Una vez más, el gobierno federal pretende regular el uso de celulares, redes sociales e inteligencia artificial entre menores de edad. México se suma a la estrategia ejecutada en otros países, bajo la cuestionable práctica de la consulta pública nacional a fin de elaborar un diagnóstico acertado, pero corre el riesgo de desembocar en una respuesta simplista para un tema tan polémico.
La revolución tecnológica nos alcanzó y está presente en cada uno de nuestros actos sociales, económicos, culturales y políticos. Seducidos por la inmediatez de las redes, organizamos nuestras vidas, tomamos decisiones y emitimos valoraciones.
Las plataformas digitales han sido diseñadas para capturar la atención, prolongar el tiempo de permanencia y convertir la interacción humana en un negocio sustentado en la explotación de datos y emociones.
Durante años, el crecimiento acelerado de las redes sociales ocurrió, prácticamente, sin restricciones para infantes, adolescentes y adultos. El acceso a teléfonos y otros dispositivos inteligentes se volvieron parte de la vida cotidiana de millones de menores. Una nana tecnológica. Sin embargo, comenzaron a acumularse investigaciones sobre sus posibles efectos negativos.
Problemas como el ciberacoso, la exposición a contenidos violentos o sexuales y el contacto con desconocidos, hasta afectaciones en la salud mental relacionadas con ansiedad, depresión, trastornos del sueño, dificultades de concentración e incluso conductas adictivas asociadas con el funcionamiento de los algoritmos, encendieron las alarmas de especialistas y autoridades para revisar las reglas de operación y determinar si son suficientes para proteger a los menores de edad que las usan
Nadie puede negar que existe un problema. Lo preocupante es que, frente a un fenómeno de enorme complejidad, la solución termine reducida a restricciones escolares y límites de edad que, por sí solos, difícilmente modificarán una realidad mucho más profunda.
La presidenta Claudia Sheinbaum, ha insistido en que el objetivo no es prohibir el uso de los teléfonos, sino generar conciencia colectiva sobre los mecanismos de adicción que emplean las redes sociales. En principio, el argumento merece reconocimiento. Pero, la forma de atender el problema genera suspicacias de orden económico y político.
No hay que perder de vista que los algoritmos responden a intereses económicos muy precisos. Las plataformas no buscan formar ciudadanos informados; buscan usuarios cautivos. Entre más tiempo permanezcan conectados, mayor es la rentabilidad del negocio.
Como advirtió, Jonathan Haidt, uno de los académicos más influyentes en este debate, entregar un teléfono inteligente a un niño equivale a darle un «chupón digital»: un objeto que calma momentáneamente, pero que también sustituye procesos fundamentales de socialización, aprendizaje y desarrollo emocional.
Sus investigaciones muestran una preocupante correlación entre el auge de las redes sociales y el incremento de problemas de ansiedad, depresión, aislamiento y trastornos de autoestima entre adolescentes, especialmente mujeres. Su llamado a separar los teléfonos de las escuelas y elevar a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales ha sido adoptado o discutido en diversos países.
Las escuelas pueden convertirse en espacios libres de teléfonos durante la jornada escolar y aun así los estudiantes pasar cinco, seis o incluso ocho horas diarias frente a una pantalla al regresar a casa. El problema rebasa el salón de clases. Se encuentra en hogares donde los propios adultos permanecen absortos en sus dispositivos, en modelos educativos que aún no enseñan alfabetización digital crítica y en una economía de plataformas cuya lógica consiste precisamente en producir dependencia.
La política pública corre el riesgo de trasladar toda la responsabilidad a las familias mientras evita confrontar el verdadero poder de las grandes empresas tecnológicas. Es más sencillo decirle a un adolescente que deje el teléfono en su mochila que exigir transparencia sobre los algoritmos, regular la publicidad dirigida a menores, limitar el diseño adictivo de las aplicaciones o imponer obligaciones reales a compañías cuyo poder económico supera al de muchos Estados nacionales. Ahí reside la verdadera discusión.
Así las cosas, la pregunta, no es si los teléfonos deben entrar o no a las aulas. El reto es si el gobierno tendrá la voluntad política para regular a quienes hicieron de la adicción digital el negocio más rentable del siglo XXI. La experiencia internacional también demuestra que prohibir no equivale a resolver.
Vericuentos
Transparencia a la #4T
¡Por fin! la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un decreto para fortalecer la transparencia del Gobierno federal, dice que se eliminará la discrecionalidad de los servidores públicos para decidir qué información puede hacerse pública y se establecerán nuevas obligaciones de difusión sobre contratos, auditorías, fiscalización y empresas pública ¿Será? Por lo pronto, el decreto divide a diputados federales: El PAN ve simulación y trampa para ocultar información gubernamental bajo el criterio de seguridad nacional. Kenia López, presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, lo calificó como un “buen paso” y los priistas le dan el beneficio de la duda. ¡Sopas!
@guillegomora