En la sesión de este miércoles, el Senado de la República hizo la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, una vez que fue avalada por los congresos de 20 entidades federativas.
La Mesa Directiva informó que el Pleno que la Cámara de Diputados remitió un oficio sobre el proyecto de declaratoria del decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El oficio da cuenta de los 20 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que las y los mexicanos sostienen con sus impuestos el funcionamiento del Estado, pues cada peso que se recauda representa el esfuerzo cotidiano de millones de trabajadoras y trabajadores, que confían en que los recursos públicos serán administrados con responsabilidad, honestidad y sentido de justicia.
Por lo que, en ese contexto, afirmó que resulta inevitable reflexionar sobre la forma en que el Estado ha distribuido históricamente sus recursos, particularmente cuando se trata de prestaciones extraordinarias que han beneficiado a una minoría privilegiada en detrimento del interés general.
“La declaratoria que hoy se realiza toca fibras profundas del constitucionalismo mexicano, pero también del sentido común republicano. Una reforma constitucional destinada a eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos de confianza en distintas entidades públicas de nuestro país como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Nafinsa, Bancomext y Luz y Fuerza del Centro”, indicó la senadora.
Castillo Juárez aseveró que es importante señalar que eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos, no significa desconocer el valor del servicio público, por el contrario, significa reivindicarlo, pues el verdadero honor de servir al Estado radica en contribuir al bienestar de la nación, “no en asegurar beneficios desproporcionados” al término de la carrera administrativa.
Agregó que con esta declaratoria se elimina la disparidad entre las pensiones de altos exfuncionarios que superaban en algunos casos hasta el millón de pesos mensuales, en contraste con las pensiones que reciben los trabajadores en México de alrededor de siete mil pesos mensuales.
Además de que, con esta declaratoria, refirió que nadie podrá recibir más de la mitad de lo que recibe la jefa o el jefe del Ejecutivo federal, por lo que con esto se pone fin a las llamadas pensiones “doradas” y que el presupuesto se use realmente en beneficio del pueblo.
Una vez que se emitió la declaratoria, la reforma constitucional se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.