Grupos de cooperativistas de La Cruz Azul denunciaron que la administración encabezada por Víctor Manuel Velázquez Rangel mantiene a la empresa expuesta a contingencias calculadas en más de 6 mil millones de pesos, un pasivo que —advierten— la cementera no está en condiciones de solventar.
A esa cifra añada un segundo señalamiento: un desfalco de al menos 5 mil millones de pesos derivado de pagos a despachos de abogados por servicios que, aseguran, nunca se prestaron o fueron simulados.
Ambas denuncias apuntan a un quebranto potencial superior a los 11 mil millones de pesos, monto que los inconformes consideran una amenaza directa al patrimonio de miles de socios cooperativistas.
A esa cifra añada un segundo señalamiento: un desfalco de al menos 5 mil millones de pesos derivado de pagos a despachos de abogados por servicios que, aseguran, nunca se prestaron o fueron simulados.
Ambas denuncias apuntan a un quebranto potencial superior a los 11 mil millones de pesos, monto que los inconformes consideran una amenaza directa al patrimonio de miles de socios cooperativistas.
Ante tal panorama, dicen, La Cruz Azul está lejos de haber saneado sus finanzas, como ha salido a afirmar en medios el propio Velázquez, ya que argumentan recortes en la planta laboral y problemas en los servicios de salud con falta de médicos y enfermeras al haber menos recursos económicos.
La ruta del dinero
Nuevo León comienza a definir la ruta hacia la sucesión de 2027. La revisión del TMEC, deterioro en finanzas estatales, proyectos de infraestructura pendientes y la propuesta para impedir que un gobernador deje el cargo antes de concluir su mandato para buscar la Presidencia delinean la agenda del próximo sexenio. En ese contexto, el senador con licencia Waldo Fernández ya se sitúa como el principal perfil para encabezar la Defensa de la Transformación. Su iniciativa para garantizar gobiernos estatales de seis años tiene el respaldo de Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores, Felipe de Jesús Cantú y del alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, quienes coinciden en la necesidad de dar certidumbre institucional a Nuevo León.
La economía ocupa otro eje de su estrategia. Desde junio pasado se ha reunido con el sector empresarial para revisar los impactos de revisiones anuales al TMEC y diseñar planes en infraestructura, energía, logística y Estado de Derecho que den competitividad al estado. El reto de la siguiente administración es hacer frente a compromisos por unos 30 mil millones de pesos entre deuda, pasivos y obras inconclusas, como el monorriel y la carretera Interserrana. Y bueno, el gobierno de Samuel García también está en el debate. Para Fernández es inadmisible el gasto de 86 millones de pesos para comprar un helicóptero Black Hawk, mientras 5.2 millones de habitantes enfrentan problemas de movilidad con alzas de 42 por ciento en el transporte público.
Fíjese que el tema del huachicol fiscal exige certeza en las cadenas de suministro. El asunto no se limita a combustibles donde firmas como Petrolíferos Lobo han destinado esfuerzos relevantes para garantizar la trazabilidad de su línea productiva y de ventas. El darle la vuelta al fisco se ha extendido a los granos y el comercio de camarón con productos sin origen verificable y maniobras para evadir el rastreo en aduanas en colusión con productores, comercializadoras y clientes de mala fé. Para el “huachicamarón” se ha documento producto de contrabando que ingresa de Ecuador, mientras en granos el SAT ya revisa declaraciones falsas, volúmenes subvaluados y falta de control de lotes. Ante tal panorama, Lobo afirma que además de autoridades, los empresa