El infierno de los desaparecidos en México, es la deuda más dolorosa del Estado y no se mide en cifras económicas, ni en indicadores de popularidad, sino en ausencias. En las decenas de miles de personas que no han vuelto a casa y en las familias que, ante la inacción e indolencia institucional, han tenido que convertirse en buscadoras, peritas y defensoras de derechos humanos por cuenta propia.
Gustavo Hernández, padre que solicitó “un huesito” de su hijo a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, eleva, una vez más, la voz por los más de 130 mil personas desaparecidas en el país. A las puertas de Palacio Nacional y con una replica del reconocimiento Guinness, afirmó: “Este no es un premio, es una vergüenza mundial”.
Gustavo reiteró que tras la desaparición de su hijo Abraham Zeidy Hernández del Razo en mayo de 2024, su vida quedó marcada por la ausencia, lo que sucede con miles de madres y padres que se encuentran en la misma situación.
No obstante, el discurso oficial insiste en avances, en comisiones, en censos que suben y bajan como si la tragedia fuera un asunto administrativo. Pero en el México real, en los campos, en las fosas clandestinas, en los servicios forenses colapsados, la realidad desmiente cualquier narrativa optimista.
Colectivos de madres buscadoras recorren territorios hostiles, muchas veces con mayor eficacia que el propio Estado. Su labor, sin embargo, no debería ser necesaria. Que lo sea es la prueba más contundente del fracaso institucional. Más grave aún: en lugar de garantizar su protección, el Estado ha sido incapaz de evitar que también ellas se conviertan en víctimas de amenazas, violencia y muerte.
México se ha convertido en una gran fosa. Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en el país desaparecen 11 personas al día. Sin embargo, Grace Fernández, integrante del colectivo “Búscame” y del movimiento “Por nuestros Desaparecidos en México”, me dijo: “A diario desaparecen más de 20 personas, sin que nada pase (…) Seguimos sin entender que este es un problema de Estado”.
En efecto, la falta de compromiso no se expresa únicamente en la omisión, sino en la simulación: protocolos que existen en papel, presupuestos que no alcanzan o no se ejercen, y una coordinación irregular entre niveles de gobierno, que muchas veces, resulta inexistente.
Por ello, las familias han llenado ese vacío con una dignidad que debiera avergonzar al Estado mexicano. Cecilia Flores, presidenta fundadora de “Madres Buscadoras de Sonora” publicó en un tuit: “Si el gobierno verdaderamente no estuviera coludido e hiciera su trabajo, no hubiera masacres ni una sola persona desaparecida. Ni una. Tampoco hubiera necesidad de colectivos de familias buscando. Pero no es así. Si no les buscamos nosotras nadie lo hará. Nadie”.
Otro frente abierto es la administración de la memoria. Cambiar metodologías de conteo, cuestionar registros previos o minimizar cifras no resuelve la crisis; la oculta. Y ocultarla es, un acto de revictimización. Cada número es una historia interrumpida, una familia rota, un duelo suspendido.
Resulta alarmante que la responsabilidad se diluya entre instituciones. Mientras las fiscalías acumulan rezagos, las comisiones de búsqueda operan con recursos limitados y sin dientes jurídicos suficientes. La identificación forense continúa siendo uno de los eslabones más débiles, con miles de cuerpos sin nombre que evidencian un sistema rebasado. En este contexto, hablar de “prioridad nacional” suena más a consigna que a política pública efectiva.
Un gobierno comprometido no se limita a declarar empatía. Construye instituciones sólidas, transparentes y eficaces; escucha a las víctimas y las coloca en el centro; rinde cuentas con claridad y asume costos políticos cuando es necesario. Hoy, México está lejos de esa #Transformación.
Así las cosas, la deuda sigue abierta. Y mientras no haya verdad, justicia y garantías de no repetición, cualquier intento de cerrar el capítulo será, en el mejor de los casos, prematuro; en el peor, una forma más de abandono.
Vericuentos
Vientos de fractura en el Senado
En el circo de la política, el “plan B” de la reforma electoral terminó en una pantomima, porque Morena no logró convencer a sus aliados PT y PVEM de las bondades democráticas de su proyecto. Ricardo Monreal Ávila, coordinador morenista en la Cámara de Diputados, admitió que existe la posibilidad de que sólo se apruebe parcialmente el “plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin el punto de la consulta adelantada de revocación de mandato, debido a la falta de consenso sobre este punto. Los senadores Adán Augusto e Ignacio Mier fracasaron en el intento de “convencer” al eterno dirigente del PT Alberto Anaya, quien trae su juego electoral rumbo al 2027 y se vende al mejor postor. ¡Tómala!
Rebelión en el INE
Una vez más, se armó “la de Dios es Cristo” en el Instituto Nacional Electoral (INE) un grupo de siete consejeros denunció que desconoce “por completo” el “origen, contenido y las circunstancias de la entrega” de un documento que Guadalupe Taddei, presidente del organismo habría entregado al Senado, para que se considere en el debate del “plan B” de la reforma electoral. En una carta dirigida a “la opinión pública”, los consejeros rebeldes advierten que el Consejo General del INE “no ha emitido observaciones ni propuestas respecto de la iniciativa de reforma conocida como ‘plan B’”, por lo que la “supuesta entrega de un documento atribuido al INE” no “refleja ni representa una posición institucional” ¡Sopas!
@guillegomora