¡Por fin!, la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán marca un precedente en materia de violencia política de género. Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, debe ofrecer disculpa pública a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, por las agresiones en su contra. La sentencia establece límites al discurso político.
#BastaYa de abusos e insultos que buscan inhibir la participación de las mujeres en la vida pública. Hoy somos mayoría, tenemos los mismos derechos y oportunidades que los hombres para participar en la construcción de una mejor sociedad y país. Nadie nos ha regalado nada.
La sentencia en contra del polémico senador morenista marca un antes y un después en México, donde residen aproximadamente 68.6 millones de mujeres, que representan el 51.1 % de la población total; constituyen más de 51 millones del padrón electoral (51.8 % del total) y somos un motor fundamental en la demografía y las decisiones democráticas.
Como parte de la sentencia, el senador Noroña deberá ofrecer una disculpa pública, tomar un curso sobre violencia política de género y será inscrito durante seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en esta materia. Se le acabó la impunidad a Gerardo Fernández. Deberá entender que el debate político exige argumentos, razones y no insultos o descalificaciones como acostumbra imponer.
Fernández Noroña ha construido buena parte de su carrera política sobre un estilo confrontativo. Sus seguidores sostienen que dice lo que otros callan; sus detractores consideran que confunde la irreverencia con el agravio permanente. Más allá de simpatías o rechazos personales, la resolución judicial obliga a preguntarse si ese estilo puede seguir siendo inmune cuando rebasa los límites legales.
El Tribunal determinó que Fernández Noroña incurrió en violencia política en razón de género en perjuicio de la alcaldesa, Grecia Quiroz. La sentencia concluye que las expresiones del senador buscaron desacreditar la trayectoria política de la edil y menoscabar su derecho a competir por cargos de elección popular en Michoacán.
No es un asunto menor. Durante décadas, la política mexicana normalizó que las mujeres fueran objeto de descalificaciones personales, burlas, insinuaciones o ataques que poco tenían que ver con su desempeño público y mucho con su condición de género. Esa cultura política fue aceptada como parte del «debate rudo», cuando en realidad constituía un mecanismo de exclusión.
La discusión, entonces, no consiste en decidir si un político puede criticar a otro. Por supuesto que puede. La política vive del contraste, de la confrontación y del debate intenso. El problema surge cuando la crítica deja de dirigirse al ejercicio del poder para convertirse en una estrategia destinada a desacreditar a una mujer por el simple hecho de ser mujer o a colocar obstáculos adicionales a su desarrollo político.
Hoy las reglas son distintas. La legislación electoral reconoce la violencia política contra las mujeres en razón de género precisamente porque entendió que muchas agresiones no buscan debatir ideas ni contrastar proyectos, sino desalentar la participación femenina mediante el descrédito sistemático.
Quienes critican este tipo de resoluciones suelen argumentar que se pone en riesgo la libertad de expresión. Es un argumento legítimo, pero incompleto. La libertad de expresión constituye uno de los pilares de cualquier democracia, especialmente cuando se trata de actores políticos. Sin embargo, ningún derecho es absoluto. La Constitución establece límites cuando el ejercicio de una libertad vulnera derechos fundamentales de terceros.
Durante años, numerosos casos de violencia política quedaron impunes porque se asumía que las mujeres debían soportar cualquier tipo de agresión si aspiraban a competir por espacios de poder. Esa lógica comenzó a cambiar cuando las instituciones dejaron de ver estas conductas como simples excesos verbales y empezaron a tratarlas como violaciones a derechos político-electorales.
En una democracia madura, la fuerza de los argumentos debe prevalecer sobre la fuerza de los agravios. Si esa lección termina consolidándose a partir de este caso, la discusión habrá valido la pena en un México donde 12 mujeres son asesinadas a diario.
Vericuentos
Periodistas en la mira
Desde este espacio enviamos un abrazo solidario a la familia de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, reportera de Pulso informativo del Sureste, secuestrada y asesinada por sus captores, ligados a grupos delincuenciales de Veracruz. En el actual sexenio, en México han sido asesinados 11 periodistas por su labor informativa, así lo documentó la organización Artículo 19. Investigar e informar se ha convertido en una actividad de alto riesgo. De acuerdo con el registro de Artículo 19, los 11 homicidios de periodistas se concentran en siete entidades, tanto al norte como en el centro y la zona costera del país. Veracruz suma 3 colegas asesinados y la gobernadora Rocío Nahle, se ofende cuando la cuestionan sobre la inseguridad en el estado. ¡Ya basta!
SCJN absuelve a Abelina
Vaya, vaya, con el gesto “humanista” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la #4T, hacia la Alcaldesa con licencia de Acapulco, Guerrero, Abelina López. Sus amigos de la toga y el birrete, dejaron sin efecto las observaciones sobre 898 millones de pesos planteadas por la Auditoría Superior de Guerrero, a la cual ahora señalan de haber actuado sin tener competencia constitucional. Recordemos que luego del paso devastador del huracán Otis el gobierno destino recursos federales para apoyar a los damnificados y reconstruir la infraestructura del puerto. Sin embargo, poco se hizo y de los casi 900 millones nadie sabe y todo indica nadie supo. ¡Viva la justicia del acordeón! Órale
@guillegomora