“Ninguna causa, por legítima que sea, puede justificar una norma penal que amenace la libertad de expresión o conceda a la autoridad márgenes demasiado amplios para decidir qué puede publicarse y qué debe de castigarse”, aseguró la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, al adelantar que el PAN votará en contra de las modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
En sesión ordinaria, la legisladora por Aguascalientes explicó que esta disposición pretende imponer de tres a siete años de prisión y multas de mil a diez mil unidades de medida y actualización, a quien utilice y reproduzca e imite o incorpore la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier signo oficial perteneciente a instituciones públicas.
“El tipo penal emplea conceptos amplios como identidad gráfica, imitar cualquier otro signo oficial y escala comercial, pero no excluye expresamente la parodia, la sátira, la caricatura política, los memes, el trabajo periodístico, la creación artística, la investigación académica o las expresiones de interés público”, resaltó.
La senadora alertó que cuando la libertad de una persona puede depender de la interpretación de una autoridad investigadora, no hay garantía suficiente.
“En materia penal debe de respetarse estrictamente el principio de taxatividad. Las conductas prohibidas tienen que estar definidas en absoluta claridad, especialmente cuando se pretende imponer una pena de hasta siete años de prisión”.
Explicó que estas medidas pueden generar un incentivo muy peligroso, que las plataformas prefieran eliminar primero cualquier publicación cuestionada y preguntar después.
“Así la persona creadora, el periodista o el ciudadano tendría que defender posteriormente un contenido que ya fue censurado”, detalló.
En una democracia, el gobierno debe tolerar la crítica, la sátira y hasta las expresiones que le resulten incómodas, expuso.
Mientras que la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez destacó que el artículo 403 bis no sanciona específicamente el meme, la sátira, la caricatura, pero deja la puerta abierta para todos aquellos que, utilizando el humor, formulen críticas políticas al Gobierno.
Además, el 429 del Código Penal Federal establece que, tratándose de delitos relacionados con la propiedad intelectual, se entienden realizados de manera dolosa.
“Esto es constitucionalmente inaceptable, viola la presunción de inocencia. Ahora resulta que el Ministerio Público ya no tiene que probar el dolo y que aquel que es imputado tiene que acreditar que su conducta no es dolosa”.
La senadora por Querétaro dejó claro que la libertad de expresión se pone en riesgo cada vez que la crítica molesta e incomoda al gobierno en turno.