Reza la sabiduría popular que, “lo que mal empieza, mal acaba” y la “narcoelección” de 2021 en la que ganó Rubén Rocha Moya, la gubernatura de Sinaloa, hoy se convirtió en su lápida política. El originario de Badiraguato está en la mira del gobierno de Estados Unidos que pretende juzgarlo por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.
Mario Zamora, ex candidato del PRI al gobierno de Sinaloa, denunció, en 2021, que la competencia no fue sólo contra un candidato, sino contra el Cártel de Sinaloa. La noche del 6 de junio declaró: “La democracia fue secuestrada” y tuvo que enviar un mensaje al crimen organizado pidiendo con humildad que regresaran a sus compañeros: “Ya se acabó la elección, ya se obtuvo el resultado que se estaba buscando, regrésenlos por favor”.
El día siguiente de la elección, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, los felicitó: “Bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien. Muy pocos actos de violencia de estos grupos”.
Hoy, un grueso expediente contra el morenista Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de su gobierno, respalda el caso judicial abierto desde 2023 en el Distrito Sur de Nueva York en contra de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa e hijos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Sus aliados políticos ahora son testigos protegidos del gobierno de Trump y lo han hundido políticamente. Las acusaciones de Estados Unidos contra Rocha provocaron un cisma en la relación con nuestro país en materia de seguridad, pues se confirman los vínculos de algunos políticos con el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico.
El problema central no es únicamente la figura del gobernador, sino el contexto en el que surgen estas acusaciones. Sinaloa ha sido durante décadas un epicentro del narcotráfico, con estructuras criminales profundamente arraigadas en la vida económica y social, donde los ciudadanos han pagado una factura muy alta.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Coparmex Sinaloa, desde que “Los Chapitos y “Los Mayos” comenzaron a enfrentarse han asesinado a 3,180 personas en dicho estado. El informe revela que entre el 9 septiembre del 2024 y este lunes 4 de mayo, 3,686 hombres y mujeres fueron víctimas de secuestro o privación ilegal de la libertad. Además, se reportó el robo de 10,881 vehículos en el mismo lapso de tiempo, muchos de los cuales fueron utilizados por los grupos delictivos durante los enfrentamientos entre “Mayos” y “Chapitos”.
También, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, para el mes de abril, reveló que Culiacán, capital de Sinaloa, registra una percepción de inseguridad del 84.4%; mientras que en Mazatlán es del 79.5%. Coparmex reportó la pérdida de 20 mil empleos formales, el estado atraviesa una situación crítica de desempleo.
La senadora del PRI, por Sinaloa, Paloma Sánchez, publicó en sus redes sociales una radiografía de terror, aquí algunos datos: “Se fue Rocha, pero nos deja: 108 niñas, niños y adolescentes asesinados y 333 desaparecidos; 174 mujeres asesinadas; 3 mil familias desplazadas; 4 mil 569 negocios cerrados y la peor crisis económica en la historia de Sinaloa, con un daño estimado de 70 mil millones de pesos”.
Desde el gobierno federal, la reacción ha sido cautelosa, incluso defensiva. Se apela a la soberanía nacional y se cuestiona la intervención o el juicio mediático de autoridades extranjeras. Sin embargo, esta postura, aunque comprensible en términos diplomáticos, corre el riesgo de ser percibida como encubrimiento o falta de autocrítica. En un país donde la confianza en las instituciones es limitada, la transparencia no debería ser una concesión, sino una obligación política inmediata.
Así las cosas, más allá de la veracidad o el alcance jurídico de las acusaciones de Estados Unidos, el impacto político y social es innegable: la sospecha sobre los vínculos de los gobiernos morenistas con el narcotráfico se instaló, erosiona la legitimidad y reabre viejas heridas en un estado históricamente marcado por la violencia.
¿Qué tan dispuesto está el sistema político mexicano a enfrentarlas con seriedad? En esa respuesta se juega no solo el futuro de un gobernador, sino la credibilidad de todo un régimen.
Vericuentos
Homicidios al alza: México Evalúa
En la danza de cifras alegres sobre temas de seguridad, la organización “México Evalúa” cuestiona la baja de homicidios en 2026 mientras las desapariciones han subido un 35% desde 2018 y podrían ocultar la verdadera cifra de violencia letal. Advierte que los datos deben analizarse con extrema “cautela”, sugiriendo que la reducción podría no ser fruto de políticas públicas, sino de una posible administración de la violencia por parte de grupos criminales. Según el análisis mensual de la ONG, las cifras del primer trimestre de 2026 reportan una caída interanual del 33% en homicidios dolosos. Sin embargo, al integrar indicadores como feminicidios y desapariciones, el descenso real de la violencia letal se ajusta a un 22%; las desapariciones han aumentado un 35% y otros delitos contra la vida han escalado un 83%. Para México Evalúa, esto sugiere la presencia de “regímenes criminales” que ejercen un control territorial tan férreo que ya no necesitan recurrir al asesinato público para imponer su ley. ¡Sálvese quien pueda!
@guillegomora