Los tres órdenes de gobierno pueden coadyuvar a combatir cerca del 40% de los casos de extorsión que afectan a comerciantes en pequeño, empresarios y trabajadores independientes, así como a la ciudadanía en general, si se renuevan y fortalecen los programas de denuncia para erradicar las prácticas ilícitas cometidas por funcionarios públicos deshonestos, así como por organizaciones “representativas” del comercio popular que imponen cuotas obligatorias por el derecho a trabajar.
De lograrse este objetivo, se facilitaría el combate del 60% restante de los casos vinculados a grupos criminales, además de contribuir a reducir el alto nivel de impunidad, que actualmente alcanza el 99% de los casos, según datos de México Evalúa.
Así lo señalaron Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño SC), y Alberto Vargas, dirigente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social A.C. (MONACOS AC), organización que agrupa a locatarios de mercados públicos.
Ambos coincidieron en que la iniciativa presentada recientemente por la Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, Clara Brugada, podría tener impacto a nivel nacional y mejorar los resultados en el combate a la extorsión, delito que afecta gravemente la vida y el patrimonio de comerciantes y empresarios.
No obstante, Gerardo López advirtió que varias de las medidas anunciadas ya fueron implementadas en administraciones anteriores sin resultados efectivos, debido a que las denuncias suelen quedar atrapadas en procesos complejos ante el Ministerio Público, instancia actualmente rebasada por su carga de trabajo y bajo la responsabilidad de la Procuradora de Justicia, Berta Alcalde Luján.
A pesar de las promesas de atención pronta y con trato humano, la realidad dista de ello. Como ejemplo, recordó los saqueos a comercios ocurridos en el Centro Histórico el pasado 2 de octubre. A seis meses de los hechos, los avances han sido limitados: únicamente se ha otorgado apoyo económico para la reparación parcial de cortinas y la devolución de mercancía retenida como evidencia. Sin embargo, no hay resultados respecto a los grupos responsables de los actos delictivos, los cuales ocurrieron a la vista de las autoridades.
Limpiar la casa: una tarea pendiente
El presidente de ConComercioPequeño subrayó que una medida clave que podría implementar la actual administración sería combatir la llamada “extorsión burocrática”, ejercida por funcionarios que exigen pagos ilegales a cambio de facilitar trámites, suavizar inspecciones, evitar sanciones o atender casos denunciados
“Se han incrementado los casos de funcionarios que visitan negocios o envían intermediarios para exigir cuotas, advirtiendo que, de no cumplir, los establecimientos podrían ser clausurados”, señaló.
Otro claro caso de “corrupción burocrática” fue el intento de extorsión y negligencia que padeció la familia de Edith Guadalupe, cuando su familia acudió a la fiscalía para pedir su intervención ante el reporte de su desaparición. Las acciones de la autoridad no pueden concretarse a externar un “mea culpa”, solidarizarse con las víctimas o cambiar a los funcionarios. Los 32 años que la izquierda llega gobernando la Ciudad de México de manera continua exige un cambio de fondo para combatir le extorsión que realizan los funcionarios de la administración pública local, mencionó López Becerra.
Por su parte, Alberto Vargas recordó las denuncias públicas realizadas por comerciantes del Mercado Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza, quienes acusaron a funcionarios de cobrar supuestos “servicios” con la promesa de evitar el cierre de establecimientos que vendían animales, lo cual finalmente no ocurrió.
Asimismo, en la alcaldía Cuauhtémoc, locatarios de mercados han manifestado el acoso constante de funcionarios que exigen pagos indebidos para evitar la aplicación de sanciones o como intercambio de favores.
En este contexto, también se consideró necesario que líderes de organizaciones de comerciantes ambulantes, tianguistas y mercados sobre ruedas dejen de cobrar cuotas indebidas a sus agremiados, al tratar los espacios públicos como si fueran de su propiedad.
De igual forma, se hizo un llamado a las cámaras empresariales para reconsiderar el cobro obligatorio del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), ya que muchos comerciantes no perciben beneficios reales y, en cambio, son presionados para cumplir con este pago.
Finalmente, se destacó que la unión entre trabajadores independientes, comerciantes en pequeño y empresarios puede ser clave para impulsar acciones, con el respaldo de programas de denuncia eficientes y mecanismos de respuesta inmediata implementados por las autoridades, que permitan contener y reducir la llamada “extorsión burocrática”, cuya percepción ha ido en aumento en los últimos años.