El diputado federal Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa para reformar el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de fortalecer el equilibrio de poderes, garantizar una glosa integral de los informes de gobierno y erradicar la impunidad y la opacidad.
Señaló que su propuesta busca hacer estrictamente obligatoria la comparecencia de todas y todos los titulares de las Secretarías de Estado ante el Congreso de la Unión, estableciendo que en ningún caso podrán negarse o excusarse de acudir a rendir cuentas sobre el estado que guardan sus respectivos ramos.
Moreira Valdez advirtió que durante la administración pasada se configuró un preocupante patrón de inasistencias y evasión de responsabilidades. Recordó que, mientras en el primer informe de 2019 se registró una asistencia del 93.3 por ciento, esta fue disminuyendo drásticamente con los años (61.1 por ciento en 2022), hasta llegar al extremo de que en el sexto informe ningún funcionario acudió a la Cámara de Diputados.
Asimismo, denunció que dependencias clave como la Secretaría de Energía evadieron su comparecencia durante todo el sexenio.
«La inasistencia reiterada de funcionarios no es un hecho menor: erosiona la credibilidad de las instituciones, fomenta la opacidad y envía a la sociedad un mensaje de arrogancia e impunidad. Permitir que las comparecencias se conviertan en actos opcionales mina la fortaleza de nuestro sistema democrático», subrayó el coordinador del GPPRI.
Explicó que se debe establecer constitucionalmente que las personas titulares de todas las Secretarías de Estado deban comparecer obligatoriamente, bajo protesta de decir verdad, con motivo del análisis del informe de gobierno. De lo contrario, se propone determinar responsabilidades administrativas o políticas.
El exgobenador de Coahuila destacó que la Cámara correspondiente quedará facultada para presentar una queja formal por escrito ante la Presidencia de la República, a fin de proceder en contra de los titulares omisos conforme a la ley.
Finalmente, se propone blindar las facultades de control parlamentario, evitando que la selección de comparecientes quede sujeta a acuerdos políticos que dejen fuera a secretarías sustanciales de la Administración Pública Federal.
Con esta reforma, el Grupo Parlamentario del PRI reitera su compromiso con la rendición de cuentas transparente y la defensa de los contrapesos institucionales que México necesita.