De nueva cuenta, el Verde y el PT se comportaron como esquiroles, y apoyan a fondo, las reformas para cambiar la elección de jueces y ministros para 2028. Y también todo lo electoral. Pretenden como causa de nulidad de procesos electorales la injerencia extranjera y aplazar hasta el 2028, la elección judicial.
Aunque por medio de incondicionales el gobierno de la llamada Cuarta Transformación tiene ya el control de los procesos electorales, no lo considera suficiente y por eso se prepara para una nueva y acelerada reforma constitucional que le asegure ese dominio y, de ser posible, reducir todavía más a la raquítica oposición. A toda costa buscan retener el poder, ya violaron los procedimientos, cuando repartieron una serie de cuestionarios para votar a los juces a mode de la cjuerta T.
Los únicos problemas que tiene para avanzar en ese proceso, están dentro de sus filas y las de sus asociados, pues también resultarían afectados con los cambios proyectados para asegurarse que durante largos años , no habrá quien les dispute la conducción del país. Que lo hagan bien o mal, ese ya es otro asunto.
Como otros muchos de sus proyectos, la anunciada reforma electoral se justifica con el pretexto de la austeridad, pues dos de los puntos principales del proyecto oficial es recortar el financiamiento público que se concede a todos los partidos políticos y disminuir el número de senadores y diputados federales, probablemente también de los legisladores estatales, pues ya se sabe que los cambios en la federación son inmediatamente replicados en las entidades federativas.
Con esas y otras acciones, como la desaparición de los organismos públicos locales electorales (OPLES), el erario federal dispondría de algunos miles de millones de pesos extras que expuestos así resultan impresionantes, pero que comparados con el enorme volumen del presupuesto federal -alrededor de nueve billones, resultan apenas unas gotas que pronto serán absorbidas por los oficialmente llamados programas sociales, pero que son en realidad gastos clientelares para asegurar los votos en futuros comicios, como los cada vez más cercanos de junio de 2027.
El documento de reforma electoral propuesto por el Ejecutivo tiene como lineamientos principales establecer una legislación única y la consecuente creación de un nuevo organismo nacional que ya hasta tiene título: Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual organizaría todos los comicios en la totalidad de las entidades federativas, con lo cual se justificaría la desaparición de los OPLES, con el consecuente ahorro en salarios e instalaciones.
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Calificado de cínico, corrupto, de estar ligado con los narcos de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió a declarar ante la fiscalía General de la República, en Culiacán, por investigaciones abiertas en su contra. Asistió a cumplir ese trámite rodeado por el manto de protección del gobierno de Morena. Estados Unidos lo quiere ver allá para que declare no solo por haber permitido que los narcos asesinarán a la gente y que negociaran todo tipo de narcóticos hacia el vecino del norte.
Rocha Moya también debe ser investigado por el asesinato del exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, cuando fue raptado el famoso narco el Mayo Zambada. Muchas son las imputaciones en contra del gobernador con licencia. Los vecinos lo quieren allá al igual que los otros nueve funcionarios que forman parte de esa lista. Dos de ellos se entregaron hace dos semanas.
El gobernador con licencia aseguró que atenderá cualquier llamado de la autoridad y que mantiene confianza en el sistema judicial mexicano. Eso lo declara pues desde hace un mes ha sido protegido por los funcionarios judiciales, empleados de los políticos de Morena.
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