El Congreso mexicano es un polvorín. Morena busca imponerse y presionar a sus aliados para que aprueben la Reforma Electoral sin necesidad de negociar con la oposición. El debate sobre el proyecto presidencial se ha transformado en un campo de batalla político, con discursos y amenazas, donde escasean los argumentos serios.
En medio de acusaciones cruzadas entre el gobierno, sus aliados y la oposición, se deja de lado la pregunta fundamental: ¿cómo mejorar realmente la democracia mexicana?
Uno de los ejes de la polémica es el costo del sistema electoral. México tiene uno de los modelos más caros del mundo. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha manejado presupuestos que en algunos años superan los 20 mil millones de pesos, sin contar el financiamiento público a los partidos.
Tan solo para 2026, el INE aprobó un financiamiento público federal superior a los 7,737 millones de pesos para partidos políticos nacionales, a pesar de no ser un año electoral. Esta cifra resulta difícil de justificar en un país donde cerca de 40 millones de personas viven en condiciones de pobreza, según datos del Inegi y Coneval.
Los promotores de la reforma sostienen que reducir el gasto electoral es una prioridad. Entre las propuestas más discutidas se encuentran la reducción del número de consejeros electorales, la elección popular de autoridades electorales y la disminución del financiamiento público a partidos.
Sin embargo, la oposición ha advertido que detrás del discurso de austeridad podría esconderse un intento de debilitar la autonomía de las instituciones electorales. Un arrebato de poder por parte de Morena para eliminar los contrapesos. Diversos analistas advierten que modificar la estructura y operación del INE, pondría en riesgo la credibilidad de las elecciones.
A esto se suma la desconfianza entre los partidos políticos. Cada uno analiza la reforma no desde el interés institucional, sino desde el cálculo financiero y electoral inmediato. Prueba de ello, la reaparición de Jorge Emilio González, «El Niño Verde», líder político del PVEM, para la presentación de la propuesta de reforma electoral en Palacio Nacional.
En este contexto, cualquier reforma electoral debería enfocarse en tres objetivos claros: reducir costos sin debilitar la autonomía institucional, fortalecer la transparencia en el financiamiento político y ampliar los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, nada de esto será posible si el debate continúa atrapado en la lógica de la confrontación partidista.
Además, el creciente abstencionismo registrado en las últimas elecciones evidencia otro problema: el hartazgo ciudadano. La participación electoral registra entre 45 y 50 por ciento en elecciones federales. Lo que confirma que la legitimidad democrática no depende únicamente de la organización electoral, sino de la confianza en los partidos y en las instituciones.
No hay que descartar que, si la reforma no es aprobada en la Cámara de Diputados, la presidenta Sheinbaum ya anunció un “Plan B”, dirigido a cambios en leyes secundarias para sacar adelante sus dos principales propuestas: reducir el presupuesto millonario a los partidos y el INE y hacer que los candidatos plurinominales sean electos por votos y no por designación directa de las dirigencias partidistas.
El agandalle que pretende Morena anulará los derechos de las minorías políticas representadas en el Congreso, debilitará a las instituciones y fortalecerá el autoritarismo y el presidencialismo que tanto combatieron.
Así las cosas, México necesita una reforma electoral seria, no una batalla de feudos políticos. La democracia no se fortalece cuando los partidos intentan cooptar las instituciones. El verdadero desafío es construir reglas que garanticen elecciones confiables, participación ciudadana y un sistema más eficiente.
Vericuentos
Morena concentra poder
En su reporte “Entre continuidad y desgaste: el rumbo del país en el primer año de gobierno”, la organización “Signos Vitales” señala que tras el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, “México no atraviesa una transición, sino la consolidación de la concentración de poder, el debilitamiento de contrapesos y la expansión del gasto sin rediseño institucional; las decisiones de este primer año amenazan con normalizar el estancamiento económico y la precariedad para el país”. El analista político, Carlos Bravo Regidor advierte: “tenemos una presidencia más fuerte, pero un estado más débil. Es la llamada ‘trilogía del poder’, un presidencialismo reforzado, un debilitamiento de los contrapesos y una seguridad militarizada”. ¡Tómala!
Tómbola guinda al 2027
Banderazo de salida se dio en Morena para las elecciones intermedias de 2027, durante el Consejo Nacional del partido. El 22 de junio próximo arrancará el registro de precandidatos de Morena a las 17 gubernaturas que se disputarán. Como parte del proceso, la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde y el presidente del Consejo Nacional del partido, Alfonso Durazo, les “leyeron la cartilla” a los gobernadores morenistas para que no intervengan en la elección de candidatos y pretendan imponer a su sucesor. Aunque al evento solo llegaron 16 de los 22 que pertenecen a la #4T, les presentaron las reglas a las que deberán sujetarse y no anticiparse al tradicional “dedazo”, las “cargadas” o el nepotismo. El método será el que heredó AMLO: las encuestas y seguramente la tradicional bendición de Palacio Nacional, para que no se les olvidé a quien le deben “lealtad a ciegas”. ¡Sopas!
@guillegomora