La reconstitución parcial del contrapeso en la Cámara de Diputados implica que las reformas constitucionales no serán un día de campo para el partido gobernante; por ello, no prosperarán en automático las iniciativas presidenciales para aniquilar organismos autónomos como el IFT que encabeza Adolfo Cuevas, el INAI que dirige Blanca Lilia Ibarra, o la COFECE que lleva Alejandro Palacio.
Incluso una reforma de revancha contra el INE que encabeza Lorenzo Córdoba sólo sería viable en un apretado y punible proceso en los últimos días de la actual LXIV legislatura. De esa manera, tampoco procederán en automático en la nueva legislatura reformas constitucionales que reconstituyan el monopolio del estado en materia de hidrocarburos ni eléctrica (Ley Combustoleo, inspirada por Manuel Bartlett), así como modificar el estatuto constitucional sobre aguas nacionales y concesiones mineras.
Esto podría significar un aliciente a la inversión privada, pero dependerá de las medidas regulatorias accesorias que sobre los sectores energéticos, hídricos y territoriales que tome la administración de Andrés Manuel López Obrador.
De manera aritmética, Morena, a cargo de Mario Delgado, contando a sus aliados, tendría mayoría suficiente para aprobar los presupuestos de 2022 a 2024. Es decir, no habría un obstáculo legislativo para el financiamiento de la estratégica Refinería de Dos Bocas que impulsa Rocío Nahle, ni para el plan de desarrollo regional Tren Maya que desarrolla Rogelio Jiménez Pons, o al Corredor del Istmo de Tehuantepec que lleva Rafael Marín… ni para la terminal aérea de Santa Lucía dirigida por René Trujillo.
EL problema para lograr esos recursos presupuestales es el costo incremental que significará para el gobierno contar con el apoyo “incondicional” del Partido Verde, que dirige Karen Castrejón, cuyo oportunismo político y económico está fuera de toda duda.
Y con esa misma mayoría -en una suma lineal- el partido oficial podrá impulsar una reforma fiscal para seguir captando el equivalente a 500 mil millones de pesos (los de la corrupción nunca aparecieron) para fondear proyectos de gobierno y gasto socio-electoral en medio de una recesión de la que aún estamos lejos de salir.
Galván, el engaño persiste
Como es público fue detenido hace unos días Jaime Galván Gurrero en la Ciudad de México, empresario chihuahuense especializado en coyotear cualquier tipo de venta al gobierno y qué con su paisano, el exgobernador priista Cesar Duarte, alcanzó los cuernos de la luna. Vaya, no sólo lanzó su propia marca de vino Cavall 7 y con ello patrocinó al Canelo Álvarez, al Necaxa, al TRI y hasta al Checo Pérez, además de presumir contactos con encumbrados políticos que le permitía viajar en su avión -ya viejón, pero al fin propio- Gulfstream III que le financió la Unión Ganadera de Chihuahua. Los viajes en avioncito privado le redituaron, por ejemplo, contratos de 2 mil millones de pesos del DIF de Oaxaca durante el gobierno de Alejandro Murat. Ahora encarcelado en Quintana Roo, acusado por realizar fraudes a través de su empresa Prometeo, Galván Guerrero busca darle vuelta a los jueces que llevan el caso del daño que se le acusa cometió en contra de la empresa Beratung por 120 millones de pesos. Siempre con la colusión de altos funcionarios de distintos gobiernos estatales, existe el riesgo de que el empresario recurra a ellos, una vez más, para recibir un trato preferencial y finalmente salir de la cárcel, como ayer lo intentó su abogado en una audiencia judicial para evadir el reclamo que fue documentado por sus acreedores. Tome nota.
Aeropuerto Mérida, ¿militar?
Como aquí les adelanté, entre los planes de desarrollo regional que implica el Tren Maya, se incluye reubicar el aeropuerto internacional de Mérida fuera de la capital yucateca. La novedad es que arribará mañana a esa ciudad una misión de alto nivel de la SEDENA, la cual encabezará Gustavo Vallejo, para analizar los proyectos aeroportuarios cuya construcción Palacio Nacional ha encomendado a las fuerzas armadas, entre ellos el de Tulum… pero también uno nuevo en Chetumal y, de paso, que también el de Mérida. La pregunta es, por supuesto, la situación en la que quedarán los actuales aeropuertos de la Ciudad Blanca y de Chetumal, hoy concesionados a Grupo Asur de Fernando Chico Pardo.
@mfloresarellano