se disputan: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Lo sucedido en Zacatecas debe entenderse como una advertencia. No basta con celebrar reducciones porcentuales cuando subsisten organizaciones capaces de perpetrar actos de extrema violencia con una evidente intención propagandística. Cada episodio de esta naturaleza erosiona la confianza ciudadana, afecta la actividad económica, inhibe la inversión y profundiza la percepción de inseguridad.
Los cuerpos colgados de un puente no representan únicamente homicidios. Son una forma de comunicación criminal. Constituyen un mensaje dirigido a organizaciones rivales, a las autoridades y a la población. Es una demostración pública de fuerza cuyo propósito es sembrar miedo y dejar claro quién controla determinado territorio. En este caso, como en otros, el Estado no logró impedir que ésta escena ocurriera.
No es casual que Zacatecas haya sido, durante los últimos años, uno de los escenarios más violentos del país. Su ubicación geográfica lo convierte en un corredor estratégico para el trasiego de drogas, armas, personas y mercancías ilícitas hacia el norte del territorio nacional.
Quien domina Zacatecas controla rutas fundamentales para el negocio criminal. Por ello, la disputa entre organizaciones delictivas difícilmente desaparecerá únicamente mediante operativos de reacción con el envío de más de 400 efectivos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía estatal, cada que sucede una tragedia.
La presencia de un exalcalde, funcionarios, empresarios mineros y de la construcción, entre las víctimas, añade un elemento preocupante. Sin adelantar conclusiones sobre los móviles del crimen, el asesinato refleja el grado de vulnerabilidad que enfrentan quienes han ocupado y ocupan posiciones de poder local.
México enfrenta desde hace años un problema estructural: la violencia suele medirse por el número de homicidios, cuando el verdadero desafío consiste en recuperar el control institucional del territorio. Puede disminuir el promedio diario de asesinatos y, aun así, persistir regiones donde los grupos criminales continúan imponiendo reglas, cobrando extorsiones, desplazando comunidades y utilizando el terror como mecanismo de dominio.
El gobierno federal insiste en que la estrategia de seguridad está dando resultados y que existe una reducción sostenida en distintos delitos de alto impacto. Es posible que algunos indicadores respalden esa afirmación. Sin embargo, la percepción ciudadana difícilmente cambia cuando episodios como el de Zacatecas ocupan las portadas nacionales y muestran niveles extremos de violencia.
Así las cosas, La pregunta de fondo sigue siendo la misma que México se hace desde hace décadas: ¿cómo impedir que los grupos criminales sigan disputando territorios mediante el terror?
Vericuentos
Ruffo y la corte del acordeón
La detención de Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador panista de Baja California, referente obligado de la alternancia del poder en México, coloca a la #4T contra las cuerdas, porque suma otro escándalo, a su larga lista, al utilizarlo como un distractor político y una «cortina de humo» para desviar la atención de la crisis provocada por la actual gobernadora, Marina del Pilar, y la filtración de audios relacionados con agencias de Estados Unidos. Además de, confirmar el uso selectivo de la justicia y de la Fiscalía General de la República (FGR) por parte del gobierno para sus fines más aviesos, aunque lo nieguen todas las mañanas. Ahora el panista está en manos de los jueces del acordeón, que actuarán al son que les instruyan desde el Zócalo y sus prioridades en la investigación por huachicol fiscal o en los casos por cubrir de Morena. Así los usos del poder en la #4Transformación ¡Tómala!
@guillegomora