Cuando se anunció al personal de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) que llegaría otra auditoría oficial de la Federal Administration Aviation (FAA), que la sugerencia inmediata de la superioridad a sus subalternos fue comprar trajes Hugo Boss para dar una buena impresión a los inspectores de Bryan Bedford; nos cuentan que, obvio, los técnicos e inspectores mandaron a volar la sugerencia pues sus salarios mensuales en la entidad a cargo del General Emilio Avendaño no permiten costear tales prendas… pero ni el buen vestir ni el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad podrán atajar la degradación sí existe una consigna del gobierno de Donald Trump para ello.
Lo que ha trascendido en las últimas horas es que la consigna va más allá de los aspectos técnicos de seguridad y se relacionen directamente con la impresión el Departamento de Estado a cargo de Marco Rubio y de la Agencia Antinarcóticos (DEA) que encabeza Terry Cole de que el gobierno mexicano no brinda la cooperación bilateral satisfactoria en la exigencia de desmontar las redes de interés y negocio entre grupos narcoterroristas con políticos oficialistas en activo, empezando por la no extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, y siete de sus colaboradores estratégicos coacusados.
El caso Rocha Moya, aseguran fuentes allegadas a la auditoría que se mantendrá toda esta semana como decisión política que sobrepasa a la FAA pues llega al Departamento de Transporte al mando de Sean Duffy, y desde ahí decide el poder ejecutivo estadounidense.
En términos técnicos es probable que la AFAC pueda sortear la auditoría cuyas bases se establecieron principios de junio pasado -tal y como se informó en esta columna- con apoyo directo de la industria aérea privada nacional, misma que financió y apoyó la resolución de la degradación a Categoría 2 que padeció la autoridad aérea mexicana entre 2021 y 2023 dado el “austericidio” al que fue sometida esa entidad y buena parte de las instituciones públicas.
Tampoco deberían de continuar las restricciones a nuevos vuelos hacia Estados Unidos que salen del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ni del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en cuanto se solventaron las violaciones al Acuerdo Aéreo Bilateral de 2015: el aeropuerto a cargo del General Isidor Pastor no ya tiene la exclusividad para los vuelos de carga en el Valle de México que decretó Andrés Manuel López en 2023, por la cargueras pueden optar por el AICM; en tanto que el hub al mando de Almirante José Padilla ha restituido las posiciones-horario (slots) a las aerolíneas estadounidenses que los perdieron por ese mismo decreto presidencial.
Pero a finales de mayo y principios de junio de este año se apersonaron en México los sheriffs de la FAA ante la oficina de Jesús Esteva en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para establecer el ritmo de las auditorías.
Aquí se informó sobre la formación de los nubarrones de descalificación a Categoría 2 después del Mundial de Fútbol… y ahora es una posibilidad pues sí bien técnicamente la auditoría podría solventada, la enrarecida relación gubernamental entre ambos países bien puede hacer que aparezcan “gremlins” en las auditorías de la FAA para dar otro apretón de tuercas al gobierno mexicano por la acusada red de intereses creada entre criminales y políticos en funciones.
Sin remedios, la botica de Birmex
Hace año y medio la crisis de Birmex obligó al gobierno
a relevar a su cúpula directiva de esa entidad pures la compra consolidada de medicamentos 2025-2026 fue anulada por irregularidades y una posible afectación superior a 13 mil millones de pesos: en esa tormenta llegó Carlos Alberto Ulloa Pérez como director de esa paraestatal
Su encomienda fue corregir el proceso y recuperar la operación… aunque su currículum no registra experiencia en industria farmacéutica, regulación sanitaria, adquisiciones hospitalarias o cadenas nacionales de distribución. Los antecedentes de Ulloa están en las secretarías capitalinas de Desarrollo Urbano y Bienestar Social, la Cámara de Diputados y la oficina particular de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno capitalino.
Pero el balance acumulado desde entonces deja pocas señales de recuperación. Amén de los goles que están metiendo proveedores de India y China en la nueva licitación bienal consolidada, recién El Universal documentó el 9 de agosto una Megafarmacia vacía cual carnicería en viernes Santo.
Aunque Ulloa no participó en la compra de ese elefante blanco muerto, sí encabezó los intentos posteriores de resucitarle: en junio de 2025 quedaron sin asignar 176 claves y, en diciembre, la paraestatal no contrató mil 26 de las 2 mil 29 requeridas. De estas, 140 no recibieron ofertas y 886 rebasaron los precios presupuestados.
El frente farmacéutico ofrece otro enfoque: en septiembre de 2025, Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, documentó que el mayor problema de incumplimiento se concentraba dn compañías de India que obtuvieron contratos con precios muy bajos. Y un día antes, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, presentó una relación de proveedores rezagados. En ella figuraron Sun Pharma México, subsidiaria del grupo indio Sun Pharmaceutical Industries y Accord Farma, filial mexicana de Intas Pharmaceuticals.
Pero la reciente fotografía de los andenes vacíos de la Megafarmacia resume el problema, pero no lo agota. Y es que después de cambios de funcionarios, nuevas licitaciones y miles de millones de pesos comprometidos, sigue sin existir una explicación integral y verificable sobre qué se compró, cuánto se recibió, dónde quedó cada medicamento y quién respondió por los faltantes.
Ulloa fue enviado a Birmex para ordenar una institución en crisis; 16 meses después, aún no lo demuestra. La cercanía política abre puertas, pero no administra inventarios, no mueve cargamentos ni surte recetas. Sin esas tres cosas, la Megafarmacia seguirá siendo una costosísima bodegota y nada más.
@mfloresarellano