Una vez más, el Instituto Nacional Electoral (INE), encara una severa crisis de legitimidad y credibilidad. A los desacuerdos dentro y fuera del Consejo General, se le suma la corrupción y abuso de la ex presidenta Guadalupe Taddei Zavala, que se fue por la puerta de atrás.
Sí, la sonorense que llegó a la presidencia del instituto, por tómbola y apoyada por Morena, en el sorteo realizado en la Cámara de Diputados en marzo de 2023, renunció y será recordada por las polémicas adjudicaciones a José Alfredo Hernández Casillas, identificado como apoderado de Cajas Graf, un contratista amigo de ella y sus hijos, que puso Paris a sus pies y que provocó la investigación de la Auditoría Superior de la Federación.
La crisis en el INE llega en pleno proceso electoral federal 2026-2027, en el que se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones y el control del Congreso, entre otros cargos. Por eso, cualquier señalamiento de corrupción, opacidad o subordinación política merece escrutinio público.
Cuando la cabeza de la autoridad electoral decide dejar el cargo mientras se organiza la contienda de 2027, la preocupación no puede limitarse a quién ocupará su lugar. Lo fundamental es esclarecer las razones, deslindar responsabilidades, y proteger la credibilidad de una institución indispensable para la democracia.
De modo que, la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, anunciada en medio de una tormenta institucional, abre una interrogante que va mucho más allá de la salida de una funcionaria: ¿qué está ocurriendo dentro del organismo encargado de garantizar la limpieza de las elecciones en México?
La salida de Taddei del INE, no debe ser punto final. Una renuncia puede modificar el organigrama, pero no borra expedientes, no aclara adjudicaciones ni extingue responsabilidades. Si existieron irregularidades, deberán investigarse hasta sus últimas consecuencias, independientemente de quién permanezca o abandone el cargo.
Hablar de la corrupción en el INE bajo la presidencia de Taddei, exige ir más allá de las acusaciones partidistas y de los discursos que buscan convertir cualquier decisión institucional en una prueba de lealtad política.
La pregunta central no es solamente si existen irregularidades administrativas o posibles conflictos de interés, sino si el organismo encargado de garantizar elecciones libres y equitativas cuenta con los mecanismos necesarios para prevenirlos, investigarlos y sancionarlos sin importar quién resulte involucrado.
La crisis obliga a revisar los controles internos. ¿Quién autorizó las adjudicaciones? ¿Qué mecanismos se utilizaron para evaluar a los proveedores? ¿Se identificaron oportunamente los posibles conflictos de interés? ¿Qué medidas se adoptaron para evitar que los vínculos entre funcionarios y particulares comprometieran la imparcialidad de los procedimientos?
Las acusaciones relacionadas con proveedores y colaboradores cercanos a Taddei plantean un problema adicional: los posibles conflictos de interés. La cercanía personal, familiar o profesional no demuestra automáticamente una conducta ilícita; sin embargo, cuando existen contratos públicos de por medio, resulta indispensable esclarecer si hubo intervención indebida, ventajas injustificadas o incumplimiento de las reglas de contratación.
México necesita elecciones confiables, pero esa confianza no se decreta ni se hereda automáticamente, por tómbola o la bendición presidencial. Se construye con reglas claras, decisiones justificadas y responsabilidades efectivas.
La estabilidad del INE no depende de que sus consejeros permanezcan a cualquier costo, sino de que sus decisiones se apeguen a la ley, sus procedimientos sean transparentes y sus integrantes respondan por sus actos.
Así las cosas, la democracia exige algo más que cambios de nombres en los escritorios, demanda instituciones capaces de rendir cuentas. Volver al México en el que el gobierno controle las elecciones a través de personeros impuestos y le garantice su permanencia, es una apuesta muy riesgosa para la democracia representativa, la seguridad nacional y la paz social.
Vericuentos
Lupa militar a la inversión
Vaya paradoja, hace unos días la International Chamber of Commerce México advirtió que la incertidumbre global amenaza el comercio y la inversión, por lo que urge brindar certeza jurídica y reglas claras que atraigan capitales al país. Alberto Espinosa Desigaud, presidente del organismo sostuvo que: «México necesita pasar de las oportunidades potenciales a los resultados concretos. La confianza para invertir se construye con instituciones sólidas y reglas predecibles». En respuesta, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general una reforma que faculta al Ejército, la Marina, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para revisar y vetar operaciones con capital extranjero que puedan representar riesgos para la seguridad nacional. ¡Tómala!
¿“Mexicanización” en Francia?
Primero Trump, nos agarra de su “piñata”, para las elecciones intermedias y ahora Francia. La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen y candidata a las elecciones presidenciales francesas de 2027, advirtió durante su lanzamiento de campaña presidencial que tratará a los cárteles mexicanos como terroristas: “tampoco permitiremos que Francia caiga en la mexicanización”. Sí, la fama y operación de los grupos criminales, llegó a la tierra de Víctor Hugo. La sentencia se convirtió en el punto más citado del arranque de campaña, Le Pen buscó instalar la idea de que el crimen organizado representa una amenaza creciente para Francia, comparable a la situación que atribuye a México. ¡Vaya vergüenza!
@guillegomora