El 24 de Julio podrá ser recordado como el día de la censura institucionalizada. Es día el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) encargada a Norma Solano presentó los lineamientos para según defender los derechos de las audiencias de los malévolos conductores de noticias de toda índole y programas de opinión que en radio televisión abierta y restringida lastimen las creencias y convicciones de cualquier persona real o ficticia.
Y, como es de todos sabido, la CRT es sólo un apéndice del poder ejecutivo a través de José Peña Merino en la Agencia de Transforma Digital y Telecomunicaciones. Ese apéndice realizará este agosto tres foros “de expertos y académicos” para según discutir los 54 artículos de lineamientos cocinados desde el año pasado.
Pero, salvo para ejercer “el derecho de pataleo”, bajo el régimen del partido Morena tales foros son un diálogo de sordos ante decisiones ya tomadas a las que se les busca algún tipo de legitimidad. Y esas decisiones, con una mansa mayoría guinda en el poder legislativo, pueden convertirse en leyes sin el menor recato.
La propuesta oficial de lineamientos es adornada con un leguaje políticamente correcto sobre pluralidad informativa, de infantes y adolescentes libres de daño emocional, que a nadie se le discrimine a por razones éticas, religiosas, de salud, socioeconómicas, preferencia sexual o estado civil… pero tras el discurso buena ondita, suelta garrotazos a lo largo de 18 artículos (del 36 al 54) en los que establece los trabajos que deberá ejercer los “defensores de las audiencias” con los que debe contratar cada concesionario de radiodifusión abierta o restringida… pero al gusto gubernamental.
El núcleo de la actividad esa especie de “comisarios del pensamiento” está en el cruce de dos artículos: el artículo 11 que pretende obligar a que todo programa de noticias a que el conductor o comentarista realicen haga la disección exacta entre información y opinión (con plecas o cortinillas, mensajes en pantallas o cualquier otro elemento); y el artículo 41 que establece que “las audiencias podrán presentar una queja respecto de cualquier contenido, programa o publicidad que consideren que vulnera sus derechos como audiencia”… además de que ninguna queja podrá ser rechazada para su revisión por las defensorías aunque el quejoso no se identifique plenamente desde un principio.
Un campo fértil para los ejércitos de bots que usualmente trabajan a la sombra del gobierno y con recursos públicos.
Con tal andamiaje los radiodifusores se pueden ahogar en el papeleo de réplicas, contrareplicas, notificaciones, perderse en el laberinto procesal de 20 días que la CRT establece para que sus comisarios emitan un “Análisis de Cumplimiento” y “recomendaciones” que, ¡vaya sorpresa!, podrán ser impugnadas por el ofendido ante esa misma comisión.
Y considerando que los lineamientos establecen inicialmente sanciones económicas de hasta 1% del ingreso acumulable de la concesionaria o programadora (artículo 54), las empresas de radiodifusión se verán orilladas a la autocensura y a dejar de prescindir de comunicadores y contenidos incómodos para el régimen.
En estos lineamientos no se abordó el tema de las redes sociales, plataformas digitales e Inteligencia Artificial… pero viene como ley contra la “injerencia extranjera electoral” que propuso el zacatecano Ricardo Monreal ante la irreverencia de los memes de temas políticos a los que son tan dados los mexicanos.
El prohibido prohibir fue una bonita frase.
Caso Vulcan: México violó el TLCAN… y falta el TMEC
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como tal está inoperante desde varios años, pero siguen vigente los contratos firmados bajo su manto extendido al TMEC: es por ello por lo que un tribunal estadounidense declaro a México perdedor del juicio de arbitraje interpuesto por la compañía Vulcan Material, que encabeza Ronnie Pruitt, por la incautación de su operación minera en Punta Venado-Sac tun en la costa de Quintana Roo, así como por un reducido ofrecimiento reparatorio equivalente al 1% del valor de la operación.
El pretexto de Andrés Manuel López para cerrar esa mina fue el daño ambiental provocado… como si la construcción del Tren Maya hubiese sido Expreso de Hogwarts.
La cuestión es que en las revisiones anuales del ya también fenecido TMEC el caso Vulcan será un elemento de peso, pues el capítulo de trato nacional a la inversión fue vulnerado de 2019 a la fecha por la clausura, la toma del puerto y luego la “semi expropiación” vigente.
Acapulco sin agua… ni alternativas productivas
No, el Proyecto Hidroeléctrico La Parato no se canceló el domingo pasado. Lleva cuando menos 17 años muerto, luego de que un contado grupo de habitantes de la región serrana de Guerrero se le puso enfrente al gobierno de Felipe Calderón y su entonces director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el brillante Alfredo Elía Ayub que en paz descanse.
El llamado Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) impusieron una narrativa contra los “megaproyectos”… específicamente uno que muy probablemente habría atajado la tragedia de los alumnos de la Normal Isidro Burgos.
La Parota -que incluso fue promovida por el gobernador de izquierda Angel Aguirre– era mucho mas que una generadora de electricidad: habría originado un espejo de agua equivalente a 2 y media veces la Bahía de Acapulco, solventado las necesidades hídricas de esa ciudad y comunidades costeras con capacidad de regular las aguas pluviales que provocan continuas inundaciones.
El plan incluía dotación de tierras al borde de esa presa a los pobladores desplazados por las inundaciones, así como programas de capacitación y financiamiento para actividades acuícolas, turísticas y agrícolas por alta disponibilidad de agua. Con actividades rentables y sustentables, no habría sido alternativa de vida el cultivo de opio y el narcotráfico en la región.
Pero no fue ni será. Suerte con ello.
@mfloresarellano