Una vez más, el Instituto Nacional Electoral (INE), encara una severa crisis de legitimidad y credibilidad. La caja chica en la que lo convirtió su expresidenta, Guadalupe Taddei, para sus amigos y familia, lo colocan en una difícil posición rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
Su trabajo como árbitro deja mucho que desear, los desacuerdos dentro y fuera del Consejo General reflejan el déficit de confianza y legalidad hacia las instituciones en México. Los 11 consejeros se han convertido en una burocracia dorada de funcionarios electorales, que no logran sobreponer su responsabilidad ciudadana a las simpatías o compromisos con sus padrinos políticos.
El INE está ante su hora decisiva: recuperar la autonomía y devolverle la democracia a la ciudadanía. La crisis que atraviesa no puede entenderse como un simple conflicto administrativo, una disputa entre consejeros o un desacuerdo por la distribución de cargos y facultades.
Lo que está en juego es mucho más profundo: la independencia de la institución responsable de organizar las elecciones, garantizar los derechos político-electorales y preservar las condiciones de competencia democrática en México.
Cuando la autoridad electoral enfrenta cuestionamientos sobre su conducción, su operación, sus contrapesos y su capacidad para actuar sin presiones políticas, la preocupación deja de ser interna y se convierte en un asunto de interés nacional, como lo estamos viviendo hoy.
No hay que olvidar que el INE nació de una exigencia histórica de la sociedad mexicana, harta de la concentración de poder del partido hegemónico y de la “caída del sistema” en 1988 que impulsó cambios institucionales.
Así, en 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo que posteriormente adquirió autonomía respecto de la Secretaría de Gobernación, para contar con una autoridad electoral capaz de generar confianza, ofrecer certeza y evitar que quienes ejercen el poder político tengan el control de las reglas con las que se accede a ese mismo poder.
Su autonomía no fue una concesión de los gobiernos ni un privilegio de sus funcionarios. Fue resultado de décadas de lucha ciudadana por construir instituciones que respondieran al interés público y no a los intereses de un partido o de una administración.
Por eso, la crisis actual obliga a revisar el rumbo institucional y, sobre todo, a discutir qué significa realmente la autonomía electoral. No basta con que esté escrita en la Constitución si, en la práctica, las decisiones fundamentales pueden concentrarse en una sola persona. La independencia también se construye mediante contrapesos, decisiones colegiadas, transparencia y mecanismos efectivos de vigilancia.
Uno de los aspectos que merece especial atención es la concentración de facultades en la Presidencia del Consejo General. La reforma legal de octubre de 2024 modificó las reglas para que la Presidencia pudiera designar directamente a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin requerir la aprobación del Consejo General.
La autonomía no puede convertirse en una palabra utilizada para justificar decisiones discrecionales. Tampoco puede confundirse con la ausencia de rendición de cuentas. Por el contrario, una autoridad verdaderamente independiente debe ser la primera interesada en transparentar sus procedimientos, explicar sus decisiones y permitir que sus actuaciones sean revisadas.
Sería un error suponer que recuperar su independencia significa ignorar posibles irregularidades, proteger funcionarios o evitar investigaciones. La autonomía debe servir para garantizar que las responsabilidades se determinen con imparcialidad, sin encubrimientos y sin interferencias partidistas.
Así las cosas, ¿puede una institución garantizar elecciones imparciales cuando sus mecanismos internos de decisión pierden contrapesos? Ojalá el Congreso dominado por Morena reflexione y no les gane la avaricia política, en juego está la autonomía del INE y la democracia en México.
Vericuentos
Extorsión ahuyenta inversión
El México real se impone a las cifras alegres del gabinete de seguridad. Una investigación de México Evalúa, revela que la extorsión se concentra cada vez más en corredores industriales, comerciales y agroalimentarios del País, al ser los principales focos de desarrollo económico y acumular el 85 por ciento de las víctimas. Tres regiones estratégicas para la manufactura, el comercio y el T-MEC (Centro, Bajío–Occidente y Norte) concentran este delito que se desplazó hacia entidades no priorizadas originalmente dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y se concentra a nivel micro: sólo 42 municipios (menos del 6% de los que registran el delito) reúnen la mitad de las víctimas nacionales. Durante 2026, 729 municipios registraron al menos un caso de extorsión, pero únicamente 42 de ellos concentran el 50% de las víctimas. La intensidad del delito suele ser mayor en municipios periféricos y corredores industriales (como el eje Irapuato–Salamanca–Celaya o el oriente de Morelos) que en las principales ciudades de cada estado. ¿Hasta cuándo?
Elecciones EE.UU.
Al cierre de la columna, poco se conocía de los resultados electorales en Estados Unidos, pero conviene tomar en cuenta el análisis de Integralia Consultores, que advierte que el triunfo de los demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos podría provocar mayor presión sobre México en materia de seguridad por parte del presidente Donald Trump, pues a mayor control por parte del partido opositor, el mandatario estadounidense podría centrar su agenda en la seguridad. De acuerdo con Integralia, el combate al narcotráfico cuenta con mayor consenso entre demócratas y republicanos que otros asuntos internacionales. En cuanto a la política migratoria, la consultora destaca que seguirá siendo una prioridad de Trump, independientemente de la composición del Congreso. ¡Tómala!
@guillegomora