El gran reto para combatir la extorsión es acabar con el pacto de impunidad que en muchos casos existe entre autoridades y la delincuencia organizada, lo que ha provocado que este delito no se denuncie por miedo y desconfianza ciudadana, indicó la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez.
Sostuvo que este ilícito le apuesta al silencio y que se ha convertido en un esquema paralelo de tributación, que muchas veces crece con la tolerancia y complicidad de las autoridades federales y locales, el cual afecta a todos: comerciantes, empresarios, transportistas y dueños de cualquier negocio.
La extorsión es un delito que no sólo te obliga a pagar dinero, hacer o dejar de hacer algo, también te roba la tranquilidad y hasta la vida, apuntó.
Cualquier persona puede ser víctima de extorsión y la cifra negra que no se denuncia es del 97 por ciento, casos que permanecen impunes por miedo, por desconfianza en las autoridades o porque las víctimas consideran que no ganan nada con presentar la denuncia, añadió.
Al presentar el posicionamiento a favor del PAN durante la discusión y aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de materia de Extorsión, la senadora Murguía Gutiérrez resaltó que se trata de un paso importante al establecer un tipo penal único y sanciones uniformes en todo el país.
Destacó la apertura de las comisiones dictaminadoras para introducir en el Senado modificaciones a la minuta a fin de incrementar las penas tanto en el tipo básico como en las agravantes, lo cual fue una demanda reiterada del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados que no fue atendida.
De no haberse hecho, indicó, hubiera implicado la liberación inmediata de delincuentes sentenciados por este delito en Michoacán, Baja California, Quintana Roo, Chihuahua, Nayarit y Morelos, donde la penalidad por extorsión es más alta.
Sin embargo, la senadora por Querétaro expresó que la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías de las entidades federativas no cuentan con los recursos necesarios para crear las Unidades Especializadas que exige la nueva ley, ni para contar con ministerios públicos, policías y analistas especializados y certificados.
Enfatizó que el artículo noveno transitorio no establece incrementos al presupuesto ni tampoco recursos adicionales con este propósito, e incluso, dijo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 se le redujeron más de 900 millones de pesos a la FGR, con respecto a la cantidad asignada originalmente.
Asimismo, subrayó que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que se destina a los estados y a la Ciudad de México, tuvo un incremento marginal de 0.5 por ciento, por lo cual tampoco por esta vía contarán con recursos adicionales para atender el delito de extorsión.
“Con todo esto, cabe preguntarnos: ¿con qué recursos van a operar las unidades especializadas en materia de extorsión?, ¿con qué recursos se va a capacitar, evaluar, certificar a ministerios públicos, policías y analistas especializados?, ¿con qué recursos va a operar el Centro de Atención para la Denuncia de la Extorsión?”, inquirió.
De igual forma, la senadora Murguía Gutiérrez indicó que si no se garantizan recursos suficientes al cumplimiento de esta ley sólo va a quedar en un catálogo de buenas intenciones.
Resaltó que en Acción Nacional estarán pendientes de su debida implementación y aplicación, y que buscarán que se le asignen recursos suficientes, porque mientras no cuente con ellos el gran problema de impunidad seguirá persistiendo en materia de extorsión.