DesdelaConfederaciónPatronaldelaRepúblicJalexicana (COPARMEX), consideramosque la reforma electoral más adecuada es aquella que surge de la ciudadanía, protege los pñncipios democráticos y fortalece a las instituciones. Por ello, la mejor decisión es no impulsar cambios que profundicen la polarización y generen confrontación entre los mexicanos, cuando lo verdaderamente relevante es
atender los desatíos que enfrenta el país.
En el contexto actual, en el que enfrentamos incertidumbre económica interna y externa, aunado a la necesidad prioritaria de garantizar seguridad, justicia y paz en el país para generar las condiciones necesarias parala inversión, insistimos en que la discusión de una reforma electoral resulta riesgosa e inoportuna.
la pretensión de iniciar este debate y plantear cambios institucionales ocurre en un momento especialmente delicado, con retos significativos en materia de seguridad, hechos violentos en distintas regiones, revisión de compromisos con socios comerciales, incertidumbre económica y las debilidades del Estado de Derechos. Ante este panorama, el país necesita estabilidad, eficacia institucional y resultados concretos, no discusiones que puedan generar mayor división.
A ello se suma el impacto directo en la inversión y el crecimiento económico. La confianza de inversionistas nacionales e internacionales depende de la estabilidad institucional, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad. Cualquier señal que sugiera debilitamiento de la libertad democrática de los ciudadanos y de las instituciones incrementaría la incertidumbre, frenaría aún más la inversión y limítaria la creación de empleos.
Además, este enfoque podría implicar el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México en materia de democracia, derechos políticos y elecciones libres, con efectos directos en la posición del país frente a procesos de negociación como el T-MEC, o en etapas de renovación del Acuerdo Global México-Unión Europea. la legitimidad de una reforma no depende únicamente de su legalidad, sino también de su origen, su proceso y su aceptación sociat
Cabe destacar que desde la década de los noventa, el sistema electoral mexicano se ha construido mediante acuerdos amplios, públicos, democráticos e incluyentes, impulsados por la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la academia y las fuerzas políticas, a través del diálogo y la construcción de consensos. Las reformas que dieron autonomía a las autoridades electorales y fortalecieron la pluralidad no fueron concesiones del poder, sino conquistas sociales.