Plan Maya II: agricultura comercial
El pasado martes el secretario de agricultura y desarrollo rural, Víctor Villalobos, perfiló una estrategia articulada de políticas públicas con apoyo internacional (incluyendo los mercados) para hacer frente a la tragedia humana de la migración centroamericana: establecer un precio “justo”, una suerte de precio de garantía, para el café producido en la región y que eleve el nivel de vida de 600 mil familias cuyos integrantes en un número cada vez mayor buscan llegar a los Estados Unidos.
Para ello se requiere dinero y programas articulados. Y quienes tocaron el punto nodal con un Manifiesto por el Rescate de la Alimentación de México, impulsado por el diputado Eraclio Rodríguez y el senador José Narro (ambos a cargo de las comisiones de agricultura y desarrollo rural de ambas cámaras, ambos morenistas), que reclaman se resarcir el presupuesto que le fue reducido en mas de 8 mil millones de pesos a la SADER con lo que se está desmantelando tanto programas de apoyo e infraestructura de apoyo técnico para los productores de oleaginosas, arroz, maíz, trigo, sorgo y frijol; del sector pecuario, porcinos, lácteos, bovinos y avicultores, así como de cultivos de exportación como mango, tomate, aguacate, plátano, tequila, hortalizas, coco y vainilla.
El Manifiesto, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador señala que “por la instrumentación de las políticas (puntadas, ocurrencias) para el campo implementadas desde su gobierno y que están condenando al fracaso a los productores agroalimentarios y a la alimentación del pueblo de México. El Presidente (…) debe estar consciente que nos está poniendo contra la pared. Ante ello no tendremos otra salida que tomar medidas más drásticas”.
Así como el secretario Villalobos propone recuperar niveles aceptables de precio para el Café para sacar a los cafeticultores de sus crisis (en México la producción cayó en casi 40% en 6 años), extender en el país la agricultura comercial es una de las formas primordiales para hacer frente a la oleada de migrantes tanto nacionales como foráneos.
Van sobre Abisalud
Otro dolor de cabeza para el superdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí: el martes el Juez 1ero de Control, José Luis Álvarez Pulido, vinculó a tres funcionarios públicos y tres representantes de la farmacéutica Abisalud por coludirse en vender medicamentos a sobreprecios de hasta 200% en el Instituto de Pensiones de la entidad (Ipejal), por “delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades” y fraude”. ¡Sopas! Y el nexo entre Abisalud y Lomelí es a través de José Hiram Torres Salcedo, coordinador de los regidores del partido Morena y fundador de Abisalud conforme el Registro Público de Comercio de Tepic. La Función Pública debía dar resultados sobre la investigación a Carlos Lomelí en relación a sus nexos a esta red de farmacéuticas, la semana del 24 al 30 de junio; pero lo lo único que se tiene es el dictamen del Juez Álvarez. Ojalá se acaba la impunidad que se promete en todas las mañaneras.
La mala copia
Hizo bien Zoé Robledo en sonar las alertas en torno a las probables irregularidades en la adquisición de tóner y consumibles en las delegaciones del IMSS de Tamaulipas, Veracruz Norte y Guanajuato, donde los jefes de delegación (Fernando López Gómez en Tamaulipas, Candelario Pérez en Veracruz Norte, y Jorge Manuel Sánchez González en Guanajuato, se hacen de la vista gorda ante precios inflados, equipos viejos y documentos apócrifos a la hora de los concursos… donde el común denominador es la marca Lexmark, que lleva Issac Bessudo. Irma Eréndira Sandoval ya tomó nota en SFUPU.
@mfloresarellano