Morena llegó al poder con promesas que le permitieron construir buena parte de su identidad política: acabar con la corrupción y terminar con los privilegios de quienes utilizaban el gobierno para enriquecerse.
El huachicol fiscal ha puesto tales promesas bajo una presión creciente. No porque todos los señalamientos contra figuras del oficialismo estén probados, sino porque las investigaciones han colocado en el centro del debate una pregunta incómoda para el partido gobernante: ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar para investigar a los suyos?
Es un hecho que la corrupción existe y que hay nombres y apellidos de quienes se enriquecen dentro de Morena con esta práctica que, según la consultora PETROIntelligence, genera pérdidas por importaciones ilegales de combustibles por más de 177 mil millones de pesos anuales, según sus estimaciones difundidas sólo en 2026.
El huachicol fiscal ha generado un impacto estimado de hasta 600 mil millones de pesos al erario, según la Procuraduría Fiscal de la Federación. Para el periodo de septiembre de 2025 a junio de 2026, Hacienda reportó operaciones con 109.4 millones de litros de hidrocarburos no declarados y una recaudación asociada de 4 mil 600 millones de pesos, sin que esas cifras constituyan una estimación del quebranto total correspondiente a 2026.
Pero además de lastimar la economía nacional ¿Hasta qué punto los escándalos del huachicol han erosionado la confianza en Morena y puesto en tensión su discurso contra la corrupción?
Para responderla con rigor, conviene distinguir entre el impacto político de las investigaciones, las responsabilidades que se han acreditado y los cambios efectivos en las preferencias electorales. Que un caso genere desgaste público no significa, por sí solo, que se haya traducido en una caída de votos.
El problema dejó de ser exclusivamente el robo de combustibles. Las investigaciones sobre redes de contrabando, evasión fiscal y presunta participación de funcionarios han abierto un frente político que alcanza a instituciones federales y personajes de distintos niveles en la estructura del poder público.
La dificultad consiste en que la corrupción no se mide únicamente por el número de detenidos, sino también por la capacidad de las autoridades para llegar hasta quienes pudieron beneficiarse de los negocios ilícitos, independientemente de su posición política.
Y es ahí donde el huachicol comienza a cobrar una factura de credibilidad.
Las cifras del desgaste
Los sondeos disponibles muestran señales de deterioro en la percepción pública de Morena, aunque no permiten atribuir ese cambio exclusivamente al huachicol.
Una encuesta del Pew Research Center, levantada entre el 20 de febrero y el 10 de abril de 2026, registró que 61 por ciento de los adultos mexicanos tenía una opinión favorable de Morena, frente a 78 por ciento en 2025. Se trata de una caída de 17 puntos porcentuales en la valoración del partido. La medición, sin embargo, no demuestra que el escándalo del combustible sea la causa de ese descenso.
La encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio, publicada en septiembre de 2026, también registró una reducción de siete puntos en la intención de voto por Morena respecto al año anterior: el partido obtuvo 41 por ciento de las preferencias electorales brutas. La inseguridad y las controversias relacionadas con posibles actos ilícitos figuraban entre los asuntos que complicaban el balance del gobierno.
Los datos importan por lo que muestran y por lo que no permiten concluir. Morena conserva una base electoral considerable, pero su respaldo no es inamovible. Y la combinación de inseguridad, corrupción y dudas sobre la rendición de cuentas puede erosionar la confianza que ha sostenido su predominio político.
El desgaste no significa, automáticamente, una derrota electoral. Significa que el partido ya no puede dar por descontado que su marca política de adalid contra los corruptos lo protegerá de cualquier controversia, porque los acusados de corrupción ahora están en sus filas.
La presión aumentó cuando el debate sobre el huachicol fiscal alcanzó a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y figura de la estructura de Morena.
Una medición de México Elige, difundida en septiembre de 2026, encontró que 58 por ciento de los encuestados estaba muy o algo de acuerdo con los señalamientos que lo vinculaban como presunto responsable del huachicol fiscal; 37.7 por ciento manifestó desacuerdo. Son respuestas sobre una acusación, no una resolución judicial ni una prueba de culpabilidad. Tampoco equivalen a una medición directa del efecto del caso sobre el voto por Morena.
Pero revelan una dificultad política: cuando las sospechas alcanzan a personas cercanas al núcleo histórico del movimiento, el discurso anticorrupción queda sujeto a una prueba más exigente. Los ciudadanos pueden preguntarse si las reglas son las mismas para todos o si la cercanía con el poder establece diferencias.
