El cobro de impuestos especiales a las bebidas endulzadas ha abierto un debate en temas de salud, pero también en la forma como tributan al fisco.
Un caso es el de Electrolit que se ha posicionado como una de las bebidas más populares en el país con ventas que superaron los 16 mil millones de pesos en 2024.
Su éxito se basa en una estrategia de distribución masiva, una imagen de producto saludable y una fórmula azucarada que ha sido clave para su aceptación. Sin embargo, detrás de esta historia de crecimiento hay una controversia que merece atención: su clasificación como medicamento.
Gracias a su registro como solución de rehidratación oral Electrolit no paga IEPS ni IVA, impuestos que sí aplican a refrescos, jugos y bebidas energéticas. Esta ventaja fiscal ha representado una pérdida estimada de más de 12 mil millones de pesos para el Estado Mexicano en los últimos cinco años. Mientras tanto, la empresa ha invertido 400 millones de dólares en plantas en Estados Unidos, financiando su expansión internacional con recursos que no contribuyeron al erario nacional.
La paradoja es evidente: en México una bebida como Electrolit tributa como medicamento, mientras que en Estados Unidos lo hace como bebida funcional.
Y aunque legalmente es un producto médico, en la práctica se vende como cualquier refresco: sin receta, sin restricciones y sin sellos de advertencia nutricional, a pesar de contener más azúcar que una lata de refresco.
La fórmula de la bebida de Grupo Pisa contiene una proporción de glucosa siete veces mayor a la recomendada por la OMS para soluciones de rehidratación. Este exceso responde a una lógica de mercado, no médica, y plantea riesgos reales para la salud pública, especialmente en un país con altos índices de diabetes y obesidad.
El caso de Electrolit no solo revela un vacío legal, sino una injusticia fiscal. Mientras otras marcas cumplen con sus obligaciones, esta bebida se beneficia de una clasificación que ya no refleja su uso real. La pregunta es inevitable: si se consume como refresco, ¿por qué no paga impuestos como tal?
Revisar su estatus regulatorio no es solo una cuestión de justicia tributaria, sino de salud pública. Es momento de que las autoridades actúen para cerrar esta brecha legal que hoy representa una fuga millonaria de recursos y un riesgo silencioso para millones de consumidores.
La ruta del dinero
Nada que el Consejo Nacional Agropecuario que lleva Jorge Steve acaba dar un espaldarazo a la reforma a la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, presentadas por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López. A decir del empresariado del campo ambas iniciativas representan un paso significativo hacia un marco legal más justo, equitativo y sostenible en la gestión de este recurso vital para nuestro país. Valoramos de manera especial que, en la construcción de estos principios, se haya privilegiado un diálogo propositivo entre el gobierno y el sector agroalimentario, lo que sienta bases firmes y respetuosas para seguir avanzando con corresponsabilidad en la definición de políticas públicas y marcos normativos en materia hídrica. Para alimentar a los mexicanos, el campo emplea en su proceso de producción de alimentos cerca del 76% del agua concesionada en el territorio nacional, desempeñando un papel estratégico en la seguridad alimentaria de México y el mundo. El CNA, junto con los 1.8 millones de productores a los que representa, entre cámaras.. Así como en una fábrica automotriz existen líneas de producción para carrocería, motores y ensamblado; en una fábrica de software también hay procesos organizados en “líneas” donde participan distintos roles y etapas como es el análisis de requerimientos, el diseño, la codificación, las pruebas y el despliegue. En ese entorno Por tal motivo Peter Kroll, Country Manager de Novacomp* en México asegura que: “la industria del software evoluciona hacia ecosistemas que son digitales, inteligentes y distribuidos al momento de utilizar IA, además de operar en la nube y trabajar con talento humano que ya no necesita estar en un mismo lugar físico”.
Y es que según Randstad Research, los desarrolladores de software, analistas de sistemas y programadores de aplicaciones serán algunas de las profesiones más demandadas a nivel global en los próximos años por lo que, desde el año 2023 y hacia el 2027, se están creando 20% más empleos para programadores de aplicaciones, 25% más para desarrolladores de software y 40% en lo que se refiere a especialistas de IA y aprendizaje.
“Convertir los entornos del desarrollo de software en ecosistemas colaborativos, éticos y resilientes es la clave para aprovechar todo el potencial de la ingeniería digital y construir soluciones que generen valor genuino a las organizaciones”, dice Kroll.