Con el objetivo de castigar a quienes con fines de lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte, la Cámara de Diputados, aprobó establecer como delito agravado la toma de casetas y el llamado -boteo- en éstas.
El dictamen que reforma el artículo 533 y adiciona un artículo 533 Bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación, contempla la iniciativa presentada por los diputados Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), Carlos Elhier Cinta Rodríguez (PAN) y, la diputada Juanita Guerra Mena (Morena).
Al fundamentar el dictamen por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, desde vía telemática, explicó que la propuesta consiste en sancionar a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte, algunos de ellos con afanes de lucro.
Lo anterior, dijo, porque este fenómeno ha crecido exponencialmente. “Si bien es cierto en fechas recientes se realizaron operativos para recuperar algunas casetas tomadas, esta propuesta pretende reforzar el actuar de la Guardia Nacional”, explicó.
Los bloqueos, recordó, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, durante 2019 y lo que va en el presente año, originaron pérdidas sectoriales cercanas a los 7 mil millones de pesos.
“Estos costos representan un golpe a las finanzas del Estado mexicano, de carácter directo en el caso de las concesiones al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, lo que es el Capufe”, explicó.
Por otra parte, en el presente año los bloqueos a las vías férreas se han incrementado 119 por ciento respecto al año 2019 y en promedio su duración es de 12 días.
El también presidente de la Comisión dictaminadora, aseguró que al paralizar puntos estratégicos se entorpece el traslado de mercancías y la actividad económica tan importante para el país en estos momentos.
“El Estado tiene la obligación de garantizar y castigar aquellas prácticas que afectan las finanzas públicas y los derechos de terceras personas. Se busca que quien interrumpa la prestación del servicio u operación de carreteras, vías férreas, aeropuertos se le imponga un castigo, asimismo, se establecen agravantes para sancionar con mayor fuerza cuando tienen fines de lucro”, subrayó.
Pérez Díaz indicó que la seguridad e integridad de los usuarios de carreteras de cuota se encuentran en un constante riesgo. “En consecuencia, al no cubrir el pago de peaje, no se cuenta con una póliza de cobertura y, por lo tanto, no se encuentran protegidos ante accidentes viales”.
El bloqueo de los servicios de peaje es un negocio inmenso, es un nuevo huachicoleo como se ha mencionado. En promedio, grupos delincuenciales obtienen ganancias por 500 mil pesos en cinco horas. En casetas con mayor afluencia, como la de Tlalpan en la Ciudad de México, puede ser por arriba del millón de pesos.
En su oportunidad, el diputado Carlos Elhier Cinta Rodríguez agregó que las entidades federativas con más recurrencia de tomas de casetas de peaje son Nayarit, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Morelos, Guerrero y el Estado de México, “es preocupante que el pueblo que hace uso de las autopistas que están tomadas por los manifestantes viola flagrantemente sus derechos, toda vez que al cruzar la plaza de cobro no reciben recibo del peaje, quedando desprotegidos, lo grave es que contra su voluntad tiene que cubrir una cuota para quienes botean y bloquean la vía”.
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el diputado panista se dijo preocupado porque la toma de casetas de peaje ha sido una práctica recurrente, pero esos grupos que tienen intereses políticos y económicos y de manera arbitraria, secuestran las carreteras violentando a los derechos de terceros, llámese concesionarios y usuarios, además de ocasionar múltiples afectaciones a la infraestructura y daños económicos.
“En consecuencia vemos positivo la reforma al artículo 533 de la Ley de las Vías Generales de Comunicación para sancionar a quienes dañen, perjudiquen, destruyan, interrumpan, deterioren o restrinjan las vías de comunicación o los medios de transporte sean castigados con 3 meses a 7 años de prisión y multa de 100 a 500 unidades de medida y actualización vigentes”, afirmó en tribuna.
Para finalizar, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez al pronunciarse en pro del dictamen agregó que a lo largo de los años la red carretera nacional principalmente la de peaje, ha sido presa de grupos delictivos que toman a la fuerza las vías de comunicación poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.
El dictamen contempla, entre otras cosas:
1. Establecer una calificativa al delito de tipo penal agravado;
2. Estipular que quienes interrumpan la prestación de servicio, operación o deterioren las vías generales de comunicación o los medios de transporte, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen por éstas serán castigados con pena de dos a nueve años de prisión y multa de 200 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización vigentes; y,
3. Regular que quienes en el ejercicio de la conducta establecida obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen en vías generales de comunicación serán sancionados con seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización vigentes.
El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular de los artículos reservados, con 334 votos a f