La responsabilidad de responder corresponde a las autoridades mediante investigaciones verificables y procedimientos legales. La responsabilidad política de Morena consiste en evitar que la defensa de sus dirigentes sustituya la exigencia de esclarecer los hechos.
Si las acusaciones carecen de sustento, las investigaciones deben demostrarlo. Si existen pruebas de delitos, deben producir consecuencias legales. Lo que no puede resolver la controversia es el intercambio de acusaciones entre partidos.
El caso ofrece municiones al PAN, al PRI y a Movimiento Ciudadano, pero no les garantiza una ganancia electoral. La oposición necesita algo más que señalar contradicciones: debe demostrar que puede exigir rendición de cuentas sin aplicar criterios selectivos y presentar propuestas creíbles para combatir las redes de corrupción.
Y ahora, inclusos los aliados de Morena, en concreto el PT, lanza acusaciones contra figuras del partido en el poder como el gobernador de Hidalgo,
Julio Menchaca, quien ha recibido reclamos de los legisladores petistas, y parecen ya no ser sus aliados porque han generado una gran campaña en su contra, y hay quienes, incluso, le llaman “el Rey del Huachicol”.
Acusaciones que cobran relevancia según las cifras dadas a conocer por el coordinador de los diputados federales del PRI; Rubén Moreira, quien señaló que Hidalgo es líder en el robo de combustible, y las cosas empeoran, de enero y junio de 2026 se contabilizaron 1,467 tomas clandestinas, lo que representa un incremento de 17.64 % frente al mismo periodo del año anterior. El estado gobernado por Morena concentra 29.8 % del total nacional.
Frente a este delito que deteriora a niveles históricos la economía y seguridad la pregunta relevante es si las instituciones pueden desmantelar las redes, recuperar los recursos que correspondan y sancionar a quienes hayan cometido delitos, sin importar sus relaciones políticas y/o filiaciones políticas.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una disyuntiva política: impulsar investigaciones que lleguen hasta donde conduzcan las pruebas o permitir que la percepción de protección a determinados personajes se instale en el debate público.
La primera ruta puede generar tensiones dentro del oficialismo, pero ofrece la posibilidad de demostrar que el combate a la corrupción no depende de la identidad del investigado. La segunda alimentaría las dudas sobre la consistencia de una de las principales promesas de la llamada Cuarta Transformación.
No hay que confundir, sin embargo, el desgaste de imagen con un derrumbe electoral. Morena sigue contando con una base amplia y con ventajas frente a sus competidores en distintas mediciones. El respaldo a los programas sociales, la identificación política construida durante los últimos años y la fragmentación de la oposición son factores que pueden amortiguar el impacto de los escándalos.
Eso no elimina el riesgo. Lo vuelve más complejo: un partido puede conservar una ventaja en intención de voto y, al mismo tiempo, perder credibilidad entre sectores de la población. También puede ocurrir que el descontento no se traduzca en apoyo a otra fuerza política, sino en abstención, indecisión o una menor disposición a defender al oficialismo.
La verdadera factura del huachicol para Morena no se conoce todavía. Las encuestas disponibles registran cambios en la opinión pública y en las preferencias electorales, pero no permiten establecer cuánto corresponde específicamente a estos expedientes.
Lo que sí está en juego es la credibilidad de una promesa. Morena construyó parte de su legitimidad con la idea de que el cambio político significaría una ruptura con las prácticas de corrupción del pasado. Por eso, cada investigación que alcanza a funcionarios, empresarios o personajes cercanos al poder tiene un significado que va más allá del combustible contrabandeado y de los recursos fiscales presuntamente evadidos.
En política, las promesas también generan obligaciones. Y cuando un movimiento llega al gobierno después de presentarse como alternativa moral frente a sus adversarios, la exigencia de congruencia se vuelve inevitable.
El huachicol puede convertirse en un factor de desgaste para Morena, pero el alcance de ese efecto dependerá de lo que ocurra a continuación: la solidez de las pruebas, la transparencia de las investigaciones, las sanciones que procedan y la disposición del gobierno a no establecer excepciones.
Porque la pregunta que terminará pesando sobre el oficialismo no será solamente quién robó combustible o evadió impuestos, sino si el poder está dispuesto a investigar sin proteger a nadie, lo malo es que desde el púlpito de la mañanera se demuestra poca o nula voluntad de perseguir a los propios.