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Ante la falta de políticas públicas que acompañen a las y los deportistas al término de su carrera, las diputadas de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco y Paola Longoria, presentaron una iniciativa para atender el vacío institucional que hoy se traduce en dificultades para acceder a oportunidades educativas, laborales y económicas tras el retiro deportivo.

La propuesta parte de que miles de atletas inician su formación desde edades tempranas y destinan gran parte de su tiempo al entrenamiento y la competencia, lo que en muchos casos limita o retrasa su desarrollo académico y profesional. Si bien esta dedicación es clave para alcanzar el alto rendimiento, también evidencia la necesidad de políticas que fortalezcan habilidades complementarias y faciliten la transición hacia una segunda carrera.

En este contexto, la iniciativa plantea que la responsabilidad del Estado no concluye con la última competencia, sino que debe extenderse al proceso de retiro. A nivel internacional, países como España, Reino Unido y Australia, así como el Comité Olímpico Internacional, ya cuentan con programas permanentes de acompañamiento; sin embargo, en México no existe un marco jurídico que obligue a diseñar e implementar estas políticas de manera integral.

La reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte propone definir el Retiro Deportivo de Alto Rendimiento como un proceso de transición —voluntario o involuntario, temporal o definitivo— que implica la adaptación a una nueva etapa de desarrollo personal, educativo, profesional y social.

Además, establece que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en coordinación con los tres órdenes de gobierno y los integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, deberá promover políticas, programas y acciones para preparar, acompañar y dar seguimiento a este proceso.

Entre las medidas previstas destacan: orientación para planificar el retiro; continuidad o conclusión de estudios; asesoría vocacional y profesional; capacitación para el empleo y el emprendimiento; vinculación con instituciones educativas y el sector productivo; educación financiera; acompañamiento psicosocial durante la transición, y promoción de la actividad física con fines recreativos y de salud.

Con ello, la iniciativa busca sentar las bases de una política pública integral que reconozca que el retiro deportivo no es el final del desarrollo de las personas atletas, sino el inicio de una nueva etapa que requiere respaldo institucional.