No caiga usted en el engaño. El reinecito de Cuarta… declara que “aún” no se presenta una reforma fiscal… pero los mexicanos ya pagamos más al SAT y en 2027 el organismo recaudador nos cobrará todavía más.
Durante los últimos ocho años, el gobiernito ha insistido en una idea que se ha convertido en uno de sus principales mensajes políticos: no se han aumentado los impuestos.
La señora Claudia Sheinbaum lo ha reiterado en diversas ocasiones, al igual que lo hizo anteriormente López Obrador. La promesa ha sido clara: no crear nuevos impuestos ni incrementar los ya existentes.
Sin embargo, conviene preguntarse si esa afirmación sigue siendo sostenible cuando se observan los cambios aprobados en distintos gravámenes durante los últimos años.
La discusión no gira en torno al IVA ni al ISR, cuyos tipos generales efectivamente se han mantenido sin cambios. El debate es otro: si aumentar cuotas, elevar impuestos especiales, ampliar retenciones o incrementar aranceles puede considerarse, en los hechos, un aumento de la carga fiscal para ciudadanos y empresas.
Hay una enorme diferencia entre la narrativa y la realidad.
Porque cuando un gobierno incrementa el IVA, el impacto es visible para todos. La medida genera titulares, debate público y un costo político evidente que luego se paga en las urnas.
Sin embargo, existen formas menos visibles de aumentar la recaudación. Subir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a determinados productos, incrementar cuotas específicas, elevar retenciones o aumentar aranceles produce un efecto similar para el contribuyente que termina pagando más.
La diferencia es que estos ajustes suelen presentarse bajo conceptos como «actualización», «armonización fiscal», «medidas de salud pública» o «fortalecimiento de la recaudación». El lenguaje cambia, pero el impacto económico permanece.
Los aumentos que ya ocurrieron
Existen varios ejemplos que ilustran esta situación.
El IEPS aplicado al tabaco pasó de 160 % a 200 %. El impuesto sobre apuestas y sorteos aumentó de 30 % a 50 %. La cuota por litro aplicada a refrescos se incrementó de 1.64 pesos a 3.08 pesos, prácticamente el doble.
También se incorporaron nuevas cargas a productos con nicotina distintos de los cigarrillos y a ciertas bebidas con edulcorantes. Asimismo, la retención del ISR sobre intereses del ahorro pasó de 0.50 % a 0.90 %, lo que representa un aumento significativo para quienes mantienen recursos en instrumentos financieros tradicionales.
A ello se suma que el incremento de las cuotas específicas aplicables a los cigarrillos ya se encuentra programado para los próximos años mediante disposiciones aprobadas previamente.
Frente a estos datos, resulta difícil sostener que no ha existido ningún aumento fiscal. Lo que sí puede afirmarse es que no se modificaron las tasas generales del IVA o del ISR. Pero eso no equivale necesariamente a decir que la carga tributaria permaneció intacta.
Los impuestos «saludables»
Uno de los principales argumentos del Gobierno es que muchos de estos gravámenes tienen una finalidad sanitaria.
La lógica es sencilla: aumentar el precio de productos considerados perjudiciales para la salud reduce su consumo y, simultáneamente, genera ingresos para el Estado.
Este argumento tiene fundamentos válidos desde la perspectiva de la salud pública. Sin embargo, no modifica la naturaleza de la medida. Un impuesto con fines sanitarios sigue siendo un impuesto. Que exista una causa noble detrás de la decisión no elimina el hecho de que el consumidor termina pagando más.
Por ello, el debate no debería centrarse en si el objetivo es positivo o negativo, sino en la consistencia entre el discurso político y las decisiones adoptadas.
El papel de los aranceles
Otro elemento frecuentemente ignorado en la discusión pública son los aranceles.
Jurídicamente, los aranceles forman parte de los impuestos al comercio exterior. En distintos momentos se han aprobado incrementos para sectores como textiles, confección, acero, aluminio, productos químicos, cosméticos, autopartes y otros bienes importados.
Aunque estos cambios no siempre afectan directamente al consumidor de forma inmediata, sí pueden repercutir en los costos de producción y en los precios finales de numerosos productos.
Por ello, excluir los aranceles del debate fiscal resulta cuestionable. Después de todo, la propia legislación los define como impuestos.
Peor el escenario para 2027
La discusión cobra especial relevancia ante las propuestas que han comenzado a plantearse en torno al paquete económico presentado hace unos días por el titular de la SHCP, Edgar Amador Zamora.
Sobre todo, porque legisladores y funcionarios han mencionado la posibilidad de revisar la carga fiscal sobre bebidas alcohólicas, botanas, sopas instantáneas, embutidos y otros productos relacionados con problemas de salud pública.
El lenguaje utilizado vuelve a ser revelador. Se habla de «ajustes», «actualizaciones» o «gravámenes extrafiscales», evitando con frecuencia la palabra «impuesto».
Sin embargo, para el consumidor la diferencia semántica tiene poca importancia. Si el precio final aumenta debido a una decisión fiscal, el efecto económico es exactamente el mismo.
El verdadero debate
La cuestión de fondo no es si el gobiernito cuatrotero tiene derecho a utilizar impuestos para promover hábitos saludables o incrementar la recaudación. Todos los gobiernos del mundo recurren a mecanismos similares.
La pregunta relevante es otra: ¿puede sostenerse la promesa de que no se aumentan los impuestos cuando existen incrementos en múltiples gravámenes, cuotas, retenciones y aranceles?
Quienes defienden al Gobierno argumentarán que no se han tocado los dos grandes impuestos del sistema tributario mexicano: el IVA y el ISR. Y tienen razón.
Quienes critican la política fiscal responderán que aumentar el IEPS, elevar retenciones o incrementar aranceles también implica cobrar más al contribuyente. Y también tienen razón.
Por eso, más que una discusión técnica, se trata de una discusión de honestidad política y claridad comunicativa. Si los ciudadanos estamos pagando más por determinados productos o actividades debido a decisiones fiscales del Estado, resulta legítimo preguntarse si hablar de «ajustes» en lugar de «aumentos de impuestos» representa una diferencia real o simplemente una diferencia de nombre.
Y sí, sí estamos pagando más
El gobiernito que AMLO le tiene encargado a la señora Sheinbaum ha logrado mantener intactas las tasas generales del IVA y del ISR. Ese hecho es innegable. Sin embargo, también es cierto que diversos impuestos específicos, cuotas, retenciones y aranceles han aumentado durante los últimos años.
Por ello, el debate público no debería centrarse únicamente en si existe o no una reforma fiscal formal. La cuestión esencial es determinar si los ciudadanos estamos pagando más como consecuencia de decisiones fiscales del Estado.
Y si la respuesta es afirmativa, la discusión ya no es económica ni jurídica. Es, ante todo, una cuestión de transparencia y credibilidad política.
Indicios
Si los morenistas hubiesen cumplido el compromiso de que no robarían, si no hubieran dilapidado nuestros recursos presupuestados, si no se embarcaran en inútiles e improductivos proyectos o megaobras como las de AMLO o los trenes de Sheinbaum, si no hubiesen duplicado la deuda del gobiernito, si no estuvieran regalando dinero público sin ton ni son… no habría necesidad de incrementar impuestos, gabelas o gravámenes. * * * Por hoy es todo. Agradezco la lectura que usted haya prestado a este Índice Político y le deseo como siempre ¡buenas gracias y muchos, muchos días!
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