El gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el magnate Donald Trump, renovó las presiones sobre el régimen de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo para tratar de acelerar la lucha contra los cárteles de la delincuencia arraigados en nuestro país.
En apariencia, se trata sólo de acciones legítimas de la administración Trump en su muy reiterado esfuerzo por evitar que esas organizaciones criminales a las que ha calificado de terroristas continúen con su ilegal actividad de contrabandear drogas, en especial fentanilo, que envenenan a su población al grado de ocasionar decenas de miles de muertes cada año.
La mandataria mexicana sostiene que su equipo de trabajo se esfuerza al máximo para contener a esos cárteles, pero también ha demandado una acción más enérgica de las autoridades del vecino país al combatir a sus propios grupos delincuenciales, que son los que se encargan de la distribución de las drogas en las calles de sus ciudades, además de aplicar programas sociales tendientes a disminuir la demanda de enervantes.
En este punto es donde se registra el principal disenso entre los dos gobiernos, pues Trump y su larga lista de agencias de seguridad, insisten en que lo primero y más necesario es destruir a las organizaciones que producen y llevan las drogas hasta el territorio de la Unión Americana.
Esta tendencia se confirmó ayer, como apuntamos, desde dos puntos convergentes.
Uno, el anuncio del propio gobierno de la vecina potencia en el sentido de que aumenta a más de cien millones de dólares –uno dos mil millones de pesos– por la captura o informes fidedignos que lleven a la aprehensión de algunos de los dirigentes de cárteles considerados más peligrosos o poderosos por el momento.
Ese anuncio se originó en Washington y tuvo repercusión inmediata en nuestro país. El embajador estadunidense Ronald Johson, que ha dejado constancia en anteriores responsabilidades de actuar con toda energía, declaró que “todas las personas que hacen posible que operen organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) serán encontradas y rendirán cuentas”.
Sin dejar de lado el término “narcoterroristas” en relación con los capos buscados por sus autoridades, Johnson recordó que “los Estados Unidos anunciaron cargos penales contra altos líderes del CJNG y más de 100 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a su captura. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, y trabajando junto con las autoridades mexicanas, desmantelamos el liderazgo de los cárteles y hacemos que rindan cuentas quienes trafican narcóticos mortales, como el fentanilo, y generan violencia”, indicó.
De conformidad con su investidura de diplomático, Johnson dedicó palabras elogiosas a la presidenta Sheinbaum, aunque en realidad las declaraciones y los anuncios acerca de la intensificación de la lucha contra los cárteles refuerzan las ya conocidas presiones del régimen del beligerante gobernante de loa Estados Unidos. Es de recordar que previo a la intervención armada en Venezuela para prender al ahora preso ex presidente Nicolás Maduro, también aumentó la recompensa ofrecida a quienes facilitaran su captura.
Hasta donde ha trascendido, casi ningún venezolano intentó defender a su “querido” líder, que sólo fue resguardado, inútilmente, por sus guardianes cubanos.
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Nos comentan que a pesar del titular de la SEP, Mario Delgado, la educación privada en México atraviesa uno de los momentos de mayor transformación de las últimas décadas. Los cambios demográficos, la evolución tecnológica, la inteligencia artificial, la digitalización de los procesos de admisión y las nuevas expectativas de las familias están modificando la manera en que colegios y universidades atraen, convencen y retienen a sus estudiantes.
La disminución de la tasa de natalidad, la movilidad poblacional, el incremento en la competencia, la presión económica sobre las familias y la acelerada transformación digital están obligando a las instituciones educativas a replantear no sólo su oferta académica, sino también sus modelos de gestión, comunicación, admisiones y permanencia escolar.
La educación privada representa uno de los pilares del sistema educativo nacional. En México existen más de 20 mil instituciones particulares que atienden a más de cinco millones de estudiantes, desde educación inicial hasta posgrado, constituyendo un sector estratégico para el desarrollo educativo y económico del país.
Diversos estudios muestran que las instituciones privadas mantienen ventajas competitivas en aspectos como la enseñanza de un segundo idioma, la vinculación con el sector productivo, la innovación tecnológica y la rapidez para incorporar nuevos modelos educativos. Asimismo, la Encuesta Nacional de Egresados ha documentado mayores niveles de empleabilidad entre quienes concluyen sus estudios en instituciones privadas, donde alrededor del 53% de los egresados consigue empleo antes de finalizar su formación profesional.
Ante este escenario surge una pregunta que hoy comparten miles de directivos educativos: ¿cómo garantizar la sostenibilidad de una institución cuando el mercado cambió por completo?