Las acusaciones presidenciales contra empresas específicas a sazón de los recursos legales con que el juez Juan Pablo Gómez Fierro contuvo la contra reforma eléctrica, elevó el grado de enfrentamiento del gobierno federal con el sector privado y puede terminar de apagar el motor de la inversión para el mercado interno y con ello afectar las posibilidades de recuperación económica sino para la segunda parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Al interior de las cúpulas y grupos empresariales se vive la disyuntiva de apechugar a todos y cada uno de los embates y señalamientos presidenciales para mantener abiertos los pocos puentes de dialogo que se mantienen a través de la Consejería Jurídica, del canciller Marcelo Ebrard, de la secretaria Tatiana Clouthier y de Alfonso Romo… o salir a atajar los señalamientos pero con el riesgo de que -como han visto en 25 meses- se desaten en acciones legales y punitivas en contra.
Es una trampa por ahora sin salida: callar es consentir, responder es arriesgarse a la fuerza del estado.
El Grupo de los 10 de Monterrey procuró “llevar la fiesta en paz” tanto en la relación directa con el primer mandatario como a través del Consejo Coordinador Empresarial, pero a sazón de la llamada Ley Combustóleo la posición se endureció mediante Carlos Salazar Lomelí, quien advirtió sobre los 75 mil millones de pesos que pagarán familias y empresas al privilegiarse el despacho en la red eléctrica nacional la energía más cara (y contaminante) elaborada por la CFE de Manuel Bartlett. Pero que FEMSA de José Antonio “El Diablo” Fernández haya salido públicamente a rechazar que las 24 mil tiendas Oxxo “roben” electricidad, representó escalar el desencuentro.
Sucedió lo mismo con Bimbo, de Daniel Servitje, usualmente distante a los jaloneos políticos. Solo Walmart, a cargo de Guilherme Loureiro, no se subió al ring aunque cuenta con amparos contra el aumento de 400% en las tarifas de transmisión para defender los intereses de sus accionistas.
Nadie gana en medio de una confrontación de estas magnitudes.
Coca-Cola,170mdp para agua limpia
La celebración del Día Internacional del Agua recibe acciones concretar por parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) que encabeza Roberto Mercadé: invierte más de 170 millones de pesos en la construcción de 4 humedales ambientalmente sustentables que dotarán de agua limpia a diversas comunidades del Estado de México, Quintana Roo, Jalisco y Baja California en beneficio para más de un millón de personas. El sistema de humedales que empieza a contruir IMCC en alianza con sus socios y Pronatura, esta conducida por Kathy Gregoire, se apoya en diseños naturales para procesar aguas urbanas a través de filtros, cisternas, techos de captación y vegetación nativa que elimina bacterias y permite la limpieza y aprovechamiento del valioso recurso. Estas acciones se agregan al compromiso que desde 2015 cumple la IMCC para regresar a la naturaleza el 100% del agua que utiliza, el tratamiento del 100% del agua que utiliza en sus procesos industriales y la reducción de 36% de la que se utiliza en las plantas embotelladoras. Las acciones de llevar agua hacia comunidades con dificultad de abasto, mejora la calidad de vida de las personas, genera mayor conciencia sobre el cuidado y preservación de los humedales y da paso, en un círculo holístico, al desarrollo de proyectos productivos de las comunidades.
Cabeza de Vaca, doble filo
El abogado defensor Francisco Aguilar Zinser está empeñando en solicitar a los diputados integrantes de la Sección Instructora que las investigaciones contra su cliente, el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, se acoten a la compra-venta de un departamento en Bosques de Santa Fe pues el único delito que indaga ahí la Fiscalía General de la República es la declaración de procedencia. Pero la estrategia Zinser resultaría un arma de doble filo, ya que tal inmueble habría adquirido con recursos procedentes de empresas vinculadas al Cartel de Sinaloa según la indagatoria de la UIF a cargo de Santiago Nieto y que ya se investigaba desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Veremos.
Respirar Tula
Desde 2015 esta paralizada la construcción de 1.6 kilómetros de un gasoducto secundario desde el Ramal-Tula hacia la Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, ubicada en Tula y que genera 20% de la electricidad que consume la CDMX. Por ello la Termoléctrica quema combustóleo que envenena a millones de capitalinos con dióxido de azufre. La construcción del gasoducto la detuvo hace 6 años un político de Morena, Julio César Ángeles Mendoza. Morena es hoy gobierno y sigue y seguirá quemando combustóleo: el coordinador de asesores de la CFE, Manuel Hornelas, dijo al Senado de la República en el oficio CA-DCO-005/21 que por costos es de transporte es mejor quemar el combustóleo que proveé la adyacente Refinería de Tula… pero tranquilos, la CFE evalúa -dos años después de que Morena es gobierno- instalar el ducto de gas para aminorar la contaminación.
Mientras, fúmenla.
@mfloresarellano