Los senadores Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), Clemente Castañeda Hoeflich y Luis Donaldo Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano) presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Desarrollo Social y garantizar la neutralidad política de los programas sociales, con el objetivo de impedir su utilización con fines electorales, clientelares o de propaganda partidista.
La propuesta establece mecanismos claros para evitar que los recursos públicos destinados al bienestar de las personas sean utilizados para obtener ventajas políticas o electorales, al tiempo que fortalece la protección de los derechos sociales reconocidos en la Constitución.
Durante la presentación de la iniciativa, el senador Armando Melgar señaló que los programas sociales pertenecen a todas y todos los mexicanos y no pueden convertirse en patrimonio político de ningún partido.
“Los programas sociales son derechos constitucionales. No son propiedad de Morena ni de ningún otro partido. Lo que buscamos es poner candados y controles para que nunca más se utilicen con fines partidistas o electorales”, afirmó.
Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas destacó que la democracia sólo puede funcionar cuando existe piso parejo para todas las fuerzas políticas y cuando los recursos públicos se ejercen con imparcialidad.
“Lo que queremos es que jamás nadie tenga que elegir entre su voto y su bienestar. Ninguna persona debe sentir que una pensión, una beca o un apoyo dependen de cómo vote o de a quién apoye políticamente”, sostuvo.
La iniciativa incorpora por primera vez en la Ley General de Desarrollo Social el principio de neutralidad política de los programas sociales y establece medidas específicas para prevenir prácticas de clientelismo, coacción del voto y promoción personalizada.
Entre los principales cambios propuestos destacan:
• La obligación de incluir una cláusula de neutralidad política en las reglas de operación de todos los programas sociales.
• La prohibición expresa de utilizar el padrón de beneficiarios con fines electorales, partidistas, clientelares o de propaganda.
• La obligación de que la difusión de los programas sociales utilice exclusivamente elementos institucionales y no colores, símbolos, logotipos o imágenes que remitan a partidos políticos, candidaturas o servidores públicos.
• La prohibición del uso de eslóganes, emblemas, mensajes o expresiones de naturaleza electoral durante la entrega, promoción o difusión de apoyos sociales.
La creación de un régimen específico de responsabilidades y sanciones para quienes utilicen los programas sociales con fines políticos o electorales.
Asimismo, la iniciativa establece que las personas beneficiarias no podrán ser condicionadas en el acceso, permanencia o entrega de apoyos por razones partidistas, electorales o de afiliación política.
Los legisladores señalaron que la propuesta retoma principios constitucionales de imparcialidad en el uso de recursos públicos, equidad en la contienda electoral y protección de los derechos sociales, además de incorporar estándares internacionales en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento democrático.
Finalmente, hicieron un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en el Senado para respaldar la iniciativa y avanzar hacia un modelo de política social libre de condicionamientos políticos.
“Esta no es una iniciativa de partidos; es una iniciativa a favor de la democracia, de los derechos sociales y de las familias mexicanas. Ningún senador debería estar en contra de garantizar que los programas sociales sean utilizados únicamente para mejorar la vida de las personas”, concluyeron.