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La llamada Cuarta Transformación le dio en la madre al principal postulado maderista que dio paso a la Revolución Mexicana –¿la Tercera Transformación?– iniciada en 1910, lo que conmemoramos este 20 de noviembre.

Con Morena acaparando a la mala prácticamente los tres poderes de la Unión y la mayoría de los estatales, cambiando la Constitución y las leyes a conveniencia propia, el “sufragio efectivo y la no reelección” fueron arrojados al bote de la basura de Palacio Nacional.

Pero, sobre todo, con la colonización del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la posibilidad de tener elecciones limpias, confiables acabó por incendiar el basurero palaciego.

A más de un siglo del levantamiento armado, evaluar el cumplimiento de los proposiciones de la Revolución exige distinguir entre sus conquistas institucionales, sus transformaciones históricas y las asignaturas que permanecen abiertas.

Aquel movimiento, que puso fin a más de tres décadas de régimen porfirista, articuló demandas diversas que finalmente confluyeron en dos grandes ejes: la democratización política para conseguir que se impusiera la voluntad popular y no la de una sola persona, y la justicia social, plasmada en la Constitución de 1917 a través del reparto agrario, el reconocimiento de los derechos laborales, la educación pública y la rectoría del Estado sobre los recursos naturales y estratégicos.

En perspectiva histórica, historiadores y politólogos coinciden en que el cumplimiento de estos ideales a lo largo del siglo XX fue profundamente desigual.

Por un lado, los gobiernos posrevolucionarios –a los que ahora se moteja como “neoliberales”– sentaron las bases de un Estado social que expandió la cobertura educativa, creó instituciones clave de seguridad social y salud, y ejecutó una extensa reforma agraria.

Pero, por otro lado, la consolidación de un sistema de partido hegemónico durante más de siete décadas postergó la efectividad real del voto, limitó la división de poderes y mantuvo brechas estructurales de desigualdad, marginación rural e impunidad, dejando amplios sectores de la promesa revolucionaria inconclusos.

Políticamente, pues, con Andrés Manuel López Obrador y, aún peor, con Claudia Sheinbaum hemos regresado a la dictadura estilo Porfirio Díaz.

Lo que niegan en Morena

Efectivamente, con la llegada de Morena al Poder Ejecutivo en 2018 y su continuidad en el sexenio encabezado por Sheinbaum a partir de 2024, el legado de 1910 y 1917 se ha colocado nuevamente en el centro de una intensa disputa política e interpretativa sobre el rumbo institucional del país.

Desde la perspectiva del oficialismo y sus simpatizantes, la llamada 4T representa la reivindicación y culminación de los principios sociales de la Revolución Mexicana tras décadas de políticas neoliberales.

Quienes respaldan este proyecto sostienen que la recuperación de la rectoría del Estado en sectores estratégicos como el energético, la elevación de los programas sociales a rango constitucional, la recuperación sostenida del salario mínimo y el impulso a obras públicas de infraestructura devuelven al Estado su vocación redistributiva.

En el plano democrático, defensores del Movimiento argumentan que el sufragio efectivo se ha fortalecido mediante la alta participación ciudadana en las urnas, la incorporación de mecanismos de democracia participativa y el triunfo de Sheinbaum en 2024 por amplio margen.

Asimismo, rechazan cualquier acusación de reelección, subrayando que se respetó estrictamente el mandato constitucional de no reelección presidencial al concretarse el relevo en la titularidad del Poder Ejecutivo.

“Al diablo las instituciones”

En contraste, sectores de la oposición, académicos, juristas y analistas críticos del gobiernito sostienen que los postulados revolucionarios no solo siguen truncos en materia de seguridad, salud y desarrollo equitativo, sino que enfrentan severos retrocesos en el terreno democrático.

Quienes mantienen esta postura señalan que la concentración del poder en el Ejecutivo, las espurias mayorías legislativas calificadas, la reforma al Poder Judicial y la desaparición o debilitamiento de órganos constitucionales autónomos erosionan los contrapesos republicanos conquistados durante la transición democrática.

