La muerte de dos agentes de la CIA y el director de la Agencia de Investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua, ha generado un torbellino de inquietudes entre la clase política, fundamentalmente, y de total ignorancia en la mayoría de los opinadores de redes sociales.
Desde finales de los años cincuentas, muchos de los políticos mexicanos alineados con la izquierda se escandalizaban por las acciones de gobernantes federales por sus lazos con las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y, con justificada razón. El temor no era minúsculo ya que desde la CIA se operaron golpes de Estado en varios países de Latinoamérica, instigados desde la misma casa blanca. Esto ocurrió en Guatemala, Brasil y otras naciones.
Sin embargo, la colaboración desde Palacio Nacional (en aquel entonces desde Los Pinos) era cotidiana y hay un libro que deja clara esa colaboración: “Nuestro Hombre en México. Winston Scott y la Historia Oculta de la CIA” y que relata la forma en que la Ciudad de México se convirtió en “la Casablanca” de la Guerra Fría; un caldo de cultivo perfecto para espías, revolucionarios y asesinos.
En la actualidad, México no puede separarse de la armonía de la geopolítica internacional y de la batuta del gobierno en turno de Estados Unidos, sobre todo en los tiempos de Donald Trump. Al final de cuentas es nuestro principal socio comercial y aliado, en todos los sentidos de la palabra. Esto, más allá del discurso soberano y nacionalista. No en balde estamos en el proceso de revisión del T-MEC que le da al país la opción de mejorar sus condiciones comerciales.
La presencia de agentes estadounidenses en México no es, por sí misma, ilegal ni inédita. Lo que sí es jurídicamente delicado es el cómo, quién y para qué se autoriza esa presencia.
El caso de Chihuahua, donde murieron dos funcionarios estadounidenses, posteriormente identificados por fuentes oficiales de Estados Unidos, citadas por AP, Reuters, The Washington Post y The New York Times como integrantes de la CIA, junto con dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, volvió visible una zona oscura de las relaciones entre los vecinos incómodos.
La cooperación bilateral existe, pero en México debe pasar por control federal, no por arreglos autónomos de gobiernos estatales como ocurrió en este caso con el gobierno del PAN, de Maru Campos.
Esto motivó que la presidente Claudia Sheinbaum respondiera que su gobierno revisaría si hubo violación a la Ley de Seguridad Nacional.
Desde el gobierno de Andrés López Obrador, alias el pejelagarto, se endureció con reformas del 2020, la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 69, donde prevé que los agentes extranjeros sólo pueden intercambiar información (temporalmente). La circunscripción territorial lo debe resolver la Cancillería, que ahora encabeza Roberto Velasco.
Pero el articulo 71 es todavía más duro, ya que no pueden a esos agentes ejecutar leyes extranjeras en territorio nacional, como ocurrió con el secuestro del Mayo Zambada. Y la tesis de Sheinbaum es que Estados Unidos no puede realizar “operaciones conjuntas en campo”. Pero, en la práctica esto ha ocurrido aunque NO oficialmente, como paso con la captura y muerte del líder del CJNG, Nemesio Oceguera, donde la gente detectó a agentes con rasgos estadounidenses.
La presencia de personal estadounidense en México existe oficialmente, pero su naturaleza pública aceptable suele ser de enlace, inteligencia, capacitación, asistencia técnica y coordinación, no de sustitución del mando mexicano.
El gran problema del episodio de Chihuahua no es sólo que murieran dos agentes presuntamente de la CIA; es que el accidente reveló una posible desalineación entre cooperación real y control jurídico formal. En un país, como el nuestro, con una historia tan sensible frente a la injerencia estadounidense, esa desalineación pesa tanto como el hecho mismo.
Sin embargo, este incidente no prueba por sí solo una operación ilegal de la CIA en México, pero si exhibe que la cooperación bilateral puede desbordar sus causes normativos si no existe conducción federal estricta. Más que cancelar la cooperación Claudia debe someterla a una supervisión constitucional efectiva.
Queda completamente claro, que hay incomodidad del gobierno de izquierda cantinflesca de Morena, de aceptar la participación de Washington en la seguridad mexicana, hasta donde lo dejan, podría convertirse en un cogobierno operativo ante la ineficiencia de las autoridades federales mexicanas para combatir con efectividad a los grupos criminales de talla internacional que nacieron en el país.
México y Estados Unidos necesitan cooperar por que comparte una gran frontera y deben frenar el flujo de armas, drogas, lavado de dinero y presión migratoria. Entre más intensa sea la colaboración, con una claridad exacta del mando, competencia y responsabilidad, los resultados beneficiaran a México y Estados Unidos.
PODEROSOS CABALLEROS
LAZZERI: El nombramiento de Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos parece una apuesta técnica más que diplomática, diseñada para un momento en que la relación México-Estados Unidos gira alrededor de comercio, financiamiento, aranceles y revisión del T-MEC. Es un economista con experiencia en deuda pública, Hacienda, Nafin y Bancomext. Eso tiene lógica estratégica, para el gobierno mexicano. Washington en estos momentos exige interlocutores que entiendan cadenas de suministro, inversión, financiamiento y negociación económica dura. De alguna manera podrá, con los contactos que adquirió en Hacienda, disminuir la fuerte presencia de Marcelo Ebrard, en las negociaciones del T-MEC y en la Cancillería. En ese terreno, Lazzeri llega con credenciales sólidas y con cercanía al equipo económico del gobierno mexicano. Una embajada en Washington no sólo requiere pericia financiera; exige oficio político, manejo de crisis, cabildeo fino y lectura geopolítica. Hemos platicado con el actual director de Nafin y tiene sensibilidad política y no se duda que diplomática, también. Buena jugada del canciller Roberto Velasco y una señal del apoyo de Claudia a la SRE.
ESTADO POR ESTADO
PUEBLA: El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que en Puebla “se respeta la libertad de expresión” y lanzó una advertencia a sus funcionarios: si hacen uso del cargo que tienen para intimidar, amenazar o coartar la labor de los medios, reporteros y periodistas “les sacará tarjeta amarilla”. En una entrevista le preguntaron sobre la venta del medio E-Consulta propiedad del periodista Rodolfo Ruiz. Descartó que el cambio de dueño de dicho medio se deba a una injerencia del gobierno; aseguró que la administración respeta la labor de los reporteros en Puebla. Reiteró que tanto los medios de comunicación como los periodistas tiene el “respeto pleno” a sus actividades. Si alguien de su gobierno intenta minimizar o lastimar el derecho a la comunicación o a la información, “siempre defenderá (Armenta) el derecho de los comunicadores”.
TAMAILIPAS: La mortandad de peces en el sistema lagunario Chairel–Camalote, tuvo su origen en un fenómeno hidrológico asociado a la variación en los niveles de salinidad del agua, sin que existan indicios de contaminación química o riesgo para la población, confirmaron autoridades estatales y federales tras un operativo técnico de evaluación en la zona. Esta condición generó un entorno adverso para especies propias de agua dulce, que no lograron adaptarse a las nuevas concentraciones salinas, según el titular de Ecología, Karl Heinz Becker.
RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG): Tiendanube, plataforma de tiendas en línea en Latinoamérica liderada por Juan Martín Vignart destaca la transformación clave en el ecosistema emprendedor, el paso de operar un negocio a dirigir una empresa escalable. Según Statista, el ecommerce en la región podría concentrar 27% de los ingresos digitales al cierre de este año, colocando al país entre los seis mercados de mayor crecimiento a nivel global.
@vsanchezbanos