A la revelación de una de la extensas redes de contrabandistas que se ha extendido prácticamente por las 50 aduanas del país, en colusión con altos mandos militares, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) inició un acuerdo con la Secretaria de Marina (SEMAR) para que en las aduanas portuarias la dirección general así como subdirecciones de administración y finanzas, operación, informática, infraestructura, planeación y vigilancia de recintos fiscalizados sea distribuidas de manera equilibrada entre mandos que respondan a la ANAM y aquellos a la SEMAR.
Tal distribución es en función de la naturaleza de cada entidad como por la probidad, capacidad y, por que no, valentía de cada funcionario postulado. Así, la ANAM a cargo de Rafael Marín Mollinedo reinicia la recuperación del mando civil en un área estratégica de la economía nacional, contando con el respaldo de la marina que a cargo de Raymundo Morales busca remover las estructuras de corrupción incrustadas en la institución tanto por el llamado “huachicol fiscal” como por el contrabando en general.
La marina busca rehabilitar su prestigio como una de las instituciones mas admiradas de la nación tras el agravio de la mafia orquestada por los sobrinos políticos del ex secretario almirante Rafael Ojeda.
Es evidente que la colaboración ANAM-SENAR cuenta con el espaldarazo el gobierno de Donald Trump, cuyo secretario de estado, Marco Rubio, ha sido enfático en presionar para que se desmantelen las redes de corrupción que permiten financiar a los cárteles narcoterroristas. Esa colaboración y espaldarazo se expandirá por el sólo hecho de que es una de las asignaturas pendientes de revisión en la renegociación del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos a fines de octubre próximo.
Vaya, si bien se ha capturado a quién se considera el mayor “huachicolero”, Roberto Brown o “El Señor de los Buques” a quien en una de sus cuentas corrientes le habrían incautado 3 mil millones de dólares, las mafias de contrabando de mercancías diversas siguen buscando fisuras legales y funcionarios “adquiribles” para realizar la “subfacturación de bienes”, engatusar con el programa de importaciones temporales para exportaciones.
Si esas bandas generaron el eje “Manzanillo-Pantaco-Tepito” que ahora está bajo revisión a fondo, se sabe que actualmente protagonizan el “efecto cucaracho” para desde Long Beach triangular mercancías hacia Mazatlán y Ensenada. Los ojos de la ANAM-SEMAR y el mismo CBP -de Rodney S. Scotty– realizan búsquedas al realizar conjuntamente despachos comerciales en aduanas fronterizas.
El asunto de las aduanas terrestres a cargo de Sedena, al mando del general Ricardo Trevilla, es el próximo punto de coordinación. Ya, de mientras, la ANAM procedió a cancelar contratos “inflados” por más de 10 mil millones de pesos intermediados por la hija del general André Fullón y por los que representados por el sobrino de Manuel Bartlett.
Todos atentos.
Clark-Svarch: amenazan, pero…
El subsecretario del desabasto, Eduardo Clark y el heredero del INSABI, Alejandro Svarch, amagaron estentóreamente el pasado lunes con iniciar procedimientos de cancelación de contratos, inhabilitación e investigación contra ocho empresas proveedoras de medicamentos oncológicos si no reinician la entrega de productos al IMSS-Bienestar e Institutos Nacionales de Nacionales de Salud el lunes 22 de septiembre con todo y un plan de cumplimiento.
De lo contrario, ya se las verán con Raquel Buenrostro de la Secretaría Anticorrupción advirtieron a los representantes de Amarox (la firma india que les prometió precios regalados), UlsaTech, Zurich Pharma a cargo de Orlando Silva, Diacor y PISA de Carlos Álvarez.
El único “pero” es que a esas y otras muchas firmas no se les ha pagado desde 2021. Al parecer tanto Clark como Svarch han ocultado la información de adeudos a Claudia Sheinbaum, adeudos que podrían sumar casi 20 mil millones de pesos a lo largo de 4 años.
Mientras que el subse del desbasto advirtió que a él no le pasa nadita con el “show de los medios”, las promesas de surtir oportunamente oncológicos están lejanas… más aún con laboratorios que, a la falta de pagos y bajo amenaza tal vez obtén por proceder con “brazos caídos” y detener suministros al sector público de salud.
El juego de Moyá Moyá
El autodenominado zar de la transparencia, José Luis Moyá Moyá, ahora dice temer por su vida. Habla de amenazas, golpes e incluso un intento de asesinato. Con esos argumentos, nos cuentan, pretende conseguir privilegios y atención mediática a fin de ser liberado.
A punto de cumplir un año en prisión, acusado de su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Moyá se presentó durante años como paladín de la transparencia; pero las investigaciones por el momento apuntan a que utilizó la información pública como moneda de cambio, presuntamente extorsionando a empresarios y funcionarios.
Y bueno, se han ventilado transferencias millonarias realizadas por su madre, de 87 años, sin actividad empresarial conocida. Las autoridades lo detuvieron en octubre de 2024. Desde entonces permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
Aeroméxico-Delta apelarán decisión DOT
Pues la dupla de las aerolíneas que conducen Andrés Conesa y Ed Bastian irán ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y a las cortes correspondientes para apelar la decisión del Departamento de Transporte (DOT) a cargo de Sean Duffy y quién optó por deshacer la alianza entre Aeroméxico y Delta.
La decisión del DOT no afecta ni la participación accionaria del 20% de Delta en el capital de Aeroméxico, ni tampoco a sus servicios sin costura a través de códigos compartidos… pero que les obliga a una reestructura interna que puede ser alterada por decisiones burocráticas y no de mercado.
Lo que no se debe olvidar es que esas sanciones del DOT surgieron de la decisión de Andrés López de acojonar la capacidad de operar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y enviar los aviones cargueros al Felipe Ángeles.
El esperado síndrome Tren Maya
En la industria ferroviaria era especie sabida que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de Andrés Lajous asignaría la construcción del tramo Saltillo-Monterrey al consorcio Carso-FCC… que también hizo -deficitariamente- el Tramo 2 del Tren Maya.
El consorcio ganador ofreció hacer la obra férrea por poco más de 31 mil millones de pesos. ¿Cuánto más se multiplicará el costo? Preparen su chequera para el pago de impuesto.
@mfloresarellano