Respecto al principio de «Sufragio efectivo, no reelección», esta corriente crítica argumenta que el uso masivo de programas sociales con fines electorales y la inequidad en las contiendas comprometen la autenticidad del voto, mientras que interpretan la continuidad del proyecto político y del liderazgo “moral” de AMLO durante la administración de Sheinbaum como una prolongación transexenal del poder que contraviene el espíritu histórico del antirreeleccionismo mexicano.

De este modo, a 116 años del inicio de la gesta revolucionaria, los postulados de 1910 continúan operando menos como un capítulo cerrado de la historia nacional y más como un parámetro en disputa con el que las distintas fuerzas políticas miden la legitimidad del presente…

… para unos, la materialización de la justicia social y la soberanía popular…

… para otros, una advertencia vigente sobre los riesgos de la concentración del poder y la fragilidad de las instituciones democráticas.

Indicios

Primera víctima de “la aplanadora” del partido oficial recién creado por Plutarco Elías Calles, entonces el PNR, “abuelo” de lo que hoy queda del PRI, José Vasconcelos es citado en este espacio cada año en estas fechas. Candidato presidencial en 1929, de orígenes revolucionarios que él mismo trastocó muchos años después, el oaxaqueño escribió en 1937 que la revolución es el recurso colectivo de las armas, para derribar operaciones ilegítimas y reconstruir la sociedad sobre las bases de economía sana y moral elevada.

La de 1910 que aún hoy se conmemora fue un movimiento armado que, se dice, cobró un millón de víctimas que lucharon contra la reelección ad perpetuam de Porfirio Díaz, primero, y por tierra, libertad y justicia social, después.

La fundamental justificación de los sacrificios que demanda una revolución es que ella sea medio para crear un estado social más justo y más libre que el régimen que ha destruido, o se intenta destruir, escribía Vasconcelos. Y ante ello cabría preguntar si ese millón de muertos, la destrucción de la incipiente infraestructura y el derrumbe de la economía durante casi diez años, sirvieron para efectivamente crear un estado social más justo que el establecido por Díaz. La respuesta es no.

En las revoluciones verdaderas, la táctica suele ser extremista, pero el objetivo tiene que ser prudente. De otra manera, el abuso provoca la reacción, y empeora, a la larga, las cosas, en vez de corregirlas. La que en los discursos enarbolaron casi todos los presidentes en funciones durante los 70 años que esa revolución duró en el poder, abusó en todo sentido y, claro, provocó alzamientos, movimientos obreros, estudiantiles, de profesionistas y, claro, guerrillas.

Por eso, toda revolución que lo es de verdad –escribía Vasconcelos, en su texto ¿Qué es la Revolución?–, combate y destruye; pero sólo mientras está en las barricadas. La etapa “revolucionaria” combatió a ferrocarrileros, médicos, a los jóvenes en fechas fatídicas como el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971; a la guerrilla y al narcotráfico –aunque a partir de los morenistas mejor se aliaron al narcopoder–; y los últimos dos presidentes priístas, sin éxito, al EZLN. Todos combatieron y destruyeron, tal y cual lo hace hoy la 4T.

Desde que se constituye en gobierno, una revolución tiene que volverse creadora y serena, constructiva y justa. ¿Lo fue la etapa revolucionaria del PRI en el poder? ¿Lo es actualmente el Movimiento obradorista? No. Definitivamente, no. Y elementos y argumentos sobran para enumerar.

La revolución se interrumpió, escribía a principios de 1970 el historiador Adolfo Gilly, y daba como fecha precisa de la pausa el inicio del gobierno empresarial y corrupto de Miguel Alemán. Otros, desde antes, ya la habían dado por muerta.

Y mientras, desde el poder prolongan la revolución, la hacen permanente, sin saber que en 1937 Vasconcelos había escrito: La revolución prolongada deja de ser medida de higiene social, para convertirse en desorganización y en decadencia. La revolución permanente no es otra cosa que la confesión del fracaso de quien no supo usar la fuerza, no acertó a organizarla en programa, de acuerdo con la realidad y las circunstancias.

Revolución fracasada, pues. Nada qué festejar. Mucho qué lamentar.

¿Qué celebramos?

¿Sólo el “Buen Fin”?

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