La crisis que enfrentan los productores de aguacate en Michoacán no puede entenderse únicamente como un problema de comercio exterior. Detrás de cada suspensión de exportaciones, de cada amenaza y de cada extorsión existe una realidad más profunda: la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad a quienes sostienen una de las actividades económicas más importantes de la entidad.
El rentable impuesto criminal y las amenazas de los grupos delincuenciales obligaron a suspender las exportaciones hacia Estados Unidos y colocaron el problema bajo los reflectores. Hace tiempo la Fiscalía General de Michoacán reveló que, hasta 18 mil millones de pesos anuales obtienen los cárteles por el cobro de piso a productores de aguacate y limón en Michoacán.
Detalló que Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) considerado uno de los supuestos coautores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, obtenía alrededor de 7 mil 200 millones de pesos únicamente por las cuotas aplicadas al aguacate.
Grupos ligadose al Cártel Jalisco Nueva Generación imponen cuotas de entre cinco y seis pesos por kilogramo de aguacate durante la temporada alta. Los cobros se realizan en municipios como Uruapan, Tancítaro, Tacámbaro, Salvador Escalante y Ario de Rosales, considerados estratégicos para la industria.
Michoacán es el principal productor mundial de aguacate y este fruto representa el producto agrícola de exportación más importante del estado, con envíos constantes hacia Estados Unidos, Europa y Asia, lo que convirtió al sector en uno de los principales objetivos para la organización criminal.
Juan Carlos Venegas, empresario del sector, ha denunciado la gravedad de las amenazas que enfrentan los productores, alcanzado niveles críticos, evidenciando el fracaso de las estrategias de seguridad actuales, dejándolos atrapados entre la inseguridad y la incertidumbre comercial.
Sin duda, esa falta de claridad no es un asunto menor. Cuando la seguridad de personas, trabajadores e instituciones extranjeras está en riesgo, la comunicación oficial debe ser precisa, transparente y responsable. La incertidumbre alimenta la desconfianza y, en un sector tan expuesto a los mercados internacionales, también puede convertirse en un problema económico.
Pero sería un error reducir la discusión a la relación comercial con Estados Unidos. El verdadero desafío está dentro de Michoacán. Los productores no deberían tener que elegir entre continuar trabajando bajo el riesgo de ser extorsionados o abandonar una actividad que representa empleos, ingresos y desarrollo para miles de familias.
La existencia del llamado “Plan por la Paz y la Justicia de Michoacán” tampoco puede evaluarse por sus anuncios, sino por sus resultados. Si las extorsiones continúan, si los productores siguen sintiéndose vulnerables y si la violencia mantiene su capacidad para alterar incluso las cadenas de exportación, entonces es legítimo preguntar qué está funcionando y qué debe corregirse.
La seguridad no puede medirse únicamente por el número de operativos desplegados, patrullas movilizadas o comunicados emitidos. Se mide en la posibilidad de que un productor llegue a su huerta, trabaje, transporte su cosecha y comercialice su producto sin recibir amenazas ni pagar cuotas ilegales.
Por eso, la exigencia debe ser clara y razonable: seguridad efectiva para los productores. No se trata de pedir privilegios para una industria, sino de reclamar el cumplimiento de una obligación básica del Estado. El aguacate puede ser una mercancía estratégica, pero antes que eso representa el trabajo de comunidades enteras.
Michoacán necesita una estrategia de seguridad que ataque de manera sostenida a las redes de extorsión, proteja a productores y trabajadores y genere condiciones confiables para la actividad económica. La reapertura de las exportaciones es necesaria, pero será insuficiente si la violencia permanece intacta.
El reto para las autoridades no es únicamente conseguir que el aguacate vuelva a cruzar la frontera. Es conseguir que quienes lo producen puedan hacerlo sin miedo. Esa debería ser la verdadera medida del éxito de cualquier estrategia de seguridad.
Vericuentos
Sheinbaum recibe a CNTE
Reza la sabiduría popular que “más vale tarde que nunca” y la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el 13 de agosto en Palacio Nacional. Sí, aquellos del plantón y las movilizaciones que afectaron a miles de personas en mayo pasado y que estuvieron a punto de boicotear el mundial de fútbol. Yenni Aracely Pérez Martínez, lideresa de la sección 22, logró la cita, durante una gira de la presidenta por Oaxaca y ahora viene a reclamar las prebendas que les otorga el Gobierno, cuando los recibe. En “radio pasillo”, dicen que la Presidenta buscará restablecer el diálogo con los maestros disidentes, rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Confirmando aquello de que en política no hay amigo sino intereses. ¡Tómala!
UIF vs. Narcocandidatos
Bajo la lupa de EE.UU. el gabinete de seguridad mexicano se prepara para revisar los expedientes de los candidatos a puestos de elección popular que participarán el año próximo. La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza investigaciones permanentes de alertas que tiene, tanto nacionales como extranjeras, sobre lavado de dinero y está abierta a recibir solicitudes sobre supuestos nexos de personas candidatas con el crimen. ¿Será que empiecen por los de casa? ¡Sopas!
@guillegomora