Compartir

¡Por fin!, el Senado aprobó una reforma para homologar el delito de feminicidio, que permitirá establecer un tipo penal y sanciones iguales en todo el país. México es una región de alto riesgo para las mujeres, diariamente son asesinadas 11. La calle no es segura.

 

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México, aunque la cifra podría ser mayor. En cuanto a homicidio doloso de mujeres, durante 2025 se registraron 2 mil 74 víctimas.

 

El feminicidio en México no es una tragedia aislada ni un fenómeno reciente: es una herida abierta que el Estado ha sido incapaz de atender y frenar. Las mujeres son asesinadas en un país donde nacer mujer implica enfrentar una violencia estructural que atraviesa todos los niveles sociales. Sin embargo, lo más alarmante no es solo la brutalidad de estos crímenes, sino la persistente impunidad e indiferencia institucional que los rodea.

 

Sí, la impunidad es uno de los principales factores por los cuales son asesinadas en México. La Red «Nosotras Tenemos Otros Datos» denuncia que la impunidad en feminicidios supera el 98%, contradiciendo cifras oficiales al señalar que solo una fracción de los asesinatos violentos de mujeres se investiga correctamente.

 

Además, alertan que diariamente ocurren múltiples violaciones y violencias familiares que quedan sin castigo. La red reporta que diariamente ocurren 605 denuncias de violencia familiar y 45 violaciones (incluyendo niñas), cifras que consideran solo la punta del iceberg.

 

Las cifras son tan escalofriantes como repetidas: decenas de mujeres asesinadas cada semana, miles de casos acumulados en la impunidad. Pero detrás de los números hay historias que el discurso oficial suele diluir. Hijas, madres, trabajadoras, estudiantes, cuyos nombres apenas sobreviven en notas rojas o en pancartas de protesta.

 

Representamos el 51.2% de la población total en el país. Sin embargo, niñas, jóvenes y adultas viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de agresión. El Estado de México, Veracruz, Sinaloa, Guanajuato y Nuevo León son las entidades donde hay más asesinatos de mujeres.

 

El feminicidio no ocurre en el vacío. Es el resultado de un entramado de negligencias: sociales y legales que no investigan con perspectiva de género, policías que desestiman denuncias, jueces que liberan agresores por fallas procesales, y sistemas de protección que llegan tarde o nunca. A esto se suma una cultura arraigada de machismo que normaliza la violencia contra las mujeres y la justifica bajo argumentos tan absurdos como peligrosos.

 

El gobierno, en sus distintos niveles, ha fallado en reconocer la magnitud del problema. Las alertas de violencia de género, concebidas como mecanismos de emergencia, se han convertido en trámites burocráticos sin impacto real. Se declaran, se anuncian, pero rara vez se traducen en políticas efectivas o recursos suficientes. En muchos casos, parecen más una estrategia para simular acción que una herramienta para salvar vidas.

México enfrenta una crisis de derechos humanos que no puede seguir siendo administrada con discursos. Se requieren acciones concretas. La narrativa gubernamental, en cambio, oscila entre la minimización y la evasión. Se insiste en que “ya se está atendiendo el problema” mientras la realidad desmiente cada declaración.

 

Prueba de ello, la precariedad de los refugios, la insuficiencia de programas de prevención y la ausencia de educación integral que cuestiona las raíces de la violencia. La respuesta institucional suele ser reactiva, nunca preventiva. Se actúa después del crimen, cuando ya es demasiado tarde y, aun así, muchas veces mal.

La sociedad civil, particularmente los colectivos feministas, ha tenido que asumir un rol que debería corresponder al Estado: visibilizar, acompañar, exigir. Han sido ellas quienes han puesto el tema en la agenda pública, quienes han documentado casos, quienes han presionado por cambios. Y, paradójicamente, también han sido criminalizadas por hacerlo.

Mientras eso no ocurra, cada feminicidio no será solo un crimen, sino una evidencia más de la omisión del Estado. Y en esa omisión, también hay responsabilidad. #NiUnaMás

 

Vericuentos

 

Relevos en el INE, ¿farsa?

 

Crece la polémica en el relevo de tres consejerías del INE, “casualmente” los finalistas son personas cercanas a Guadalupe Taddei, a la presidenta Sheinbaum y a Morena. Las suspicacias incluyen también que les pasaron el examen y de ahí los altos puntajes obtenidos, frente a los aspirantes con verdadera experiencia en la materia electoral. La oposición en Cámara de Diputados, califica el proceso como “tremenda farsa” y exige que se repita, pues no pueden ser electos consejeros electorales que estén en duda. Los panistas analizan la posibilidad de impugnar la elección y declararlo nulo. ¡Tómala!

 

¿Morena cambia dirigente?

 

Dicen que cuando el río suena… y en los pasillos de Morena crece el ruido de que su presidenta nacional Luisa María Alcalde Luján, deja el cargo y “su tiempo se acabó”. Todo indica que será pronto, porque están en puerta las encuestas para definir a sus candidatos, rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Luisa María lo niega, perooo aseguró que solo dejará esta responsabilidad si la mandataria federal Claudia Sheinbaum, la convoca a trabajar en la administración pública. En lenguaje político no quiere dejar de vivir del presupuesto y conservar un lugar en la #4T. ¡Vivilla desde chiquilla!

 

@guillegomora