Hay una tormenta que se está formando en la agenda de Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía, y tiene que ver con el gas LP.
La distribución de ese combustible, del que dependen tres de cada cuatro hogares mexicanos, enfrenta presiones económicas que comienzan a poner en riesgo su reparto en distintas regiones del país.
Resulta que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), que preside Lourdes Medina, advirtió que los precios máximos establecidos por el gobierno federal se están quedando rezagados frente a lo que realmente cuesta llevar el gas hasta casas y negocios. Tan solo durante la segunda semana de noviembre, el margen operativo se ubicó en 5.27 pesos por kilogramo, cuando la referencia para este año es de 6.06 pesos.
En otras palabras, las gaseras cuentan con menos recursos para dar mantenimiento a pipas y cilindros, pagar salarios, cubrir seguros y sostener los recorridos de distribución, una situación que también comienza a preocupar por sus implicaciones para la seguridad del servicio.
Parte del problema viene de la producción de gas LP de Pemex que lleva Carlos Carpio Fragoso que cayó 16.8 por ciento entre enero y septiembre de este año. Esto ha llevado a las distribuidoras a recurrir con mayor frecuencia a proveedores extranjeros, justo cuando el combustible registra aumentos importantes en el mercado internacional. Para muestra, la referencia del propano en Texas se encareció cerca de 67 por ciento entre agosto y octubre pasados.
Pero hay otro asunto que merece especial atención: las comunidades rurales y marginadas que en invierno necesitan más del combustible, pero donde las empresas deben recorrer mayores distancias para realizar entregas.
La pelota está en la cancha de la Secretaría de Energía luego que Amexgas ha solicitado revisar ajustes por inflación, fletes y claro, las diferencias regionales porque garantizar precios accesibles también exige mantener condiciones para que el gas siga llegando de manera segura a los hogares mexicanos.
La ruta del dinero
1.Nada que ahora los trabajadores del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) piden al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo su intervención para que se investigue el destino de 600 millones de pesos producto de cuotas sindicales y por la venta del patrimonio inmobiliario de la agrupación que tiene como secretario general a Alejandro Martínez Araiza. El exhorto va en el sentido que el SAT de Antonio Martínez Dagnino audite y en su caso sancione al líder sindical quien, por cierto, tampoco ha dado cuentas de dónde quedó ese dinero.
2.Grupo Herdez de Héctor Hernández-Pons Torres lleva casi dos décadas en tribunales por una demanda laboral iniciada en 2007. En aquel litigio, la abogada Irene León Escamilla habría puesto a un trabajador inexistente para reclamar una indemnización millonaria, maniobra que hoy la tiene presa y acusada formalmente de fraude procesal por la FGR. Ahora se cuestiona el juicio, aprovechando la captura en Colombia del juez federal Luis Benítez Alcántara —quien llevó parte de esa causa y fue detenido por un asunto ajeno al caso—, pero la carpeta se sostiene en resoluciones de otros juzgadores y tres pruebas clave: un oficio del IMSS que descarta registros laborales del supuesto empleado, Alfredo Jorge Colín Huerta; el testimonio de Recursos Humanos negando su contratación; y la confesión escrita de León Escamilla quien reconoció el montaje orquestado por su entonces jefe, Humberto Cavazos Chena.