La admisión pública de la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, sobre la persistencia de una “cifra negra” que supera el 95% de delitos que no se denuncian, es un reconocimiento que desnuda con crudeza uno de los mayores fracasos estructurales del Estado mexicano: la incapacidad de garantizar justicia efectiva y de construir confianza ciudadana en las instituciones.
La “cifra negra”, entendida como la proporción de delitos que no se denuncian o que no derivan en una carpeta de investigación, es un termómetro de legitimidad del Estado de Derecho en México. Cuando nueve de cada diez delitos no llegan al conocimiento de la autoridad, evidencia la gran desconfianza ciudadana frente al sistema de justicia.
La gente no denuncia porque no cree que sirva de algo, o peor aún, porque tiene miedo de lo que suceda y los riesgos que pueda correr, después de hacerlo. La desconfianza inicia en el escritorio de los ministerios públicos, históricamente señalados por su ineficiencia y corrupción; desconfianza en policías que muchas veces son vistas más como parte del problema que de la solución; desconfianza en procesos judiciales largos, opacos y frecuentemente inconclusos. A ello súmele el costo emocional y económico de denunciar, para muchas víctimas y sus familias.
Otra razón por la que la gente no denuncia es la impunidad. Sí, los delitos denunciados rara vez se resuelven, entonces, el incentivo para acudir ante las autoridades se diluye. La justicia que no llega —o que llega tarde y mal— termina por erosionar su legitimidad. Así, la “cifra negra” no solo refleja delitos ocultos, sino un círculo vicioso: no se denuncia porque no hay justicia.
El reconocimiento de la “cifra negra” por parte de la Fiscal Ernestina Godoy, puede interpretarse como un ejercicio de transparencia. Pero también obliga a una pregunta incómoda: ¿qué sigue después de admitir el problema? Porque la “cifra negra” no es nueva. Lleva años documentándose a través de encuestas oficiales y análisis académicos. Lo verdaderamente alarmante es su persistencia, su resistencia a disminuir, pese a reformas, discursos y cambios de gobierno.
Sin duda, estos datos confirman la distancia entre el Estado y la sociedad. Reducir éste 95% implica mucho más que campañas informativas o ajustes administrativos. Requiere transformar la relación entre ciudadanía e instituciones, mejorar la calidad de la atención a las víctimas, fortalecer las capacidades de investigación y, sobre todo, combatir la impunidad. Implica también generar incentivos claros para denunciar y garantizar que hacerlo tenga consecuencias.
La declaración de la Fiscal General exhibe al sistema en su mayor crudeza y deja al descubierto una deuda histórica. Porque mientras la mayoría de los delitos permanezcan en la sombra, cualquier discurso sobre seguridad y justicia será, en el mejor de los casos promesas de campaña electoral. México lleva años acumulando diagnósticos precisos sobre sus fallas institucionales, pero el Talón de Aquiles es la falta de voluntad política para resolver.
Así las cosas, la procuración e impartición de justicia es una añeja exigencia social, que ningún gobierno ha querido atender. La impunidad es un problema generalizado en el país, que confirma la ineficacia e ineficiencia institucional a lo largo de todas las etapas del proceso de procuración e impartición de justicia. Reza el proverbio jurídico que: «justicia lenta no es justicia» y en México, lamentablemente es la constante.
Vericuentos
Hartazgo de madres buscadoras
Una vez más, las madres buscadoras alzaron la voz para manifestar su hartazgo y su cansancio por la indolencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno ante la crisis de desapariciones en México. María Herrera, madre buscadora y fundadora de “Familiares en Búsqueda”, dijo: “Estamos hasta la madre y más allá”, durante la mesa de diálogo «La Crisis Humanitaria» celebrada en el Instituto Mora. Con esta declaración, María Herrera reiteró el dolor y la rabia de las familias de más de 130,000 personas desaparecidas, señalando que la situación actual es crítica y que el Gobierno Federal minimiza el problema, calificándolo de «tendencioso» cuando se señalan sus omisiones. ¡Tómala!
Morena estrena presidencia
En Morena metieron el acelerador rumbo al 2027, el CEN del partido en el poder convocó a sesión de Congreso Nacional, para el próximo 3 de mayo, para elegir a su nueva dirigente: Ariadna Montiel, ex secretaria del Bienestar. Releva a Luisa María Alcalde, a quién le dieron como premio de consolación la Consejería Jurídica de la Presidencia. Leticia Ramírez Amaya, ex secretaria de la SEP, asumirá la Secretaría de Bienestar en sustitución de Montiel. Se mueve el tablero de las tribus morenistas. ¡Uff!
Políticos mexicanos en la mira de EE.UU.
Vaya polvareda que armó el reportaje de Los Ángeles Times al revelar que el gobierno de Estados Unidos investiga y va contra narcofuncionarios mexicanos. La investigación: “Es posible que EU se centre pronto en políticos mexicanos en el marco de su campaña contra la corrupción”, da cuenta de las más recientes declaraciones que hizo el embajador Ronald Johnson en Sinaloa, durante la inauguración de una planta de capital estadounidense. “La corrupción no sólo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costos, debilita la competencia y erosiona la confianza…” Incluso deja entrever que “la ofensiva podría ir más allá de la revocación de visados e incluir acusaciones federales contra políticos mexicanos. ¡Sopas!
@guillegomora