La violencia política en México avanza en total impunidad, el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, alcalde panista de San Miguel Amatitlán, atacado a balazos dentro de su domicilio, confirma, una vez más la debilidad del Estado de Derecho en el país y la vulnerabilidad de nuestra democracia.
Joel Ángel Bravo Martínez, había solicitado protección, pero nunca llegó. En mayo fue asaltado y golpeado en comitiva. Nadie hizo nada. No se activó la protección del Estado. La violencia contra autoridades municipales en Oaxaca registra tres presidentes municipales, en funciones, asesinados entre mayo de 2025 y junio de 2026: Joel Ángel Bravo Martínez, Lilia Gema García Soto y Mario Hernández García.
De acuerdo a conteos en diversos medios, en apenas 21 meses, once alcaldes han sido asesinados en distintas regiones del país, una cifra alarmante que refleja no sólo el avance de la criminalidad organizada, sino también la vulnerabilidad de quienes ejercen la autoridad más cercana a los ciudadanos.
Detrás de cada uno de estos crímenes hay una historia de poder, disputas territoriales, intereses económicos ilegales y, sobre todo, una preocupante incapacidad institucional para garantizar la seguridad de los representantes populares. El fenómeno no es nuevo, pero su persistencia confirma la tragedia de los alcaldes en México.
Los municipios constituyen la primera línea de gobierno. Son las autoridades encargadas de atender los problemas cotidianos de la población, desde los servicios públicos hasta la seguridad local. Sin embargo, en amplias zonas del país, los alcaldes han quedado atrapados entre las exigencias ciudadanas y las presiones de grupos criminales que buscan controlar territorios, presupuestos, contratos y decisiones políticas.
La expansión de las organizaciones delictivas ha transformado a muchos municipios en espacios de disputa permanente. En algunos casos, los presidentes municipales son amenazados para permitir operaciones ilícitas; en otros, se convierten en obstáculos para intereses criminales y terminan pagando con su vida el intento de ejercer su autoridad. El resultado es devastador: gobiernos locales debilitados, comunidades atemorizadas y una creciente desconfianza hacia las instituciones.
Frente a este escenario, el desafío para los distintos niveles de gobierno es enorme. No basta con reforzar esquemas de protección personal para algunos funcionarios. Se requiere una estrategia integral que fortalezca las capacidades de los municipios, mejore la coordinación entre corporaciones de seguridad y garantice investigaciones eficaces que permitan castigar a los responsables. La impunidad sigue siendo uno de los principales incentivos para que estos crímenes continúen ocurriendo.
Cada asesinato de un alcalde representa mucho más que la pérdida de una persona. Es un atentado contra la representación democrática y contra la capacidad del Estado para ejercer control sobre su territorio. Cuando un presidente municipal es ejecutado, el mensaje que reciben los ciudadanos es que la violencia puede imponerse incluso sobre quienes fueron electos mediante el voto popular o impuestos por los grupos criminales.
Lo más preocupante es que estos hechos ya no generan la misma indignación nacional que en años anteriores. La repetición constante de ataques contra autoridades locales corre el riesgo de normalizar una realidad que debería resultar intolerable para cualquier democracia. La estadística se vuelve rutina y los nombres de las víctimas desaparecen rápidamente de la conversación pública, mientras las causas profundas permanecen intactas.
Así las cosas, la pregunta de fondo es cuánto tiempo más podrá sostenerse la democracia en aquellas regiones donde gobernar implica arriesgar la vida. México enfrenta una realidad incómoda. Mientras los alcaldes sigan siendo blanco de la violencia y la impunidad prevalezca, la autoridad del Estado continuará a prueba entre urnas y balas.
Vericuentos
¿Divorcio CNTE – Morena?
Rumbo a las elecciones intermedias de 2027, en Palacio Nacional, mandan al congelador a los líderes de Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La presidenta Sheinbaum, confirmó que no habrá más diálogo con ellos y que irán a consultar a los maestros directamente en agosto próximo. Sin embargo, la CNTE no se repliega y sus dirigentes advirtieron que mantendrán sus protestas y bloqueos para exigir que se cumpla la promesa de campaña de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa. Así que los aliados políticos de Morena continuarán con el paro nacional, las protestas y bloqueos que a afectan a miles de ciudadanos en la CDMX y en toda la República donde tienen representación. Saben que el partido en el poder los necesitará para el 2027 y encarecen el toma y daca, como ha sido siempre. ¡Sopas!
Segob vs Madres buscadoras
Sin el menor asomo de empatía y de vergüenza, la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que se investiga el origen de la ayuda a algunos asistentes a la marcha del pasado 10 de junio, donde diferentes colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de, al menos 10 entidades marcharon en Calzada de Tlalpan con destino al Estadio Ciudad de México para visibilizar esta causa. Convenientemente olvida el abandono, la indolencia del gobierno hacia estos grupos vulnerables que lo único que desean es justicia para ellos y sus familiares desaparecidos. Doña Vicky, madre buscadora e integrante del Colectivo Manos Buscadoras, le respondió: “Llegamos con pesos contados y hambre». Y le propuso que mejor investiguen donde están sus hijos” ¡Tómala!
@guillegomora