Desde la pasada administración el gobierno federal encara una lucha frontal contra las factureras ó EFOS, como se definen en la jerga legal.
Desde este año el SAT que lleva Antonio Martínez Dagnino logró reformas al Código Fiscal para endurecer sanciones, incluyendo presión preventiva oficiosa y el congelamiento expedito de sellos digitales en menos de 30 días una vez iniciada la investigación.
La nota es que la secretaría de Hacienda de Edgar Amador en sus pesquisas contra las factureras va contra José Antonio Alcocer García, así como socios y familiares cercanos que en conjunto cuentan con varias empresas fachada para evadir impuestos de diversas empresas entre las que destaca presuntamente Losemex Tent S.A. de C.V., grupo que incluso ha venido obteniendo constantemente contratos multi millonarios con varias dependencias donde destaca la Guardia Nacional.
Las empresas que relacionan a Alcocer García son Be-Dimensional, S.A de C.V., Avenir Graphene, S.A.P.I. de C.V, Gestiona PWM, S.A. de C.V; Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V y House of Work, S.A. de C.V, entre otras.
El expediente se suma a la lista de denuncias contra el empresarios quien tiene en tribunales demandas relacionadas con un fraude millonario, discrepancias con el fisco, incumplimientos comerciales, y operaciones con recursos de procedencia ilícita en modalidad de delincuencia organizada.
La ruta del dinero
Recordará que una de las primeras acciones del alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza, fue la clausura del Estadio Azul, argumentando «la protección civil» de las familias futboleras, y ahora nadie entiende cómo funciona el table dance Pandora Night Club. Para la alcaldía ese establecimiento cumple con todos los temas de protección civil, lo que está en duda, además de lo que refiere a derechos humanos. Y, bueno, de apoyo incondicional y protección a la integridad de sus trabajadoras sexuales, ni hablamos. De las revisiones al establecimiento destaca el mal funcionamiento de cámaras de circuito cerrado, amén que ese giro negro asegura que solo guardan 8 días de grabaciones. El caso Pandora que fue revelado la semana pasada involucra a una trabajadora sexual y a un cliente. Se habla que en lugar hay «monta-abusos»; mujeres que se sientan en una mesa y le piden a los parroquianos les inviten una copa, con sobreprecio como es costumbre, y a la mañana siguiente después de un reporte de médico presentan una denuncian por «violación por tocamientos». Tal delito se le imputa a Juan Manuel Briseño, director financiero de Cruz Azul quien permanece desde hace año y medio en la cárcel, sin juicio y sin sentencia. Le obsequiaron prisión preventiva con el informe de la doctora Eunice Jandete Estrada, médico cirujana, no ginecóloga, quien figura entre los doce médicos que desde 2020 tienen una carpeta abierta en la Fiscalía de CDMX por emitir en 10 días un total de 1,835 actas de defunción, sin haber visto los cadáveres. Fue la misma doctora quien emitió un informe que con esos antecedentes se antoja a modo, y que lo admitió un juez, así sin más; sin fotos, incluso. La operación de Pandora Night Club debe revisarse, simplemente porque los videos son una protección para trabajadoras y clientes, y negarlos debe verse como una clara obstrucción de la justicia.