Hay crisis que estallan en las calles y hay otras que avanzan en silencio, expulsando familias de sus hogares sin que el gobierno de México parezca darse por enterado. El desplazamiento interno de más de 390 mil personas, provocado por la violencia pertenece a esta segunda categoría: la tragedia de quienes huyen de su casa.
Detrás de cada cifra hay una familia que cerró la puerta de su casa, abandonó sus tierras y emprendió una huida dentro de su propio país. Una crisis que se agudiza mientras la discusión pública se concentra en estadísticas de homicidios, operativos, detenciones y disputas políticas.
El Observatorio de Desplazamiento Interno contabilizó en 2025 más 390 mil personas desplazadas internamente, cifra que incluye desplazamientos asociados a violencia y otros conflictos, además de otros factores climáticos y laborales registrados por el organismo.
No es una cifra menor. Es el equivalente a una ciudad entera obligada a cambiar de vida. Y lo más grave es que ni siquiera conocemos la dimensión completa del problema. México carece de un sistema nacional sólido y sistemático para registrar a las personas desplazadas por la violencia.
El informe “Travesías Forzadas: desplazamiento interno en México 2024”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, documentó al menos 15 mil 795 personas desplazadas internas en 73 eventos ocurridos durante 2025 en 11 estados del país.
El estudio identificó que el 83% de los desplazamientos estuvieron relacionados con violencia vinculada a la criminalidad organizada, mientras que entidades como Sinaloa, Chihuahua y Michoacán concentraron la mayor cantidad de casos.
Guerrero, recientemente se colocó a la cabeza de ésta crisis, la población de 19 comunidades afectadas por la violencia en los municipios de Atlixtac, Chilapa de Álvarez, Olinalá y Zapotitlán de Tablas, obligó al gobierno federal a brindarles atención a través del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero.
Sin duda, Los porcentajes deberían provocar algo más que preocupación: deberían provocar vergüenza institucional. Porque nadie deja su casa, su parcela, su negocio, su escuela o su comunidad por gusto, sino cuando las amenazas, la extorsión, los secuestros, los asesinatos y los enfrentamientos convierten la vida cotidiana en un desafío por sobrevivir.
Drones, extorsión y miedo, definen la nueva geografía del desplazamiento en México. La incorporación de nuevas tecnologías a la violencia criminal, forman parte de los mecanismos utilizados para atacar comunidades y sembrar terror.
En México se libra una guerra no declarada, desde hace años, por grupos del narcotráfico y el crimen organizado que disputan el control territorial. Observe a su alrededor y confirmará estas batallas que afectan a miles de personas ante la indiferencia o complicidad de las autoridades.
El crimen organizado ha convertido el territorio en mercancía. Controlar una carretera, una comunidad, una frontera o una ruta comercial significa controlar también la vida de quienes habitan esos lugares.
En distintas regiones, la extorsión, el reclutamiento forzado, los secuestros y los homicidios forman parte de una maquinaria de control social. El informe de la Ibero señala que 86 por ciento de las personas desplazadas documentadas en 2024 lo fueron por violencia ejercida por la criminalidad organizada.
Imagine que vive en Zacatecas, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Chiapas y Guerrero, entidades controladas por el narcotráfico, y tuviera unas horas para huir y salvar su vida. ¿Qué se llevaría? La ley del miedo se ha impuesto y transformado al país.
Así las cosas, el desplazamiento es, en esencia, la derrota del Estado frente a quienes consiguen imponer su ley mediante el terror. La crisis ya está aquí. Lo verdaderamente peligroso es que México se haya acostumbrado a verla pasar.
Vericuentos
Extorsión imparable
El México real se impone a las cuentas alegres del gobierno federal, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la extorsión alcanzó su nivel más alto en 11 años, con 6,562 víctimas registradas en el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento del 9.17% respecto a 2025. Los cinco estados con mayor nivel de extorsión son: Morelos, Tabasco, Estado de México, Zacatecas y Guerrero. Sin duda, la estrategia de las autoridades no da resultados y el ciudadano sigue a merced de la delincuencia organizada. Prueba de ello es que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que 97 por ciento de los casos de extorsión no se denuncia ni se registra, por lo que las cifras oficiales representan apenas una pequeña fracción del fenómeno. ¡Uff…Sálvese quien pueda!»
Cifras engañosas
Con bombo y platillo se presumió la reducción de los homicidios dolosos en un 51%. Sin embargo, los analistas difieren sobre el porcentaje real de esta disminución y sus causas de fondo. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, señaló que la reducción de homicidios que presume el Gobierno Federal no es correcto, aunque consideró creíble una disminución de 15%. Advierte que la baja de homicidios sería mucho menor a la reportada por el Gobierno, debido a que algunos cuerpos podrían estar siendo escondidos, sin que se dé seguimiento a las personas desaparecidas. ¡Tómala!
@guillegomora