El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) votó por mayoría en contra del proyecto de Lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos sometido a su consideración, al señalar la necesidad de un análisis más amplio sobre sus alcances y fundamento jurídico, así como de una construcción colegiada. La determinación se refiere a esta propuesta y no cierra la posibilidad de emitir lineamientos en la materia.
Las diferencias de criterios al interior del Consejo General no deben traducirse en cuestionamientos sobre la capacidad del INE para cumplir sus responsabilidades constitucionales, afirmó la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, al sostener que el Instituto mantiene plenamente vigentes sus facultades y continúa desarrollando las tareas que le corresponden en materia electoral.
“El INE no se detiene ante las acusaciones intimidatorias, perversas o intentando desacreditar la actuación del árbitro electoral. La organización no se detiene por las críticas y cuestionamientos que se formulen aún en este órgano colegiado”, especificó.
En sesión extraordinaria en donde explicó su voto en contra del proyecto de Lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos relacionados con los procesos electorales federal y locales concurrentes 2026-2027, reconoció que el documento incorporó ajustes en materia de procesos locales, protección de datos personales, fiscalización e Inteligencia Artificial.
Sin embargo, Taddei Zavala recordó que el mismo Consejo General rechazó una primera versión de este proyecto en mayo pasado y estimó que la propuesta presentada conserva el mismo propósito: “establecer un régimen especial de obligaciones y controles para los llamados procesos políticos”. En ese sentido, planteó la necesidad de identificar con claridad el fundamento y alcance de las obligaciones propuestas y su relación con las facultades previstas actualmente en el marco jurídico.
Subrayó que el debate en torno al proyecto de lineamientos sobre procesos políticos no supone una disminución de las atribuciones de la autoridad electoral nacional, ya que el INE conserva sus facultades de fiscalización, investigación y vigilancia conforme al marco jurídico vigente, por tanto, “no representa una renuncia a nuestras responsabilidades”.
La Presidenta del INE también manifestó que el proyecto no fue trabajado previamente con las consejerías ni socializado con las representaciones partidistas. “Esa forma de proceder termina por dinamitar la colegialidad que todos invocamos”, puntualizó.
Destacó que sigue abierta la revisión de una propuesta para profundizar su análisis técnico y jurídico. “Esta discusión, por tanto, no representa una renuncia a nuestras responsabilidades ni el derecho a disentir desaparece bajo ninguna circunstancia”, agregó.
La Consejera Presidenta expresó preocupación por las afirmaciones que pudieran generar la percepción de que el Instituto dejó de cumplir sus funciones, perdió capacidad para vigilar o pone en riesgo la confianza en las elecciones que organiza. “Con respeto a quienes sostienen esas posiciones, por supuesto, tajantemente, no las comparto”, aseveró.
Taddei Zavala detalló que el Instituto desarrolla actualmente 104 actividades relacionadas con la organización del proceso electoral 2027 y valoró el trabajo de cerca de 19 mil personas que integran la institución en todo el país.
Por ello, convocó a las consejerías y a los integrantes del Instituto a mantener un debate serio, con argumentos y respeto a las decisiones colegiadas. “Podemos sostener posiciones distintas y cumplir una misma responsabilidad: cuidar el trabajo del INE y ofrecer certeza a la ciudadanía”, estableció.
En la misma sesión se argumentó que la propuesta de la Consejera Carla Humphrey Jordan y los consejeros Arturo Castillo Loza y Martín Faz Mora tenía como objetivo establecer directrices para fiscalizar desde ya los gastos relacionados con los procesos políticos, de tal manera que si llegaran a constituir actos anticipados de precampaña o campaña, puedan ser contabilizados dentro de los topes de gastos respectivos.
Durante la discusión, las consejerías que se pronunciaron en contra del proyecto argumentaron que algunas de sus disposiciones podrían invadir ámbitos de competencia de los Organismos Públicos Locales (OPL) y que los criterios y obligaciones propuestos requieren una valoración técnica y jurídica más profunda. También expresaron preocupación por el proceso de construcción del documento y por la falta de discusión previa con todas las consejerías.
Entre los argumentos expuestos por la Consejera Norma De La Cruz Magaña y los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona y Arturo Chávez López se resaltó que los procedimientos especiales sancionadores, las facultades de fiscalización, investigación y vigilancia del Instituto, así como la actuación de los OPL y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, constituyen instrumentos ya previstos para atender las conductas que se busca regular. Asimismo, se advirtió sobre la necesidad de revisar las disposiciones del proyecto para evitar duplicidades y contradicciones con la legislación vigente.